La Corte analizó reclamo “democratizador”

BUENOS AIRES (DyN).- Los jueces de la Corte Suprema evaluaron ayer, de manera informal, los anuncios sobre “democratización de la Justicia” que provienen desde el Poder Ejecutivo, aunque sin mayores precisiones porque los propios ministros reconocieron que no fueron “ni informados, ni consultados” sobre el contenido de la iniciativa. Fuentes judiciales revelaron que el acuerdo de ayer el primero de 2013, sirvió para diagramar una serie de actividades de debates, jornadas y conmemoraciones que se desarrollarán a lo largo del año en que se cumple el 150º aniversario de la existencia del alto tribunal. El tribunal no se pronunció sobre ninguno de los temas de alto impacto mediático que quedaron pendientes del año pasado, ni tampoco sobre la ley de Medios, pues el expediente está en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que, argumentaron las fuentes, debería pronunciarse “en el corto plazo” para que entonces pueda intervenir la Corte Suprema. En relación con la iniciativa de “democratización de la Justicia”, lanzada por la presidenta Cristina Fernández, los jueces coincidieron en la necesidad de cambios en el Poder Judicial, pero no consiguieron ponerse de acuerdo sobre uno de los puntos que se insinúa como de mayor conflicto: que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y al menos otro juez, ya anunciaron que están de acuerdo, pero de hecho existe “una mayoría virtual” que se opone a esa iniciativa, que se viene discutiendo en el tribunal desde hace por lo menos tres años. En cuanto al resto de las iniciativas esbozadas los jueces se mostraron contrarios a los exámenes de reválida (“¿quién le va a tomar examen a un juez?”, se preguntaron) y la elección popular de los magistrados, y mostraron sus dudas sobre las posibilidades reales de la implementación del juicio por jurados. En ese sentido, se interrogaron sobre “cómo se elegirían, quién les pagaría, cómo se los protegería durante el proceso y en qué procesos intervendrían, para qué delitos”. Sobre la elección popular de jueces, sólo admitieron esa posibilidad en tribunales locales y para causas por delitos leves.


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