La demora judicial podría dejar impune el hecho
La causa por una de las peores tragedias aéreas en la historia del país podría quedar en la nada y los dos ex militares acusados en libertad, debido a que prescribe el delito que se les imputa.
por: MARIA FERNANDA VILLOSIO
Especial para «Río Negro»
Los dos ex integrantes de las Fuerzas Armadas que fueron imputados por no haber controlado las condiciones técnicas del avión de Lapa que, en 1999, se estrelló en el Aeroparque porteño provocando una de las peores tragedias de la historia argentina, podrían quedar libres de culpa y cargo.
Según sus defensores, el delito que se les imputa (incumplimiento de los deberes de funcionario público) prescribió puesto que, a dos años del procesamiento, la causa aún no había sido elevada a juicio oral y público. Por lo tanto, solicitaron a la Justicia que sus defendidos, el ex director de Habilitaciones Aeronáuticas del Comando de Regiones Aéreas, comodoro Damián Peterson y el ex titular del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial, comodoro Diego Lentino, fueran alcanzados por ese beneficio.
Los familiares de las 65 víctimas del accidente, en su mayoría cordobesas, pusieron el grito en el cielo por esta situación y, el viernes último, un grupo de madres, hijos, esposas y hermanos viajaron de urgencia a la Capital Federal para entrevistarse con los jueces, con el fin de solicitarles una medida de excepción para este caso.
«Es por una cuestión de humanidad y de justicia. Queremos lograr que estos ex funcionarios lleguen al juicio porque sino habría impunidad para el Estado. Ellos son más que responsables, son los que han permitido que esta empresa funcione así», aseguró enojada a «Río Negro» Gladys Caldelari, una de las madres cuya vida quedó tan devastada como el avión de LAPA en la pista de aterrizaje.
Los familiares fueron atendidos cordialmente por el presidente del tribunal, Leopoldo Bruglia, aunque su respuesta fu lacónica: «No podemos adelantar nada. En breve plazo van a saber qué resolveremos». Se espera que el tribunal resuelva, esta semana, si acepta o no el pedido de la defensa.
La solicitud de excepción impulsada por los familiares de las víctimas cuenta con algunos antecedentes en la Corte Suprema de Justicia que, en casos puntuales de violaciones a los derechos humanos, dispuso que no se aplique en forma automática la prescripción, reglamentada por una polémica ley que el Congreso sancionó el año pasado.
Así quedó sentado en el expediente del asesinato de Walter Bulacio, en el que la Corte Suprema, aceptando los compromisos del país en materia de derecho internacional, entendió que el instituto de la prescripción debía ser interpretado caso por caso y acotado en aquellas situaciones en las que el Estado estaba obligado a resguardar los derechos humanos.
«A mí esto me tiene indignada. Nuestros legisladores no piensan en la gente que los eligió sino en beneficiar a los funcionarios que no cuidaron la integridad de las personas que se subieron al avión. Los legisladores conocen los pasos de la Justicia y saben que una causa complicada como ésta es imposible que se resuelva antes de los dos años. Acá sólo hay justicia para los poderosos y no para la gente común», opinó Caldelari
Esta maniobra judicial por parte de los ex funcionarios del Estado no fue una buena noticia para los familiares y sobrevivientes de la tragedia, que desde hace 2370 días esperan un juicio oral que aún no tiene fecha de realización. En el expediente continúan imputados el presidente de LAPA, Gustavo Deutsch, y su vicepresidente, Ronald Boyd, ambos acusados de estrago culposo (catástrofe producida por negligencia o imprudencia), un delito que se castiga con un máximo de cuatro años de prisión.
«Destrozarle la cara»
Ronald Boyd y Gladys Caldelari se encontraron, frente a frente, en las mismas escaleras de Comodoro Py que el viernes volvió a subir la mujer, de 72 años, buscando justicia. En aquella oportunidad, un custodio del vicepresidente de Lapa tuvo que frenarle la mano porque Gladys iba dispuesta a destrozarle la cara con sus propios dedos.
«Estaba ciega y dije: ahora o nunca. La intención no era pegarle, era destrozarlo. Fui con las manos para sacarle los pedazos de la cara. Yo le pregunté: ¿Usted es el señor Boyd? y me contestó que no. Entonces yo dije: Aparte de asesino sos un cobarde, hijo de perra! No le pude hacer nada porque me tomó la mano el guardaespaldas».
Gladys se estremece cuando lo cuenta. La anécdota viene a cuento de que esta mujer luchadora y temperamental siempre dice que no sabe cómo va a reaccionar si el juicio que, dará descanso pleno a su hija y al resto de los muertos del accidente, llegara a quedar en la nada.
«Realmente va a ser tremendo que nadie sea condenado, con toda la expresión de esta palabra. Yo sé que las condenas son muy bajas, pero pretendo que existan para que los que vengan tengan más cuidado», explica.
Como sucede con otro tipo de sentimientos, el tiempo fue borrando lo peor del dolor y desgastando el empuje de las personas cercanas a las víctimas en su reclamo de justicia. Al principio, las reuniones tenían una asistencia perfecta, aunque con el correr de los años la participación se redujo notablemente. Muchos de los sobrevivientes se niegan a recordar. «Es duro decirlo pero el paso del tiempo hace que las personas, el gobierno, el Estado, la Justicia se olvide un poco de esto. Aún los familiares, por razones de trabajo, por sus hijos, porque la vida continúa…», desliza Gladys, casi con resignación.
-¿Y su vida cómo continuó?-preguntó «Río Negro».
-A mi me arruinaron la vida en un instante.
Los que también parecen tener mala memoria son los políticos. La ex esposa del gobernador José Manuel de la Sota, Olga Ruitort, quitó a los familiares la oficina que les había facilitado en la calle Rondeau al 200 (donde ahora funciona la Unidad Judicial de la Mujer) para poder funcionar como una asociación civil y jamás cumplió su promesa de otorgarles un nuevo espacio.
«Cuando esto era noticia, los políticos estaban. Cuando dejó de serlo… es terrible la memoria de los argentinos», se lamenta Caldelari. La mujer también se quejó porque, pese a los numerosos pedidos de audiencia, ni el presidente Néstor Kirchner ni el secretario de Transporte Ricardo Jaime recibieron a este grupo de damnificados. (MFV)
por: MARIA FERNANDA VILLOSIO
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