La crisis energética y el Estado de derecho

Por Horacio Rachid (*)

La previsible y temida crisis energética ha llegado. Desde 1999 a la fecha, hemos sufrido el default, la caída de la convertibilidad, la devaluación, la pesificación asimétrica, la consecuente ruptura de todos los contratos privados -basados en los diez años de estabilidad jurídica y política que tuvo la Argentina en la década del noventa- y la consecuente ruptura del contrato social. Sin duda, el Estado de derecho está soportando un profundo deterioro. A este cuadro de situación, deberemos sumarles todas las negaciones e irresponsabilidades asumidas por el actual gobierno nacional.

La crisis energética se da en el marco del virtual congelamiento de las tarifas de los servicios públicos -servicios éstos gerenciados por empresas que han hecho enormes inversiones para recuperar y conformar el nivel internacional que los argentinos pudimos usufructuar en la década pasada- y del procedimiento institucional de la provincia del Neuquén, cuya Legislatura sancionó la ley de Hidrocarburos Nº 2.453.

Dicha norma fue sancionada teniendo en el centro de la escena una doble visión: el vacío legal en materia de explotación de hidrocarburos y la irresponsabilidad política del Congreso Nacional. La reforma constitucional de 1994 transfirió el dominio de los recursos a las provincias pero, una travesura política, hizo desaparecer en la comisión de redacción la palabra «jurisdicción», por lo que la contundencia original de la transferencia del dominio y jurisdicción de los recursos quedó disminuida.

Diez años después de la reforma constitucional, y teniendo en cuenta los numerosos intentos fallidos de proyectos de ley de hidrocarburos que no llegaron a tratarse; el decreto presidencial de Néstor Kirchner Nº 546/2003 que establece que «Los hidrocarburos vuelven a las provincias» y el ejemplo del convenio provincia del Neuquén/Repsol-YPF del año 2000, ¿podría el gobierno del Neuquén quedarse de brazos cruzados cuando en su territorio se explota el 50% del petróleo y gas argentinos y sus reservas constituyen más del 60% de los mismos?

Ahora bien, es necesario aclarar y tener una visión transparente de los verdaderos componentes de esta crisis, que se agravará y que el gobierno trata de ocultar:

1) Causas directas: a) sobreconsumo nacional de gas como consecuencia del precio congelado en boca de pozo; b) redes de transporte y distribución de gas al borde del colapso por el mismo motivo y paralización de las inversiones desde 2001 en este rubro por el congelamiento del precio; c) bajo nivel de hidraulicidad; d) deterioro general de maquinarias y equipos de generación eléctrica por desinversión a raíz de precios y tarifas congeladas; d) falta de nuevas inversiones en generación por congelamiento de precios y tarifas e inseguridad jurídica y política.

2) Causas indirectas: la expansión del consumo de GNC por la crisis de equipamiento y costos del usuario automotor; el aumento indiscriminado del uso del gas como materia prima básica o como insumo energético por parte de la industria, especialmente exportadora, por su precio vergonzoso en boca de pozo; una reactivación económica desde el fondo del pozo en que se encuentra la Argentina, que genera el aumento de demanda energética aprovechando el congelamiento de sus tarifas.

El precio del gas en boca de pozo en nuestro país se mantiene congelado desde la devaluación en $ 1,50 el millón de BTU, que es la medida de transacción de este insumo, es decir U$S 0,50, cuando era de U$S 1,50 antes de enero del 2002, que es el precio que se vende actualmente su exportación a Chile. Este es el precio mínimo en dólares en Latinoamérica, siendo de U$S 4 para arriba su valor en los países industrializados; por ejemplo, es el valor mínimo de transacción del gas mexicano a EE. UU.

Lo anterior significa una distorsión tan grande e injustificada de precios relativos, que el congelamiento de preci en boca de pozo genera una tarifa infame del insumo en el 75% de sus usuarios, sólo para proteger a una parte del restante 25% que son los usuarios domiciliarios. Es decir se está subsidiando a la industria exportadora que vende en dólares; la industria en general de medianos y grandes consumidores que aumentó sus precios internos más del 100% desde el 2002; los hoteles y sectores comerciales vinculados con los 4 millones de turistas extranjeros que pagan en dólares lo que antes del 2002 eran precios en pesos y los sectores residenciales de clase media para arriba que viven en countries, departamentos y casas que podrían absorber un aumento en sus tarifas al nivel de aumento en sus ingresos.

El gobierno nacional, en sus discursos y posiciones, miente al confundir adrede precio del gas a boca de pozo con tarifas finales del servicio, al asumir una falsa defensa de los sectores de clase baja más comprometidos con la crisis, la defensa del consumidor y la contención de la inflación, al responsabilizar de incumplimientos de inversiones a las empresas de gas y electricidad, a la expansión de la economía y aumento explosivo de la actividad industrial para justificar esta situación, en vez de hacerse responsable de todos los factores que generaron esta crisis que son de su exclusiva responsabilidad.

