La admisión, en la mira

çPocos derechos son tan subjetivos e imprecisos como aquel que permite a cualquier institución, y en este caso a la escuela privada, a reservarse la facultad de avalar o no el ingreso de un estudiante y hasta de decidir la continuidad o rescisión del 'contrato'.

Las escuelas privadas gozan desde 1981, a nivel nacional, de una resolución emanada durante la dictadura militar que las habilita a ejercer el llamado 'derecho de admisión', novedosa norma por la que el colegio puede negar la matriculación, la reinscripción y hasta la continuidad de los estudios de un alumno del nivel primario.

Algunas cámaras de colegios argumentan que no utilizan ese recurso 'de la dictadura', pero sí aceptan que se basan en el espíritu del Código Civil que plantea -al igual que cualquier relación comercial- los «contratos entre las partes», «acuerdos» y «rescisiones».

También fundamentan el uso de es recurso para las propias familias cuando «no comparten el ideario del colegio, su uniforme, sus hábitos y costumbres, sus métodos disciplinarios». Y por el otro lado, los propietarios de los establecimientos esgrimen su potestad para dar por finalizada la relación o el 'servicio' educativo en el caso del atraso en el pago de las cuotas.

Al tratarse de un servicio privado, poco puede hacerse, ya que el funcionamiento de la educación privada es autónomo, aunque depende de las direcciones y secretarías de la Nación, la ciudad y las provincias, que pueden llegar a controlarla y hasta sancionarla.

De todos modos, hoy se están debatiendo en la Ciudad de Buenos Aires algunos proyectos, entre otros el del defensor adjunto Gustavo Lesbegueris, para 'regular' el derecho de admisión.

El ombudsman adjunto basa su iniciativa en la «cantidad de denuncias de padres sobre estas prácticas que se hacen sin dar argumentaciones y se convirtieron en algunos casos en abusivas, discriminatorias y que lesionan los derechos del niño».

El problema se plantea cuando la familia y el chico cumplen con las condiciones, requisitos y costumbres de la escuela y se basan para no inscribir o rematricular a un estudiante en supuestos problemas de conducta.

Para ello, hoy existen los llamados Consejos de Convivencia o asambleas, según las jurisdicciones, que son los que tratan estos temas disciplinarios en conjunto con padres, compañeros, docentes y permiten el descargo del acusado.

En consecuencia, habría muy pocos motivos para impedir la admisión a un colegio.

En las últimas horas este debate se reabrió con la denuncia de un padre de un chiquito de 4 años que dijo que el jardín de infantes, en Rosario, no anotó tras varios intentos a su hijo, de quien había comentado que sufre de leucemia.

«Si yo voy a un local bailable que pide para entrar estar vestido de sport y yo pretendo ingresar con short y ojotas, entonces estoy equivocado, pero si lo hago como solicitan y tampoco me dejan, entonces me están discriminando», opina Lesbegueris.

Cierto es que hoy esta práctica se está llevando a estadios de fútbol, restaurantes, playas, discotecas y también a algunas escuelas sin precisas argumentaciones.

(DyN)