La Comisión pidió que se ratifique o rectifique la denuncia

Los legisladores se reunieron y convocaron al ex legislador Cortes. Debe expresarse en cinco días para seguir con el proceso



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La Comisión Acusadora se reunió en la tarde del jueves. (Foto: Prensa Legislatura)

Juicio al Tribunal de Cuentas

La Comisión Acusadora se reunió esta tarde para analizar el pedido de juicio político de los dos vocales del Tribunal de Cuentas, Erika Acosta y Juan Huentelaf, por “mal desempeño e incumplimiento de deberes”, en referencia a la fijación de sus haberes.

En cumplimiento del mecanismo, la Comisión pidió -por carta documento- al denunciate Daniel Cortes que ratifique o rectifique su presentación. Lo debe hacer dentro de los cinco días hábiles. Si lo ratifica, se definirá uno o dos sumariantes para evaluar la documentación y avanzar en la investigación de lo denunciado.

Hoy deliberó la Comisión, bajo la presidencia de Tania Lastra, y la participación de Roxana Fernández y Leandro Tozzi, y el radical Alejandro Betelú. No concurrió Adrián Casadei.

La presente denuncia se remonta a una resolución de diciembre del 2011 donde el Tribunal mantuvo su criterio de establecer sus haberes con resoluciones de adicionales especiales. En este caso, aquel cuerpo -que lo integraban Acosta, y los radicales Carlos Malaspina y Pedro Casariego- estableció un adicional por “incumbencia”. El resultado siempre era el mismo: los vocales cobraban más que un legislador, que constituye su parámetro fijado por la ley 2747. En este incumplimiento radica la actual denuncia.

El oficialismo tiene mayoría en la Comisión para avanzar en la acusación y lo mismo ocurriría en la Sala donde se requiere un dos tercio de los presentes para elevar al juzgamiento. El mecanismo prevé que esa elevación conlleva la suspensión de los acusados, sin goce de haberes.

Aquella mayoría no existe en la Sala Juzgadora entonces la estrategia oficial se restringe a lograr y extender las provisorias suspensiones de Acosta y Huentelaf. Para eso, la formal votación y la elevación de la acusación en noviembre no permitiría la rápida resolución de la Juzgadora porque se ingresaría en periodo extraordinario o no legislativo. La Constitución exige un fallo de juicio “antes de los 30 días”. También, es cierto que la ley 4340 de Juicio Político establece que su rechazo “determina que no se podrá realizar un nuevo juicio por las mismas causales”.

El bloque Eva Peron adelantó su rechazo pero, también, es cierto que ninguno de sus miembros participa en la Comisión Acusadora. Su mayor presencia se registra en la Juzgadora, lo cual, está garantizando su rechazo.

En un comunicado, el presidente de esa bancada pichettista, Alejandro Marinao consideró que “es inadmisible pensar que prospere el juicio político a integrantes del Tribunal porque hacen su trabajo”. Presume que “es claramente un revanchismo por haber tomado decisiones en su faz

administrativa que involucra al poder político”. Cargó contra el ex legislador y se preguntó por qué Cortes “no denunció la corrupción en el último gobierno al que adhirió o cuales son las verdaderas y actuales motivaciones de su proceder”.

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