La Asociación Anticorrupción recusó al Tribunal Superior

NEUQUEN (AN)- «La corrupción atenta contra la democracia y afecta los derechos de todos los habitantes. Socava las instituciones, las convierte en fachada de decisiones que se toman en otros niveles».

Con estas palabras, Juan Manuel Salgado presentó ayer en sociedad a la Asociación Patagónica contra la Corrupción, una organización que tiene la virtud de reunir a representantes de pensamientos ideológicos, políticos y profesionales muy diversos pero con un compromiso probado en defensa de la democracia y los derechos humanos. La Asociación entró pisando fuerte. Ayer presentó en el Tribunal Superior de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la reglamentación del trabajo de las fiscalías, mediante el cual se le imponen 15 días de plazo para completar una investigación. Como la reglamentación fue aprobada por el propio TSJ, la Asociación recusó a todos los vocales que la firmaron y pidió que sean reemplazados por subrogantes.

Señaló en su planteo que la reglamentación «genera efectos en las causas judiciales en las que se investigan delitos de corrupción, también llamados de naturaleza económica o de 'cuello blanco', incentivando su comisión».

Añadió que «implica un incumplimiento grave de la obligación estatal de adoptar cuantas medidas sean necesarias para prevenir, investigar y sancionar los delitos de corrupción».

La Asociación pidió que sean citados a declarar como testigos magistrados en actividad y abogados particulares. Pero acaso su solicitud más polémica fue que se designe a un perito para que examine la celeridad y eficiencia con que se realizan las investigaciones en las fiscalías y en los juzgados de Instrucción, y que explique las razones de las diferencias. La comisión directiva la preside Salgado, y la integran además Mónica Reynoso, Juan Pablo Bohoslavsky, Osvaldo Preiss, Graciela Bordieu, Alicia Miller, Carlos Moraña, Mariano Mansilla, Humberto Zambón, Rubén Etcheverry, Guillermo Correa y Fernando Diez. Entre otros socios honorarios figuran Daniel Aromando, Rubén Capitanio, Noemí Labrune, Jorge Gadano y Julio Rajneri.

Salgado explicó que entre sus objetivos figura «promover y difundir los mecanismos contra la corrupción». En ese sentido no descartó proponer, en la reforma constitucional, «las normas que tendría que tener una Constitución para evitar prácticas de corrupción». También tienen previsto presentarse como querellantes en causas de repercusión social, y antes de fin de año realizarán una jornada con especialistas en el tema.

Señaló también que la Asociación se solventa con aportes voluntarios. «En esta lucha son más importantes los aportes humanos que los económicos», dijo.

Zambón, por su parte, advirtió que «mientras no haya repulsa social, la corrupción seguirá adelante. Es una práctica mirada con indulgencia, y cada acto corrupto significa menos dinero en salud, educación y obra pública».

Noemí Labrune, a quien Salgado atribuyó la idea de formar la Asociación, cerró el acto: «este no es un tema de profesionales, es de la comunidad toda. Por eso hay lugar para todos los que quieran trabajar. Aunque los resultados no se puedan medir, todo queda. Vale la pena hacer estas cosas, porque al final algún resultado tienen».