La Corte Suprema intima

La Unidad Penitenciaria de Mendoza es también conocida con el nombre de Casa de Piedra. Fue construida en 1905 con piedras desparejas de color gris y rosado. Sus muros de 6 metros de alto y 70 centímetros de espesor albergan a la que es considerada la prisión de mayor índice de inhumanidad y degradación del país.

Casa de Piedra y su anexo, construido en la localidad de Gustavo André, ostentan el record de 16 internos muertos en un año. El último de ellos eviscerado y luego descuartizado, en una muestra de violencia inusitada.

Pero también internos fugados, heridos y sobreviviendo en condiciones infrahumanas. No cabe llamar de otro modo a la falta de agua y de baños, así como a los encierros prolongados en celdas reducidas en las que los allí alojados deben convivir con sus propios excrementos.

Hace ya varios meses que la cuestión tomó trascendencia continental. Tal cosa se debió, en lo fundamental, a las sugerencias y demandas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le formuló tanto al Estado mendocino como al nacional.

En este escenario, la Corte Suprema de Justicia intimó al Estado nacional en un fallo emitido el 13 de febrero pasado, a que en un plazo de veinte días resolviera la crítica situación carcelaria de la provincia de Mendoza.

El máximo tribunal estimó que «la gravedad de la reiteración de los hechos que se denuncian, la ausencia de control y dominio adecuado en la penitenciaria exigen de ella el ejercicio del control encomendado a la Justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado».

Recordó, además, que «en la sentencia dictada el 30 de marzo del 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le indicó al Estado argentino que las razones de derecho interno no podían justificar la falta de adopción de las medidas conducentes para superar la situación existente».

De modo que instruyó a los tribunales provinciales, incluida la Suprema Corte de Mendoza, a hacer cesar toda situación de agravamiento de la detención que imponga un trato cruel, inhumano o degradante, o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado federal.

Es la segunda vez que la Corte Suprema de la Nación interviene para garantizar el cumplimiento del compromiso asumido por el Estado ante la CIDH. En setiembre del 2006, los magistrados se limitaron a requerir información de los gobiernos nacional y provincial sobre las acciones que habían realizado para resolver la situación. En esta oportunidad, en cambio, les fijaron un plazo para concretarlas.

Lo resuelto por la Corte Suprema no sólo constituye un acierto jurídico, sino que además marca un rumbo de acción preciso en el siempre crítico terreno penitenciario. Así lo hace cuando afirma que es deber del Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos y evitar que éstos sean vulnerados, a la hora de administrar justicia y tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento.

A punto tal de no verse en ello una intromisión indebida del Poder Judicial, cuando lo único que hace es tender a tutelar derechos o a suplir omisiones en la medida en que dichos derechos pueden estar lesionados.

Mientras tanto, resulta manifiesto que cárceles como la de Mendoza, aunque también muchísimas otras a lo largo y a lo ancho del país, deslegitiman la pretensión punitiva del Estado. Y que lo hacen, en lo fundamental, al incumplir con los requisitos básicos de orden constitucional que fundamentan y dan razón ontológica a la pena privativa de la libertad.

Igual incumplimiento se produce, claró está, respecto de los estándares y reglas de tratamiento de los reclusos fijadas por las Naciones Unidas. Todo lo cual debería conducirnos a transformar severamente este ámbito marcado por una indisimulable cultura autoritaria y la frecuente violación de los derechos humanos.

MARTIN LOZADA (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Juez de instrucción y profesor de Derecho Internacional Universidad FASTA, Bariloche.