La costosa liquidación de Sapse: $ 4,2 millones

El Tribunal de Cuentas parece reaccionar frente a la postergada liquidación de Sapse, que lleva más de una década. Durante seis años repitió simples recomendaciones, pero ahora anunció que “investigará si existe responsabilidad administrativa patrimonial de parte de los sucesivos liquidadores”. Incluso estimó que los gastos del Estado provincial por esta dilación se aproximan a los 4,2 millones. En 1999, el gobernador Pablo Verani dispuso su liquidación y esa misión fue luego ratificada por la administración de Miguel Saiz. Ninguno de ellos pudo cumplir ese objetivo. En el 2005, el Tribunal recomendó -según resolución N° 58- “procurar concluir con la liquidación a la mayor brevedad”. Al otro año, -según normativa N° 36- pidió un inventario de los bienes. En el 2007, la norma N° 39 insistió en el “nuevo libro inventario” y en el 2008 la resolución N° 71 advirtió que seguían las “falencias administrativo-contables”, reflejando un “deficiente manejo de las autoridades de la liquidación”. El 2009, el órgano sólo recordó -con la resolución N° 36- que el plazo de liquidación está vencido mientras que el año pasado -norma N° 44- recomendó seguir con la venta de los aviones y de “todo el material accesorio”. Más allá de esas resoluciones, el Tribunal -según ayer publicó ADN- aseguró que en una auditoria en 1997 ya se “expresó sobre la conveniencia de la liquidación y sucesivamente se instó a acelerar los trámites tendientes a lograr ese objetivo a fin de evitar gastos inútiles”. Según ese despacho, el organismo manifestó ahora que “es evidente que no se ha logrado hasta el momento el objetivo ordenado”, por lo cual, Sapse “le ha significado a la hacienda pública una suma aproximada de 4,2 millones por amortizaciones, honorarios, materiales y servicios”. Al final, el Tribunal de Cuentas -integrado por Carlos Malaspina, Pedro Casariego y Daniel Bosero- entiende que la liquidación corresponde a las “futuras autoridades gubernamentales” y remitió las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que se “determine si existe responsabilidad administrativa patrimonial de parte de los sucesivos liquidadores”. (AV)