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La división en Bariloche, más profunda

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El día después del aval que otorgó el gobierno provincial a la empresa CAPSA para extender su concesión en el cerro Catedral dividió más las aguas entre la comunidad barilochense.

Hubo expresiones de apoyo, principalmente en sectores políticos oficialistas y empresarios vinculados al turismo. En tanto, la Mesa Productiva de Bariloche prometió interponer un "prohibimus" para evitar que la Legislatura ratifique el contrato.

El presidente de la Asociación Empresarial del Area Catedral, Alberto Del Giudice, aseguró que la readecuación contractual marcará un hito en el desarrollo del centro invernal y también en el turismo barilochense. "Por fin vamos a tener un centro de esquí unificado y con un solo pase para todos sus medios de elevación", dijo.

El empresario se mostró esperanzado en que "para 2005 haya un nuevo Catedral" y lamentó las demoras durante el verano, ya que dijo "sería ideal que haya nuevos medios de elevación este invierno".

Del Giudice recordó que "Catedral fue concesionado por 30 años en el marco de la licitación 1/92 y nadie se opuso a ello". Asimismo, indicó que "durante años Bariloche abogó por el pase único y la municipalización del centro invernal. Hoy los tenemos, pero en vez de celebrarlo lo que se hace es obstaculizar las inversiones".

Por su parte, el diputado nacional por el Frente Grande, Julio Accavallo, criticó la firma de la adecuación contractual porque "no hace más que mantener la línea de trabajo de los últimos gobiernos provinciales, en los que siempre se premió y benefició a las empresas incumplidoras". Observó que "mientras en el gobierno nacional el trato con las concesionarias de servicios públicos está cambiando, en Río Negro se les permite expandir sus negocios sin cuestionamiento alguno".

Para Accavallo, el contrato que firmaron el gobernador Miguel Saiz y el titular de CAPSA, Alberto Lamota, "es ilegal, porque el Estado no puede contratar con empresas en concurso de acreedores". Dijo que si posteriormente la Legislatura trata de adecuar la ley a lo firmado "desde lo institucional será un escándalo".

Por su parte, la Mesa de Entidades Productivas y Profesionales de Bariloche también calificó de "ilegal" el compromiso suscripto el lunes y anticipó que buscará bloquearlo en la Justicia.

El agrupamiento en el que están representadas la mayor parte de las cámaras empresarias y los colegios profesionales de la ciudad se reunió ayer "de urgencia" para analizar el contrato firmado el lunes en Viedma. Luego emitieron un pronunciamiento en el que señalan su "total oposición" a los términos del acuerdo. Advirtieron también sobre la responsabilidad penal que puedan corresponder por ese acto al gobernador Saiz y demás funcionarios firmantes.

La Mesa había participado de la ronda de diálogo convocada por el municipio para formular aportes sobre el "borrador" del contrato que circuló en las últimas semanas. Pero sus integrantes advirtieron que allí no estuvieron representados "los reales intereses de la ciudadanía barilochense, tal como ha quedado manifestado por la firma de aproximadamente 10.000 personas" de un petitorio que pretendía frenar la concesión, pese a que sólo enunciaba la "municipalización".

Nota asociada: Saiz tendrá un bloque sin fisuras por Catedral Recrear advierte poca claridad  

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