La defensora Nara Osés se reunió con diputados

NEUQUEN (AN)- La defensora general de los derechos del niño y el adolescente, Nara Osés, dijo ayer que la eliminación del organismo que encabeza para reemplazarlo por una institución provincial lleva implícita «una mirada represiva sobre los pobres». Añadió que el proyecto para modificar la ley 2302 «destruye el sistema de protección de los derechos de los niños».

La defensora, el defensor penal Gustavo Palmieri y el juez penal Humberto Mazzitelli se reunieron ayer con algunos diputados de la oposición, invitados por Jesús Escobar, de la corriente Patria Libre. Fue en el bloque de legisladores del peronismo, y estuvieron también Jorge Conte, Gabriel Romero (PJ), Carlos Moraña (FAEN) y Ricardo Rojas (MID).

Los funcionarios judiciales explicaron su trabajo y el funcionamiento de la ley 2302, de protección integral de la niñez, que el gobierno provincial pretende modificar.

Coincidieron en que el texto presentado por el ministro Luis Manganaro en la Legislatura «tiene artículos inconstitucionales» y otros que «están atrasados 60 años».

Osés explicó que la defensoría «no puede tener presupuesto para programas de asistencia» (como propone la reforma) sino que «tiene que controlar el cumplimiento de los programas». Se preguntó: «¿qué hará el defensor cuando venga el sector de Pediatría y le diga que no hay quirófanos para operar a los chicos? ¿Sacará de su presu

puesto para construirlos?». También explicó que desde su creación en diciembre de 2000, la defensoría atendió 4.500 casos y se preguntó cuál será el futuro de esas causas, así como de los mil expedientes nuevos que se abren cada año.

La presencia de los funcionarios judiciales en un bloque legislativo fue cuestionada por el oficialismo emepenista, que a esa hora escuchaba a los candidatos a camaristas penales (ver aparte). Oscar Gutiérrez dijo «no quiero que me anarquicen el tratamiento de la ley 2302» y Manuel Gschwind se preguntó irónicamente «cuánta cola habrá en la defensoría en este momento, mientras algún funcionario anda por acá opinando sobre la ley 2302». Luego en la comisión de Desarrollo Humano se decidió enviar una nota al Tribunal Superior de Justicia para que opine sobre el proyecto del gobierno, y que informe cuáles son los funcionarios que propone para que asistan al debate en comisión. También se informó que invitarán a otros sectores «siempre que no vengan a hacer política».

El vocal del TSJ Roberto Fernández también criticó a la defensora Osés, porque según dijo ayer «está fuera de lugar que un funcionario judicial, y particularmente de los niveles bajos como este caso, salga a polemizar o plantear una contienda» con funcionarios políticos o legisladores. Añadió que «las leyes nos incumben desde que están sancionadas, durante el proceso de formación son un tema de disputa entre sectores políticos».

Nota asociada: Opiniones divididas en torno de la 2.302  

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