La confianza es clave

Desde hace muchos años los preocupados por el futuro de la Argentina entienden que, si la ciudadanía confiara más en el gobierno de turno, el país no sufriría demasiados problemas financieros. Si bien es imposible precisar cuántos dólares están escondidos “bajo el colchón” o en distintos lugares del exterior, se estima que dentro del país hay hasta 200.000 millones “no declarados”, mientras que en otras partes del mundo también habrá cantidades impresionantes. Se trata de recursos que, de movilizarse, podrían resultar más que suficientes como para dar a la economía el impulso que necesitará para salir del pantano en que se ve atrapada, pero a partir de las primeras décadas del siglo pasado ningún gobierno ha logrado hacerlo. Por razones evidentes, tanto las súplicas ensayadas por nacionalistas como las amenazas proferidas por regímenes de vocación autoritaria han sido contraproducentes. Lejos de convencer a los tenedores de dólares de que les convendría declararlos para no permanecer al margen de la ley, les brindan más motivos para mantenerlos fuera del alcance de gobiernos que, prevén, se limitarían a despilfarrarlos. Por lo demás, en este ámbito no hay diferencia alguna entre populistas y liberales; cuando está en juego el bienestar propio, todos actúan de la misma manera. Y, como es natural, comparten tal actitud los inversores extranjeros en potencia; entienden que, puesto que a los argentinos mismos les parece insensato correr el riesgo de invertir en su propio país, sería mejor esperar hasta que hayan cambiado de opinión. Huelga decir que la evaporación de las reservas del Banco Central durante el tramo final de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha confirmado, por enésima vez, que la Argentina formal, por llamarla así, es menos confiable que el país informal. De haber estado en blanco todos aquellos 200.000 millones de dólares que, se supone, están “bajo el colchón”, el gobierno ya se las hubiera arreglado para gastar buena parte de ellos en proyectos no productivos. Sea como fuere, el próximo presidente no tendrá más alternativa que la de procurar merecer la confianza no sólo de los inversores internacionales sino también, lo que a la larga sería mucho más beneficioso, del grueso de los habitantes del país. En última instancia, no hay forma de distinguir entre “el chiquitaje” y los pesos pesados del mundo de los negocios, ya que todos reaccionan de la misma manera frente a las señales que emanan del poder político nacional. Aunque es tradicional interpretarlas en términos ideológicos, los agentes económicos, sean éstos industriales riquísimos o amas de casa que luchan por llegar solventes a fin de mes, se interesan mucho más en factores apolíticos como la seriedad y la eficacia. Para superar el desafío enorme planteado por la bancarrota del país formal, el gobierno que asuma el 10 de diciembre tendrá que convencer a la mayoría de que no sólo está dispuesto a obrar con realismo, sino también de que es capaz de hacerlo. Dadas las circunstancias, no tendrá más opción. Por motivos políticos o, en algunos casos, solidarios o por querer ahorrarse problemas sumamente ingratos, los encargados de las distintas reparticiones públicas se han acostumbrado a privilegiar los intereses de sus subordinados por encima de aquellos de la sociedad en su conjunto. Como resultado, el Estado se ha visto transformado en una suerte de corporación gigantesca habituada a vivir a costa del resto del país. Si bien habrá algunas excepciones, el consenso es que, a pesar del aumento exponencial del gasto público en los años últimos, los servicios brindados por el Estado siguen siendo lamentables. Se trata de un síntoma, uno más, del mal que durante muchas décadas ha mantenido postrado al país, el causado por la voluntad de demasiados políticos, con el consentimiento de una proporción sustancial de la ciudadanía, de subordinar casi todo a sus propios intereses personales. A menos que quienes formen el próximo gobierno consigan convencer a virtualmente todos de que realmente son distintos de sus precursores por entender que es su deber poner el Estado al servicio de la gente, es decir del país, no merecerán la confianza de quienes, de un modo u otro, poseen los recursos que necesitarían para revertir la ya casi centenaria decadencia nacional.