La Corte Suprema debe sentar precedente por un corte en Bariloche

La Corte Suprema de Justicia estudia un dictamen del Procurador General de la Nación, Luis González Warcalde, quien aconsejó revocar la condena contra una piquetera por participar de un corte de ruta que bloqueó el ingreso al aeropuerto de Bariloche en 1997.

Este será el caso piloto que tendrá la Corte para sentar precedente a la hora de definir si debe o no criminalizarse este tipo de protesta social, hasta ahora penalizada por todos los fallos de la Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país.

Se trata de una condena a tres años de prisión en suspenso y la prohibición de participar en concentraciones de personas por dos años impuesta a Marina Schifrin en Bariloche, en un fallo confirmado por la sala I de Casación, con las firmas de Alfredo Bisordi y Liliana Catucci.

Como la piquetera fue en queja a la Corte Suprema de Justicia, el Procurador Luis González Warcalde emitió un dictamen en el que advirtió que la mujer «en el marco de una protesta gremial tenía razones sensatas para suponer el carácter permitido de su hecho», según el texto.

Los demás procesados por esa protesta se acogieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba, la «probation», que establece que deben realizarse tareas comunitarias.

Pero Schifrin optó por llevar la batalla judicial a última instancia y así llegó al Máximo Tribunal el caso piloto por el corte de la ruta 237 cometido el 21 de marzo de 1997 en Bariloche, que aisló al aeropuerto de esa ciudad del sur del país.

Al aconsejar que se revoque la condena, en un dictamen que la Corte no está obligada a seguir, Warcalde evaluó que «ante la proliferación de estas vías de expresión» la piquetera «las asumió como un derecho fundamental» y esto pudo llevarla a la «anulación de su capacidad de reacción» para dilucidar si quebraba o no el sistema penal.

(Télam)