La Alianza quiere a María Julia y Alderete procesados por corrupción

Buenos Aires – «Si la Alianza llega al poder, serán investigados los casos más importantes de la corrupción menemista», señaló el constitucionalista Rafael Bielsa, firme candidato a ocupar el Ministerio de Justicia en el caso de que Fernando de la Rúa triunfe en las elecciones del 24 de octubre.

Los especialistas en cuestiones judiciales de la coalición opositora ya fijaron la mira en una serie de casos emblemáticos de corrupción. Y dos funcionarios menemistas serán los principales blancos de las denuncias: María Julia Alsogaray, secretaria de Medio Ambiente, y Víctor Alderete, titular del PAMI.

Los aliancistas no parecen tener la intención de organizar una ofensiva judicial al estilo del «mani pulite» italiano; es decir, no harán una cirugía mayor para extirpar la corrupción enquistada en el poder. Pero creen que investigando a los personajes más simbólicos y polémicos del menemismo darían una fuerte demostración de cambio. «María Julia y Alderete podrían ir presos. Ese es el objetivo», señaló un abogado que asesora al candidato radical.

Sería el mismo Carlos «Chacho» Alvarez quien estaría al frente de la preparación de dicha ofensiva judicial contra algunos «nombres ilustres» del menemismo. «Chacho» ya convenció a De la Rúa de la necesidad de «dar muestras de imparcialidad y convicción en la lucha contra la corrupción». Según fuentes cercanas a los integrantes de la fórmula aliancista, el candidato a vicepresidente no se cansa de repetirle a su compañero: «Vos tenés que demostrar que no cambiaste gobernabilidad por impunidad con el gobierno».

En realidad, Alvarez viene gestando la idea desde hace unos años. En el '97 había lanzado su proyecto: «la CONADEP de la corrupción», una comisión investigadora formada por diversas personalidades de la política y la justicia. Aunque ahora los frepasistas se resisten a darle a la comisión aquel nombre «combativo», siguen acumulando denuncias e investigándolas, apañados por Alvarez y con el consenso de De la Rúa. «Fernando de la Rúa aprueba la idea, porque tal vez la necesite. Si el menemismo intenta hacer una oposición salvaje, él puede amenazarlos con llevar las investigaciones a la Justicia», explica, sin medias tintas, un operador del comité de campaña radical.

Varios escándalos

La comisión, que trabaja desde hace tres años, es encabezada por los diputados frepasistas Eugenio Zaffaroni, Nilda Garré y Diana Conti. Las prioridades del seguimiento -que podrían reflotar en el 2.000- son: la aduana paralela, el escándalo IBM-Banco Nación, los negocios de la familia Yoma, la mafia del oro, la venta de armas a Ecuador y Croacia, la Corte Suprema, los negociados del PAMI y los procesos por enriquecimiento ilícito de varios funcionarios menemistas de primera línea».

Las críticas a esta comisión no sólo provienen del oficialismo, sino también desde la Alianza. «Las comisiones especiales siempre aparecen como parciales y poco creíbles. Nuestra tarea si llegamos al gobierno es mejorar la Justicia, para que sean los fiscales y los jueces los que investiguen», señala la diputada radical Elisa Carrió. El politólogo Enrique Zuleta Puceiro agrega: «En ningún lugar del mundo los políticos iniciaron un proceso de transparencia sobre la política; eso lo hacen los jueces o los medios».

Pero Nilda Garré, una diputada muy cercana a Carlos «Chacho» Alvarez, confirma: «Es cierto, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, acumulando denuncias e investigado. Tenemos suficiente material sobre muchos casos emblemáticos y nombres notorios. Pero María Julia y Alderete son dos de los funcionarios que han gozado de más impunidad».

Los archivos sobre las irregularidades cometidas por María Julia Alsogaray y Víctor Alderete son los que más crecen.

«Es odiada por la sociedad»

La polémica Secretaria de Medio Ambiente no sólo carga con 10 causas judiciales en su contra. La Alianza también estudia posibles ilícitos en el control de los recursos hídricos, una serie de negocios multimillonarios relacionados con las represas hidroeléctricas de todo el país, a cargo de su oficina. Pero Alsogaray tiene un estigma mayor: las denuncias sobre su enriquecimiento ilícito. Según los investigadores aliancistas, la funcionaria no podrá probar que su crecimiento patrimonial es lícito. Incluso, tienen las copias de su última declaración jurada ante la DGI: la secretaria dijo que utilizó fondos reservados para justificar algunas adquisiciones personales.

«María Julia es odiada por la sociedad, así que su enjuiciamiento sería una buena demostración, muy apoyada», señaló un investigador frepasista. Pero creen que no será tan fácil: «Ella ya adquirió varias propiedades en el exterior, que no se pueden incautar. Puede irse afuera una vez que termine el gobierno y sentirse segura».

Las investigaciones sobre Víctor Alderete las manejan los diputados Horacio Villalba y María América González. La sospecha: habría beneficiado a empresas con contratos directos y sin ningún tipo de control. Las denuncias contra el titular del PAMI son incontables y asombrosas. «Una vez que pierda la impunidad del cargo, es muy fácil de procesar», dice la diputada González, famosa por sus espacios televisivos de ayuda a los jubilados.

La polémica por su intento de privatización de los servicios médicos del PAMI (un negocio de 1000 millones de dólares anuales) y el reciente endeudamiento con distintos bancos por 400 millones, con avales del gobierno, son los dos últimos puntos en la larga lista de acusaciones contra Alderete.

Otros sospechosos

La Alianza también tiene otros funcionarios bajo sospecha.

El ministro Carlos Corach podría tener que darle explicaciones a la Justicia por el manejo de los ATN y la manipulación de permisos pesqueros, si no llega al Senado, que le daría inmunidad. El Secretario General de la Presidencia está siendo investigado, en busca de relaciones directas con el caso IBM-Banco Nación y por sus vínculos con el financista Gaith Pharaon.

Los jueces «menemistas» de la Corte, Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Enrique Moliné O`Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano, tienen 30 pedidos de juicios políticos, solicitados por legisladores y particulares.

El ex ministro Erman González es uno de los que corre más peligro: ya no tiene fueros y está imputado en el caso de venta de armas.

Pero la mayor «figurita» de la lista negra aliancista es el empresario y cuñado presidencial Emir Yoma, involucrado en los escándalos de pedido de coimas a la empresa Swift, la mafia del oro, la venta de armas y el tráfico de influencias.

Sus empresas se vieron beneficiadas, además, con créditos estatales superblandos. «Investigar a Yoma es investigar al presidente Menem», repiten en la Alianza .