La tarifa del gas que llega a todos estos sectores se compone, aproximadamente de esta manera: 25% el precio en boca de pozo; 75% transporte y distribución. Cuando el gobierno nacional dice que las empresas y provincias petroleras como Neuquén quieren aumentar las tarifas del gas, miente porque el único reclamo es sobre el precio congelado en boca de pozo, es decir que precio en este caso se refiere sólo al 25% de la tarifa. Pero sigue mintiendo cuando agrega que el aumento de tarifas no podría ser pagado por los argentinos empobrecidos (por este gobierno y el anterior) que reciben el gas domiciliario. El destino del gas nacional transportado a los centros de consumo de nuestro país se fracciona de la siguiente forma, aproximadamente: 25% gas domiciliario; 30% generación de energía eléctrica; 25% industria exportadora; 20% resto industria y comercio. Si consideramos que del sector gas domiciliario sólo la mitad no podría soportar ningún aumento de tarifas, rápidamente se comprende que el gobierno está subsidiando mayormente a poderosos sectores de la sociedad argentina que ni siquiera pidieron ser subsidiados, pero que están obteniendo ganancias adicionales a costa de la desinversión, obsolescencia general de la infraestructura energética y de los ingresos de la mayoría de los argentinos que, por la devaluación, hoy ganan menos de la mitad que antes del 2002.

El resultado concreto de esta situación es: a) colapso de las redes de transporte y distribución nacionales de gas, como consecuencia del sobreconsumo y la imposibilidad de inversiones en este sector por el problema del precio congelado; b) brusco descenso de las reservas de gas por el mismo motivo.

En síntesis, si el único valor de hidrocarburos que ha quedado congelado es el precio del gas a boca de pozo, si este valor incide solamente en un 25% en la tarifa final de entrega al usuario de gas, si del universo de usuarios sólo una parte menor a la mitad del 25% podría tener dificultades económicas para afrontar un aumento de tarifas, que por otra parte no sobrepasaría el 15% de acuerdo con los componentes de construcción de la tarifa a partir del precio a boca de pozo, ¿cuál ha sido la verdadera preocupación del gobierno hasta ahora para dejar venir la crisis: la mitad del 25% que recibe gas domiciliario que no podrían soportar un aumento, o el 75% más la mitad del 25 que está recibiendo el gas a precio vil, con lo que aumentan extraordinariamente sus ganancias gracias a un subsidio encubierto con la razón de la equidad social?

El gobierno nacional hizo sus primeros movimientos para afrontar esta situación cortando la exportación bajo contrato de energía eléctrica al Uruguay, amenazando cortar la exportación de gas a Chile y con aumentar la retención de exportaciones de hidrocarburos del 20 al 30%. También exploró y anunció la compra de gas a Bolivia a U$S 1,20 el millón de BTU, cuando hemos explicado que congeló a U$S 0,50 la misma medida con los proveedores nacionales. Además, amenazó a las empresas de explotación de hidrocarburos con rescindir contratos si no abastecen normalmente el sector energético. Todo este accionar expone en la forma más cruda y contundente el cuerpo del delito, es decir el componente esencial de esta crisis energética que recién comienza: la inseguridad jurídica y política de la República Argentina de los últimos tres años.

Las privatizaciones y el esquema jurídico, legal y operativo puestos en marcha durante la década del '90 en nuestro país han sido ejemplo en todo el mundo como un modelo eficiente de aliento a las inversiones, la modernización tecnológica, la excelencia de los servicios públicos del sector, la calidad y su accesibilidad a toda la población y la adopción de normas de remediación y cuidado del medio ambiente como nunca se habían visto en el pasado. La provincia del Neuquén, productora del 50% y poseedora del 60% de las reservas de los hidrocarburos argentinos, adoptó y mantuvo firmemente este modelo, consolidando la seguridad política y jurídica sobre sus contratos que el país perdió. Es más, avanzó hasta el punto de otorgar seguridad de suministro de gas a Chile, con la firma de un convenio con el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, para evitar cualquier alteración en el abastecimiento durante conflictos gremiales.

Sólo el restablecimiento de la seguridad jurídica y política, el respeto irrestricto de los contratos públicos, el restablecimiento pleno de las normas de mercado en cuanto a la inversión privada, la no injerencia del Estado en el comportamiento de la oferta y la demanda, la derogación de la ley de Emergencia Económica que otorga poderes dictatoriales al Poder Ejecutivo nacional y la plena libertad económica que nuestro país tenía en la década pasada, además del dictado de una ley federal de hidrocarburos que permita a las provincias productoras restablecer estas normas en el sector energético, permitirán superar esta situación. En síntesis, se trata de trabajar para la recuperación del Estado de derecho.

(*) Diputado. Presidente Bloque

Opción Federal.

Miembro de la Comisión de Energía.

Nota asociada: CRISIS ENERGETICA: Restablecieron la tensión a 220 voltios con energía comprada al Brasil  

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