La brutalidad policial neuquina llega a la Corte

NEUQUEN (AN).- Un caso de brutalidad policial neuquina llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta allí lo llevarán los abogados de un joven que sufrió una fractura en la cadera al ser detenido, durante un operativo de tránsito. La justicia provincial absolvió a los cuatro policías imputados, pese a que se consideraron probados los golpes. Tampoco se los condenó aunque mintieron y presentaron una falsa denuncia.

El caso, plagado de curiosos detalles en los que se reconoce la culpa de los policías pero no se los condena, ocurrió el 13 de diciembre de 1996 a las 20. Desde entonces circula por los despachos judiciales sin sentencia firme, y ese peregrinar incluye un juicio oral durante el cual el fiscal Felipe Cía no acusó a nadie y el juez Jorge Aldana absolvió a todos.

La víctima es Arturo Celli, quien llevará su caso ante la Corte nacional patrocinado por los abogados Hugo Del Pin y Gustavo Olivera. Los imputados absueltos son los policías Juan Carlos Raín, Néstor González, Hugo Chávez Mellado y Daniel Luna. El día del hecho, Celli conducía un ciclomotor. En la esquina de Mitre y Linares, a 40 metros de la casa de su hermano, un policía le ordenó detenerse y le pidió el carnet y los papeles de la moto. También lo cuestionó por no llevar casco.

Celli tenía el carnet vencido y una fotocopia de los papeles; la policía decidió secuestrar la moto. El joven avisó que iría hasta la casa de su hermano, a media cuadra de allí, para avisarle de la situación. Según algunos testigos, Celli salió corriendo. Otros, y la propia víctima, aseguran que se alejó caminando. El hecho es que dos policías lo alcanzaron, uno le pateó el tobillo para hacerlo trastabillar y otro se le abalanzó para hacerlo caer.

Celli pegó con la rodilla izquierda contra el borde de la vereda. El médico Daniel Gutiérrez dijo que sufrió «luxación posterior de la cadera izquierda» y una fractura en esa zona. «Es una lesión de dolor muy intenso, permanente e insoportable, y por más que se quiera caminar no se puede», indicó. Celli estuvo 40 minutos boca abajo y pidiendo a gritos una ambulancia. Sus parientes, que se acercaron al lugar, exigieron que lo atendieran. Su hermano era por entonces asesor del diputado Miguel Cavallo, y dijo que recién cuando reveló ese dato cambió la actitud de los uniformados. Los policías denunciaron, a su vez, que Celli los amenazó de muerte y se resistió a la detención (ver aparte).

El caso llegó a juicio oral en diciembre, y terminó con la absolución de los acusados. En la sentencia, el juez Jorge Aldana afirmó que Celli «estuvo lesionado y esposado en el suelo por unos 40 minutos, sin recibir atención médica». Para el juez, la violencia policial estuvo justificada, y la fuerza se utilizó de modo racional.

«Tampoco hay elementos de juicio para pensar que los efectivos policiales tuvieran consciencia de la situación que pasaba Celli. En otros términos, no actuaron con dolo (intención de cometer un delito) pero sí con impericia y negligencia, pues no estaban preparados para enfrentar las complicaciones que tuvo el caso, y no contaron con la presencia o el asesoramiento inmediato del personal superior».

La sentencia de Aldana fue recurrida ante el TSJ, que declaró inadmisible el recurso de casación. Por eso ahora llegará a la Corte nacional.

Una mentira en defensa propia

NEUQUEN (AN).- En algunas circunstancias, una persona puede mentir en defensa propia. Quien actúa así no puede ser declarado culpable. Ese principio fue aplicado para absolver a los policías que inventaron una denuncia contra Arturo Celli.

Los policías que detuvieron a Celli denunciaron que se resistió y los amenazó de muerte. Pero se comprobó que todo era falso. Sin embargo, el juez Aldana dijo que cometieron esos delitos «en estado de necesidad» y en defensa propia. En efecto, el juez dijo que los policías temían que Celli los denunciara por apremios ilegales, y que eso podría significarles perder el trabajo y hasta ir presos. Aldana puso en la balanza dos bienes jurídicos: el interés de la administración pública por conocer la verdad y el interés privado de los policías por conservar la libertad. Y justificó a los uniformados por haber privilegiado este último. Los abogados de Celli reaccionaron indignados. «Ante el argumento del juez, si un delincuente matara, sobornara testigos, denunciara falsamente, etcétera, para evitar la sanción penal, la pérdida de su trabajo, de su familia y su libertad».