La demanda no espera

La enorme cantidad de agua que cayó sobre toda la región en los últimos días, con el consecuente desborde de arroyos y las obligadas evacuaciones, atrajo la atención una vez más sobre la gravedad de la crisis social que sufre Bariloche.

Cientos de familias necesitadas debieron ser asistidas con alimentos, ropa seca, calzado y colchones, además de chapas y plásticos para sus casas desarmadas por el temporal. Pero el drama más urgente que saltó a la vista fue la cantidad de barilochenses que a falta de alternativa mejor viven en tierras inundables, a orillas del peligroso arroyo Ñireco.

En los últimos años, unas 40 familias asentaron sus casillas en lo que se llama la «Barda Este» del arroyo y otras 40 en otro barrio un poco más allá, el «San Cayetanito».

A ellas se suman 4 ó 5 más que subsisten en la barda Oeste, donde en años anteriores hubo desmoronamientos que costaron varias vidas.

El intendente Alberto Icare conoce el problema y asume que hoy el municipio tiene un gigantesco déficit habitacional y carece de un proyecto serio de tierras para relocalizar a los ocupantes en lugar seguro.

Una vez comprobados los daños que produjo la tormenta, Icare tuvo una reacción saludable.

Se despreocupó por completo del impacto nacional que pudiera tener la noticia y declaró la emergencia en todo el municipio. Al mismo tiempo clamó por ayuda a la provincia y la Nación.

La actitud trajo a la memoria otros episodios trágicos para Bariloche como el hantavirus, los incendios o las grandes nevadas. En aquellas ocasiones la preocupación principal de muchos funcionarios y empresarios -antes que organizar la ayuda- fue cómo «bajar los decibeles» de los titulares en la prensa regional y nacional «para no perjudicar la imagen» de la ciudad.

Esta vez la tragedia de los barrios ilegales que bordean el Ñireco se mostró al desnudo. El agua avanzó sobre su zona natural de inundación con el ímpetu de cualquier río de montaña, destruyó cuatro viviendas y provocó serios daños a otras quince.

La pregunta ahora es qué futuro le espera a esa gente. Va de suyo que en su indigencia no pueden procurarse una forma más digna de vida. No están allí porque quieren. El suyo es un caso clásico de los que no pueden resolverse sin políticas públicas.

Un funcionario del área social reconoció crudamente que el municipio hoy «no tiene política» de loteos sociales. El motivo es elemental: no tiene tierras.

Ante la emergencia, esta misma semana salió del letargo un proyecto para conseguir que el Estado nacional le ceda al municipio alguna de las amplias parcelas ociosas que tiene junto a la estación ferroviaria o detrás de Radio Nacional.

La idea del gobierno municipal de Icare sería obtener cuanto antes la titularidad de esas tierras, de inmejorable ubicación, venderlas, y promover luego el reasentamiento de los ocupantes del Ñireco en algún lugar más amplio y barato.

Claro que cuidando de repetir malas experiencias como la de 34 Hectáreas, adonde muchos ocupantes no quisieron trasladarse porque les queda muy lejos del centro y no se les ofrecía ningún emprendimiento ni alternativa laboral.

Es de esperar que, a partir de la desgracia que les otorgó notoriedad, estas familias zarandeadas por la injusticia y el olvido encuentren un futuro mejor.

Habrá que ver hasta dónde llega la decisión de dar impulso de dar luz un programa de «mediano plazo», algo que no abunda en un municipio en eterna emergencia. Pero todo parece indicar que es ahora o nunca.

Daniel Marzal