La Alianza pide que se anule el dictamen de los trenes

BUenos Aires – Legisladores de la Alianza presentaron ayer un proyecto para que la Cámara de Diputados declare nulo el dictamen de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado que esta semana avaló la millonaria y controvertida renegociación de una concesión ferroviaria.

El tema se convirtió en escándalo porque permite aumentos abusivos en las tarifas (del 129%) y extiende la concesión de tres líneas urbanas de Buenos Aires a 20 años prácticamente sin imponerle exigencias a la empresa concesionaria, la empresa Metropolitana.

La firma que faltaba para que la Comisión avalara el dictamen la dio el diputado rionegrino Julio Francisco Salto, quien al percatarse de lo que había aprobado, pidió «retirarla».

Ayer «Río Negro» tuvo acceso a la carta que el legislador envió a la Bicameral (ver facsímil) en la que pide que «se sirva retirar mi firma del despacho de referencia» porque supo que «motivó cuestionamientos» de la provincia de Buenos Aires.

Agrega que quiere tomar contacto con las autoridades bonaerenses para conocer sus discrepancias y luego decidir sobre el particular.

El jueves el ministro de Obras Públicas de Buenos Aires, José Romero, calificó de «ultraje» el cuestionado dictamen entre muchas otras voces que se alzaron en contra de la decisión.

También la liga de intendentes del Gran Buenos Aires cuestionó duramente a los legisladores justicialistas que aprobaron la renegociación.

Ayer, los diputados aliancistas consideraron que el dictamen en cuestión «adolece de vicios en su tratamiento parlamentario» .

«En un dudoso trámite parlamentario, no contó con la cantidad de firmas necesarias por el ulterior retiro de la firma del diputado justicialista Julio Salto, ni tampoco se lo ha sometido a su tratamiento en el plenario de Diputados», sostuvo Guillermo Estévez Boero autor de la iniciativa.

Para el diputado frepasista, «esta simulada renegociación, además de ocultar un nuevo contrato en detrimento de las condiciones iniciales, demorar la ejecución de obras comprometidas en el acuerdo original y perjudicar a los usuarios de los trenes de esas líneas, afecta seriamente la transparencia institucional del accionar del Congreso».

(AR, Infosic)