La boleta única electrónica y sus costos para nuestra democracia

Una reforma política influye en la distribución del poder político y en quienes tendrán más o menos facilidades para acceder a él. El gobierno nacional junto con el bloque justicialista, el FAP y el Frente Renovador busca modificar radicalmente cómo votamos en Argentina. Propone abandonar la boleta partidaria y el voto manual para darle paso a la boleta única electrónica (BUE) en las elecciones nacionales, provinciales y municipales que se realicen simultáneamente.

Ahora bien, ¿cuáles son los costos de implementación de la BUE para nuestra democracia? Costos en términos económicos. El sistema BUE aumenta exponencialmente el gasto en el proceso electoral. En el 2015 en Chaco la impresión de una boleta tradicional de papel costó $ 1,5, mientras que la boleta electoral con chip u$s 5 cada una.

Si proyectamos los costos de implementación del 2015 en Salta y Chaco, para Río Negro significarían 32 millones de pesos en contratación de 2.224 máquinas de votación, sumado a 46 millones de pesos de impresión de boleta electoral con chip. Esto arroja un costo de 78 millones de pesos sin sumar el gasto en difusión, capacitación y logística general del acto electoral y un dólar más alto en el año próximo. Para todos los municipios rionegrinos 78 millones pueden significar obras de red de gas, agua potable o cloacas, construcción de una importante cantidad de cuadras de asfalto. También esos 78 millones de pesos superan los 71 que los municipios rionegrinos recibirán por el reintegro del 15% de la coparticipación.

Costo en términos de equidad y transparencia. La BUE incorpora tecnología a todo el proceso electoral. Una máquina con pantalla táctil oferta todos los candidatos y categorías y una boleta con chip (memoria digital) almacena la decisión del elector.

El Estado tendrá la responsabilidad del proceso de emisión y distribución de boletas, lo que parece más equitativo que el sistema actual donde cada partido debe garantizarse esas tareas. Pero la provisión e implementación de la BUE la realizan pocas empresas especializadas en el hardware y software necesario que los Estados deben contratar. Por lo tanto, para garantizar transparencia, requiere que los ciudadanos y partidos políticos controlen el accionar del Estado y también de empresas con características oligopólicas. Los partidos seguirán necesitando de sus fiscales, aún más entrenados, y deberán incorporar fiscales informáticos que realicen auditorías en la revisión del sistema de emisión de sufragio, recuento, transmisión, difusión de resultados provisorios, escrutinio definitivo, y deberán garantizar uno en cada establecimiento de votación el día de la elección. En el sistema de voto manual el escrutinio puede ser adulterado intencionalmente en algunas urnas específicas, pero difícilmente puede hacerse de forma generalizada; en cambio en los sistemas electrónicos es posible fraguar los datos de forma centralizada. Si bien hay mecanismos para mitigar el riesgo de un ataque a un sistema electrónico de votación, su regulación y control es más sofisticado y complejo que en el sistema manual.

Este nivel de tecnología y profesionalidad puede generar desigualdades de acceso en votantes con distintas capacidades como también en los partidos a la hora de realizar su fiscalización. Asimismo, si la implementación no tiene en cuenta las desigualdades que persisten, puede resultar mucho más inequitativo que el sistema de votación anterior. Si hay zonas en nuestra provincia donde no hay conexiones eléctricas y de internet seguras, será difícil brindar la transparencia y equidad necesarias.

Reformar radicalmente nuestro sistema de votación con un sincero compromiso con la equidad y la transparencia requiere más instancias de debate y, por sobre todo, una implementación paulatina y en etapas que permita revisar su impacto en sociedades con nuestro nivel de desigualdad y en un sistema político complejo como es el federalismo.

Daiana Neri

Docente investigadora de la UNRN y la UNC

Daiana Neri

Docente investigadora de la UNRN y la UNC