La causa PER, con serio riesgo de quedar impune

La fiscal Zágari apeló la decisión del juez viedmense.



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El juez Bustamante consideró que el trabajo realizado por el fiscal Falca en el 2004 no tiene validez.

VIEDMA (AV).- La denominada “causa PER” podría anularse completamente y quedar impunes los presuntos delitos que se habrían cometido en la administración de aquellas asignaciones. Esto será así si no prospera el recurso de apelación que interpuso la fiscal Daniela Zágari a la reciente resolución del juez de Instrucción, Guillermo Bustamante. El magistrado decretó la nulidad –no sólo de las indagatorias como ordenó la Cámara del Crimen hace tres años– sino también del requerimiento fiscal que en 2004 dio inicio a la investigación en sede tribunalicia. Bustamante, instructor en la causa por el presunto manejo irregular y el faltante de aproximadamente dos millones de pesos de esos planes entre 2001 y 2003, tomó en sus manos el expediente después de que la Cámara Criminal anulara las indagatorias de los imputados, como también la requisitoria de elevación a juicio, con fuertes críticas al fiscal Ricardo Falca, que llevó adelante la primera etapa procesal. En 2010 y 2011 el expediente estuvo a cargo del entonces subrogante Juan Bernardi, hasta que al asumir en su cargo, tomó esa responsabilidad Bustamante. Entonces, las especulaciones políticas sobre el futuro accionar del nuevo juez en este caso –y en otros de trascendencia política y de presunta corrupción– no demoraron en recorrer pasillos y merecer acusaciones mediáticas. En los primeros meses, Bustamante convocó a indagatoria nuevamente a los imputados y reiteró los llamados tras las sucesivas ausencias. Es decir, que reanudó la recopilación de prueba como si pretendiera llevar la causa hacia su dilucidación. Sin embargo, a principios de este mes, resolvió anular lo actuado, ya no sólo las indagatorias y requisitoria de elevación a juicio, sino también la génesis misma de la acción penal, por considerar que los hechos que debían investigarse no estaban plena y claramente determinados. Cabe recordar que la causa PER se inició en 2004 luego de la presentación de una denuncia penal del ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, ante la detección de un manejo irregular y un faltante de aproximadamente dos millones de pesos en las asignaciones de los planes PER. Esta distribución dependía de la Secretaría de Trabajo y en la etapa que se investiga la rendición presuntamente irregular se desempeñaron al frente de ese organismo Alejandro Betelú y Ana Piccinini. Están imputados por esos hechos, los exfuncionarios de la Secretaría de Trabajo, Gustavo Otero, Ángel Alberto Poggi y María Mirán. Las nulidades resueltas por Bustamante, que de quedar firmes darían por tierra con cualquier investigación sobre este tema, fueron apeladas por la fiscal Zágari ante la Cámara Criminal (Sala B) al considerar que el juez no tiene atribuciones para decretar tal invalidez, no ordenada previamente por la Cámara y que sí le corresponde subsanar las deficiencias que en la descripción de los hechos endilgados a los imputados en 2004 por Falca pudieran haberse generado en el requerimiento fiscal.


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