La Argentina pide la extradición de Pinochet por el asesinato de Prats

El juez federal Juan José Galeano libró ayer, en Buenos Aires, una orden de captura internacional, con fines de extradición a la Argentina, contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, que afronta cargos aquí por el crimen del ex general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, ultimados en un atentado perpetrado en esta capital en 1974.

Los familiares de las víctimas de la dictadura chilena celebraron la decisión de la Justicia argentina, en tanto el gobierno de Ricardo Lagos advirtió que se trata de un largo proceso que se dirimirá en los tribunales de ese país y que Interpol no puede actuar en territorio chileno para arrestar al exdictador, a pesar del pedido de Galeano.

En Argentina, por su parte, la Cancillería le restó importancia al pedido, calificar el pedido de extradición como «un trámite más».

El juez Galeano dispuso, además, los arrestos y extradición del ex jefe de la DINA (policía secreta chilena), Manuel Contreras y de su ex colaborador, el brigadier Pedro Espinoza Bravo, que al igual que Pinochet fueron imputados como presuntos coautores del doble homicidio y miembros de una asociación ilícita.

La medida alcanzó también a los ex generales Raúl Iturriaga Neumann y Jorge Iturriaga Neumann, que afrontan acusaciones como partícipes necesarios del atentado.

Tanto Espinoza Bravo como Contreras fueron enviados a prisión por el crimen del ex canciller chileno Orlando Letelier, cometido en Washington, en 1976.

Fuentes de la Cancillería argentina aseguraron que la decisión de Galeano «no entorpece las excelentes relaciones bilaterales» con Chile, ya que «a ambos lados de la Cordillera existe plena vigencia de las instituciones y la calidad de la democracia es un valor consolidado, al igual que el pleno respeto por los derechos humanos».

El tema fue analizado durante la reunión que el senador Mario Losada, transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo hasta el regreso de España del presidente Fernando de la Rúa, mantuvo ayer con treinta legisladores de la Alianza.

«El Gobierno va a cumplir con la ley, va a respetar la Justicia y va a apoyar la decisión del juez Galeano», dijo al término del encuentro el diputado frepasista Juan Pablo Cafiero, quien agregó que no habrá «declaraciones políticas» sobre el asunto.

Galeano firmó hoy los pedidos de arresto con fines de extradición, al hacer lugar a los reclamos coincidentes formulados por la querella -las hijas del matrimonio Prats- y los fiscales federales Jorge Di Lello y Jorge Alvarez Berlanda, dijeron

La medida fue dispuesta por Galeano como juez subrogante del caso, ya que el expediente está en realidad a cargo de la juez federal María Servini de Cubría, que se encuentra con licencia.

«Las medidas son coherentes con el curso de la investigación y las pruebas que ha reunido la juez Servini, que hace tiempo ordenó las indagatorias» a Pinochet y al resto de los militares, dijeron fuentes judiciales porteñas.

La defensa de Pinochet, por su parte, ha cuestionado la investigación que se tramita en Argentina por considerar que los tribunales nacionales carecen de jurisdicción. Pero Prats y su esposa fueron asesinado en el barrio porteño de Palermo el 30 de setiembre del 74, cuando la pareja fue víctima de un atentado cometido mediante la colocación de una bomba bajo su automóvil.

«Es una muy buena noticia porque eso significa que la Justicia empieza a darse en otros países. Esperamos que en Chile Pinochet también sea procesado», dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz.

«Si ello no es posible a raíz de las interferencias que empiezan a registrarse en el proceso, es muy importante que el juicio en Argentina prospere y se pueda llegar a la detención del dictador», subrayó.

En cuanto al gobierno chileno, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, afirmó que serán los tribunales de Justicia los que resolverán sobre la extradición y aclaró que la Interpol no puede detener a Pinochet en territorio nacional. «Los tribunales chilenos tendrán que decidir y naturalmente está dentro de la competencia de los jueces argentinos solicitar órdenes judiciales por los delitos cometidos dentro de su territorio», precisó.

(DyN, Reuter y EFE)

Se complica aún más la situación procesal del ex dictador

La solicitud de extradición argentina complica aún más la situación procesal del ex dictador, quien enfrenta en Chile 177 querellas por presuntos crímenes cometidos durante su régimen, de 1973 a 1990.

Antes de que se conociera la petición argentina, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que el lunes 30 de octubre se iniciará la audiencia por la apelación de Pinochet a una orden judicial para que se le practiquen exámenes mentales.

El juez especial Juan Guzmán, quien acumula las acusaciones contra el anciano militar, determinó en setiembre que fuese sometido a pruebas siquiátricas para verificar si está o no en condiciones de enfrentar un juicio.

El código penal chileno establece que un inculpado sólo puede eximirse de un proceso si es declarado «loco» o «demente». Pero los defensores de Pinochet aseguran que el derecho constitucional de todo acusado amplía ese eximente a la salud física, por lo que piden que se le practiquen exámenes de orden general.

La defensa de Pinochet designó al abogado Pablo Rodríguez para alegar en la audiencia del próximo lunes.

El veterano militar quedó expuesto a los procesos penales, luego de que en agosto la Corte Suprema le retiró definitivamente su inmunidad como senador vitalicio no electo. (Reuter)

Un pedido muy diferente al de Garzón

Pinochet, quien ya enfrenta otra orden de captura internacional pedida por el juez español Baltazar Garzón, sucedió a Prats y lideró ese año un golpe militar contra el gobierno de Allende.

«Este es un caso diferente al pedido del juez español Baltazar Garzón (…) Acá la bomba fue puesta en Argentina. No hay ninguna cuestión de extraterritorialidad. El gobierno chileno es parte en el caso Prats y ya aceptó la jurisdicción argentina», dijo Luis Moreno Ocampo, abogado de la familia Prats.

El pedido de detención y extradición incluye al ex jefe de la DINA Manuel Contreras, el ex brigadier Pedro Espinoza Bravo, el ex general Raúl Iturriaga Neumann y Jorge Iturriaga Neumann. Pinochet, Contreras y Espinoza Bravo han sido calificados provisoriamente como coautores del homicidio de Prats y su esposa, dijo el fiscal Jorge Alvarez Berlanda.

Por su parte, Raúl y Jorge Iturriaga Neumann fueron calificados como partícipes necesarios en el doble homicidio.

Espinoza Bravo era el segundo de Contreras en la DINA, considerada la policía política de Pinochet, y ambos fueron encarcelados por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, en Washington, en 1976. Espinoza quedó en libertad hace pocos meses, mientras que Contreras debería salir de la cárcel en enero de 2001.

Moreno Ocampo agregó que las personas sobre las que pesa el pedido de extradición serán detenidas en caso de que quieran salir de Chile, pero que podrían permanecer libres hasta que la justicia de ese país decida o no extraditarlos.

A raíz del pedido de Garzón, quien investiga la desaparición de ciudadanos españoles en Chile durante la última dictadura militar, Pinochet permaneció detenido en Londres por 16 meses, entre octubre de 1998 y marzo de 2000, pero fue dejado en libertad por razones de salud.