La confusión entre derecho y política

Por Ricardo Gamba

Una gravísima confusión funcional yace en la base del comportamiento de nuestra sociedad y, especialmente, en el de nuestra corporación política. Se trata de una tendencia a diluir las fronteras entre derecho y política, hasta el punto en que prácticamente se la ha eliminado.

La noción de Estado de derecho se basa justamente en esta distinción y sólo puede efectivizarse en la medida en que ésta se mantenga con sus contornos bien definidos y sus relaciones claras y previsibles. Un Estado de derecho es, por definición, aquel en el cual todas sus prácticas, y fundamentalmente las políticas, se encuentran reguladas y sometidas a un ordenamiento jurídico, que funciona así como un marco dentro del cual los comportamientos adquieren legalidad o ilegalidad. En cierto sentido, puede afirmarse que en un Estado de derecho, la soberanía pertenece a la ley, pues la voluntad democrática del pueblo y los actos de los representantes no pueden expresarse sino a través de los mecanismos y medios que la propia ley establece como condición de legalidad.

Es común escuchar a nuestros políticos rechazar la «judicialización de la política», en una clara confesión de un criterio mafioso, que supone un pacto mediante el cual las reglas de la vida política son fijadas por los propios interesados, acordando resolver las diferencias según reglas de juego propias y sin que el ordenamiento jurídico intervenga en ellas.

Detrás de este acuerdo que hace de la ley un simple consejo, o algo a lo que se recurre ocasionalmente, cuando conviene al interesado, se esconde la razón fundamental del deterioro de todas nuestras instituciones legales y el surgimiento de comportamientos institucionalizados informales e ilegales, pues aquéllas se basan justamente en el principio de que la regulación de su comportamiento se encuentra en la ley y no en la voluntad de sus circunstanciales integrantes. Una institución no es un grupo de hombres que se creen con el derecho a actuar de la manera en que la relación de fuerzas se lo permitan, sino un conjunto de prácticas y modos de hacer las cosas absolutamente obligatorios para sus integrantes circunstanciales. Fuera del respeto incondicionado a estas prácticas definidas legalmente se halla el delito, terreno por el que circulan cada vez con más frecuencia nuestros funcionarios y políticos.

Se borra así toda posibilidad de control legal del poder, pues, en definitiva, el ámbito de la política es precisamente el de la relación de fuerzas, el de la negociación, que transforman en plástico y variable aquello que debiera ser marco fijo de regulación.

Contra la teoría más elemental del Estado de derecho se erige la voluntad de poder y la pretensión, desafortunadamente triunfante, de que las reglas son «una cuestión política» y que los actores circunstanciales pueden manipularlas, usarlas o dejarlas de lado según sus posibilidades fácticas medidas en términos de poder real. Desde la reforma permanente de las Constituciones en beneficio de quien está ejerciendo el poder en ese momento, hasta el funcionario que cree tener derecho a discutir y a no aplicar las normas que regulan su actividad, se nos muestran hasta qué punto hemos llegado al absurdo de una especie de asamblea permanente en el cual las reglas del juego se discuten al mismo tiempo que estamos jugando, y cómo esta discusión se desenvuelve dentro de la única regla que efectivamente se respeta: la de la fuerza limitada apenas por difusos acuerdos ocultos y mafiosos de los participantes, consistentes en ciertas reglas de «caballerosidad» o «lealtad», que más adecuadamente debieran nombrarse como complicidad.

El peor del mal llamado pragmatismo se hace carne en nuestra corporación política, el que lleva a pensar que en nombre de ideales, proyectos, gobernabilidad, etc., les está permitido hacer del Estado de derecho una cascara vacía, sometido al tironeo y negociación de los factores de poder siempre variables y nunca transparentes que conforman finalmente la voluntad política del Estado.

Apenas si es necesario destacar el devastador impacto que esta conducta socialmente extendida posee, aunque no deja de sorprender que algo tan elemental como esto no sea interpretado en toda su dimensión. Los hombres reemplazan a las instituciones y la fuerza al derecho, la negociación a la justicia, lo oculto a lo transparente y, en conjunto, el orden fáctico al orden republicano.

Hasta qué punto esto es una parte esencial de nuestra cultura, lo revela tanto la falta de castigo social y político por parte de la ciudadanía, como la imperdonable abdicación del poder cuya función es justamente la de hacer que el ordenamiento jurídico sea una muralla contra la cual deben chocar inexorablemente las pretensiones de cualquiera por saltarla: el Poder Judicial.

La salud de la República exige que esta distinción entre derecho y política sea repuesta y sus límites delimitados y sus fronteras infranqueables. Sólo después puede restituirse la relación que poseen y transitar los caminos que pasan de uno a otra.

Efectivamente, en definitiva, el derecho es la consecuencia de una discusión y un debate político. Pero toda transformación de las normas debe hacerse por los procedimientos que las mismas normas establecen, y siempre como consecuencia de un debate efectivo del único que puede modificarlas: la voluntad soberana de la comunidad política.

El derecho es la política cristalizada, la decisión política que abandona el ámbito de lo político y se convierte en regla dentro de la cual aquélla debe desenvolverse, mientras no se reabra, por los medios establecidos por la propia ley, la discusión en torno suyo.

Lo que instalamos como ciudadanos debemos luego respetar como súbditos. Debe mantenerse en la conciencia la diferencia existente entre el proceso de deliberación y el cambio cualitativo que la opinión tiene desde el momento en que se transforma en decisión del Estado, en ordenamiento jurídico por vía de su formalización institucional.

La enorme distancia entre los dos puntos de vista es la que media entre transformar democráticamente las reglas y violarlas sistemáticamente, entre el derecho sometiendo a la fuerza o la fuerza al derecho.