La dura realidad

ANáLISIS

javier lojo jlojo@rionegro.com.ar

En mayo del año pasado, en un minucioso informe “Río Negro” daba cuenta del desplome que habían sufrido las inversiones hidrocarburíferas en el país y hacía especial referencia a la caída de la participación de YPF en el tema. En noviembre otro informe periodístico detallaba las causas que justificaban la falta de inversiones por parte de la petrolera argentina y el pesimismo que existía en el mercado frente a los pomposos anuncios sobre un megayacimiento en la Cuenca Neuquina. La declaración que emitió días atrás la Ofephi, que fue en línea con el agresivo discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalando la responsabilidad de las empresas petroleras en la falta de inversión, termina por echar luz sobre algo que estaba en las sombras desde hacía años: nos estamos quedando sin gas y sin petróleo para hacer frente a la creciente demanda que se espera. Lo que estamos observando son los efectos de una política energética errada que se viene aplicando desde hace algo más de ocho años. Intentar mostrar a las empresas como culpables de este crítico escenario es una salida algo más que ingenua por parte del gobierno. Las petroleras buscan oportunidades para invertir donde más les convenga. En el 2003 la administración Kirchner, asumiendo un mensaje totalmente demagógico, intervino los mercados energéticos y puso coto a los precios que debían cobrar las empresas que extraían el crudo y el gas del territorio nacional. Ante este escenario impuesto por la administración central, las empresas tenían dos opciones: seguir invirtiendo en la Argentina para vender a unos 50 dólares el barril del crudo que de aquí extraían o destinar las nuevas inversiones a cuencas de otros países donde los retornos tomaban como base de venta un barril cercano a los 100 dólares. Ese mismo razonamiento hicieron con las posibles inversiones en gas. Los defensores del modelo nacional y popular contestan a estas críticas diciendo que el país, pese a la fuerte demanda que soportó el sistema, nunca tuvo cortes masivos de energía. Algo cierto. Lo que terminaron de blanquear en los últimos días es que esto fue posible gracias a los cerca de 20.000 millones de dólares que fueron destinados a importar energía en los últimos años, dinero, cabe aclarar, que salió de los impuestos que pagan todos los argentinos. Tal como lo adelantó este diario en noviembre pasado, para algunos ultrakirchneristas es necesario que el Estado comience a tomar una participación activa en YPF. Para lograr este objetivo el gobierno deberá sortear dos grandes desafíos: el tema legal y la necesidad de convencer a inversores de que coloquen su dinero en este posible emprendimiento ya que las disponibilidades del Tesoro nacional son cada vez más limitadas. Sobre el primer punto, es en lo que seguramente están trabajando arduamente Carlos Zanini y sus asesores. En cuanto al segundo, los inversores ya se manifestaron sobre el tema: ayer, ante el rumor de la estatización, las acciones de la petrolera se desplomaron más del 10%. Una clara señal.