La ciencia al servicio de la identificación de las víctimas

EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE

“Después de 31 años de trabajo, creo que podemos decir que si tenemos un mérito es el de poner la ciencia al servicio de la identificación de las víctimas. Esa fue nuestra contribución a la tarea de establecer Memoria, Verdad y Justicia”, apuntó Fonderbrider en diálogo con Télam.

Para este antropólogo, graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), el EAAF siempre realizó “un trabajo colectivo, alejado de cualquier protagonismo”, y esa es una cualidad que los familiares de las víctimas “siempre valoraron”.

“En todo este tiempo, siempre nos preocupamos por escuchar, indagar y buscar la verdad. Siempre tratamos de alejarnos del protagonismo. La idea es que lo central sea ayudar a los familiares a encontrar un camino hacia la reparación y la justicia”, apuntó Fondebrider.

El EAAF nació a mediados de 1984 por iniciativa de Snow, un antropólogo especializado en el trabajo forense que llegó a Argentina por pedido de los organismos de derechos humanos.

Eran tiempos en los cuales las exhumaciones de cuerpos que podían pertenecer a las víctimas de la represión ilegal que había ejercido la última dictadura cívico militar se hacían con muy poco cuidado.

A pedido de jueces y organismos, Snow, un texano nacido en 1928, llevó a cabo algunas excavaciones en busca de restos de desaparecidos, pero se dio cuenta de que necesitaría ayuda para proseguir con sus indagaciones.

Así, un grupo de siete estudiantes de medicina y antropología concurrieron a la convocatoria que efectúo Snow, y entre ellos se encontraba Fonderbrider.

“Desde entonces establecimos un vínculo particular con los familiares de las víctimas. Éramos jóvenes y teníamos muchas dudas, pero el apoyo que ellos nos dieron resultó muy importante para poder llevar a cabo nuestra tarea”, repasó.

Snow visitó de forma periódica el país para colaborar con el EAAF; enseño hasta 2005 en distintas universidades de Estados Unidos y falleció en 2014.

“Clyde era un gran tipo. Nos transmitió la noción colectiva del trabajo de campo y el compromiso con las víctimas. Creo que este país tiene una deuda grande con él y que el mundillo académico no le brindó el reconocimiento que se merecía”, remarcó.

En sus comienzos, el EAAF realizó excavaciones en fosas comunes que se encontraban en cementerios, unidades militares y predios abandonados.

El trabajo que realizaron estos antropólogos forenses comenzó a ser reconocido por la Justicia, las autoridades y algunos sectores de la academia, y esto permitió, a fines de los años ‘80, que comenzaran a llegar financiamientos y becas para sustentar sus actividades.

“Siempre nos sostuvimos con los aportes que recibimos de distintos organismos del exterior. Eso lo destinamos a un fondo común con el que nos financiamos. Nunca le cobramos a los familiares de las víctimas”, aclaró.

A principios de los ‘90, el EAAF empezó a ser convocado de otros países para identificar los restos de víctimas de la violencia política en la ex Yugoslavia, El Salvador, Perú, Guatemala, Sudáfrica, Etiopía y Rumania, entre otros.

“En El Salvador, en 1992, vivimos una de nuestras experiencias más intensas. Identificamos los cuerpos de la comunidad del Mozote. Probamos que hubo una masacre perpetrada por las fuerzas militares. La más grande que se causó en la Guerra Civil que vivió ese país”, recordó.

Desde 1995, el Equipo trabaja en colaboración con la Comisión de la verdad en Sudáfrica y desarrolló un intenso trabajo de campo en México, donde colaboró en la localización de los cuerpos de los 43 estudiantes desparecidos en la ciudad de Ayotzinapa.

“Cuando llegamos a otro país replicamos la experiencia que vivimos hace 31 años con Clyde. Capacitamos a un grupo local y los asesoramos para que pueden seguir ellos las búsquedas”, explicó Fondebrider.

En la actualidad, el EAAF trabaja en el Líbano, con el objetivo de formar grupos de trabajo que identifiquen a las víctimas del conflicto armado que envolvió a esa nación entre 1975 y 1990.

En Argentina, continúa con las indagaciones y tiene 60 integrantes, dispersos en unidades ubicadas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza.

“Llevamos identificados a 720 víctimas de la represión ilegal en Argentina. Hicimos mucho, pero no lo suficiente. Seguiremos adelante allí donde existan víctimas de la violencia estatal y política que deban ser identificadas”, enfatizó.

Fuente Télam