La coordinadora de ex agentes de YPF se declaró en estado de alerta

BUENOS AIRES (ABA) – La Coordinadora Nacional de ex agentes de YPF, se manifestó ayer «en estado de alerta» como reacción frente a la escasa participación que les está dando el gobierno nacional en la reglamentación de la ley que le permite a los tenedores de acciones de Propiedad Participada el cobro de lo que se les adeuda en acciones.

Según los representantes sindicales, la medida reglamentaria que estudia el Poder Ejecutivo «le pone a los ex trabajadores que accionaron judicialmente (el 70 % del total) numerosas trabas para optar por la ley sancionada por el Congreso Nacional».

Según los voceros de la Coordinadora, «todo está dado para que los apoderados judiciales puedan cobrar y que a sus representados les pase inadvertido».

«Existe la posibilidad de que cada ex agente, incluso los que no firmaron pacto de cuota litis (acuerdo privado entre abogado y la parte), puedan perder como menos el 20 % en manos de los abogados, cuando la normativa indica que los honorarios y gastos corren por cuenta del Estado», puntualizó el vicepresidente de la Coordinadora Nacional de exypefianos, el neuquino Angel Garro.

Este último, junto con Guillermo Rojas de su misma provincia y Gustavo Clause de Río Negro -además de representantes de otras jurisdicciones- plantearon sus reparos ante el jefe de gabinete, Alfredo Atanasof.

«Serán escuchados»

También lo hicieron ante el subsecretario de Energía, José Suárez Lynch quien le aseguró a los representantes sindicales que serán escuchados.

Sin embargo, estos desconfían y no descartan tomar medidas de fuerza que pueden incluir cortes de ruta.

Como punto de distención el funcionario nacional acordó con los gremialistas una reunión urgente que se concretará el martes próximo.

Sobre algunas de las exigencias, Garro destacó «la necesidad de que el reglamento obligue a los letrados a presentar copia de la sentencia para que los agentes puedan comparar cuanto podrían cobrar con representación letrada en relación a lo que podrían percibir si se atienen a la ley».

Quienes eligieron esta última vía -se informó- tendrán que realizar los trámites administrativos ante la Anses.

Los miembros de la Coordinadora también se oponen a la quita que se les quiere hacer a los ex trabajadores en concepto de gastos administrativos.

«También rechazamos que se haya tomado como promedio indemnizatorio el monto de 50.000 pesos, cuando tendría que ser mucho mayor», subrayaron los representantes sindicales.