La causa Verónica Díaz pasa a la Justicia Federal

VIEDMA (AV)- La causa del Yectafer que se investiga en los Tribunales rionegrinos pasará al juzgado federal con asiento en Viedma. Así lo ordenaron los jueces del Superior Tribunal de Justicia al hacer lugar al recurso de casación planteado por la defensa de Santiago Gavazza, el propietario del laboratorio de Bahía Blanca que vendió el Yectafer adulterado al hospital Zatti y que le causó la muerte a Verónica Díaz. Además causó graves daños a la salud de otras mujeres.

En diciembre del año pasado la Cámara en lo Criminal de Viedma hizo lugar a un recurso de apelación interpuesto por la defensa de Gavazza interpretando que esta causa debía ser remitida al juzgado nacional Nº 40 de la Capital Federal donde se investiga la muerte de la joven viedmense. No obstante, ese tribunal no hizo lugar a igual recurso planteado por la defensa del director del hospital Zatti, José Pacayut. Contra esta resolución, ambas partes presentaron un recurso de casación que ahora fue resuelto por el STJ.

El abogado Miguel Cardella es representante de la familia Díaz y su calidad de querellante fundamentó una errónea aplicación de la ley. Pidió que continúe en la justicia provincial la investigación por la venta y compra del Yectafer. Por Gavazza, la abogada María Julia Suer insistió en que la causa debe pasar a la justicia federal.

Los jueces del Superior Tribunal de Justicia rechazaron el recurso de casación interpuesto por el abogado querellante, Miguel Cardella, quien representa a la familia Díaz e hicieron lugar parcialmente al planteo de la defensa de Gavazza.

Alberto Balladini, Víctor Sodero Nievas y Luis Lutz coincidieron en que en esta causa se les imputa tanto a Gavazza como al director del hospital viedmense, José Pacayut, el delito de «tráfico culposo de medicamentos peligrosos para la salud».

Además se les reprocha haber colocado al alcance de la población hospitalaria y de los centros asistenciales que de ella dependían el medicamento identificado como Yectafer, unidades cuya falsificación se determinó posteriormente «las que al ser recetadas por los agentes sanitarios y suministradas por vía intramuscular ocasionaron el deceso d Verónica Díaz por insuficiencia hepática y daños en la salud de diferente sintomatología a otras víctimas».

Agregaron que «cualquiera sea la calificación legal que se adopte en relación con las conductas de los imputados, éstas fueron creadoras de un peligro para la comunidad, es decir, para la salud pública». No obstante consideraron «razonable sostener que se habría comprometido el bien jurídico de la salud pública en general como consecuencia de esa comercialización indiscriminada» y que «es la justicia federal la que debe entender en estas actuaciones».

En relación a la determinación de la competencia territorial de esta causa, los jueces del máximo cuerpo judicial de Río Negro sostuvieron que «hasta el momento no resulta posible establecer dónde fueron adulterados los medicamentos, por lo que cabe preferir el lugar donde fueron entregados para su distribución».