La educación sigue cuesta abajo

Terminadas las vacaciones de invierno, en distintas partes del país se ha iniciado una nueva temporada de paros docentes que con toda probabilidad se multiplicarán en los meses venideros a causa de la recesión. Como ya es tradicional, le tocó a la provincia de Buenos Aires, por lejos la más poblada, encabezar la resistencia de los sindicatos de los “trabajadores de la educación” no tanto al gobierno actual cuanto a la deprimente realidad económica. Si bien ha incidido mucho la voluntad de los partidarios del gobierno nacional de hundir al gobernador, el compañero Daniel Scioli, por creerlo un infiltrado “neoliberal” a pesar de sus manifestaciones repetidas de lealtad hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su modelo y su proyecto personal, también ha pesado mucho la negativa de los sindicalistas a reconocer que existen límites concretos a lo que el gobierno provincial puede gastar. Aunque todos coinciden en que los docentes merecen ganar mucho más, para posibilitarlo sería necesario reducir mucho los fondos destinados a otras reparticiones públicas, pormenor éste que los líderes de la lucha prefieren pasar por alto. Huelga decir que son reacios a afirmar cuáles a su juicio deberían conformarse con menos o cuántos empleados públicos perderían su trabajo si el gobernador cediera ante sus reclamos. Podría argüirse que, por ser prioritaria la educación, sería lógico que, para apaciguar a los docentes, el Estado dejara en la calle a muchos miles de personas que cumplen funciones prescindibles, pero los sindicalistas serían los primeros en protestar contra las consecuencias sociales, para no decir humanas, de una eventual decisión en tal sentido. Las víctimas principales de los paros ya rutinarios son los jóvenes de familias que no están en condiciones de enviarlos a colegios privados. No sólo en la provincia de Buenos Aires sino también en virtualmente todas las demás jurisdicciones del país, no podrán obtener una educación básica y, con ella, un futuro que sea menos sombrío que el que enfrentarán quienes ni siquiera terminen el ciclo secundario. Asimismo, los paros han contribuido a devaluar los títulos modestos que se entregan a los alumnos que consiguen completar cursos poco exigentes. Aunque las deficiencias notorias de la educación secundaria tanto estatal como privada en nuestro país no se deben sólo a la agitación laboral constante, no cabe duda de que la militancia sindical, al desprestigiar el sistema en su conjunto, perjudica a todos los alumnos. El deterioro del sistema educativo nacional ha sido un síntoma de un proceso de decadencia que podría calificarse de estructural, ya que los retrocesos en un ámbito aseguran que los habrá en otros. En cierto modo, una sociedad se parece a una gran máquina en que una pieza defectuosa puede ser suficiente como para provocar un sinfín de dificultades. Así, pues, aun cuando el país logre superar los graves problemas económicos y financieros que el default acaba de complicar todavía más, el atraso educativo le impedirá competir con los relativamente avanzados. Hay un consenso internacional según el que el estatus relativo de los distintos países se verá determinado por el nivel educativo alcanzado por el grueso de sus habitantes; si están en lo cierto los convencidos de que en adelante será clave la economía del conocimiento, a la Argentina, un país que en el pasado no tan remoto se destacaba por sus logros en dicho ámbito, le esperará un futuro muy mediocre. Son tantas las asignaturas pendientes que los próximos gobiernos tendrán que rendir que puede entenderse la frustración que sienten los dirigentes opositores. No podrán reformar radicalmente un sistema educativo disfuncional a menos que cuenten con los recursos económicos necesarios, pero los combativos sindicatos docentes, con la colaboración de otros, parecen resueltos a obstaculizar cualquier intento de sanear las cuentas financieras estatales. Pero no sólo es una cuestión de dinero. También importa el que para muchos la educación sea otra variable de ajuste, algo que no podrá ser reformado hasta que se hayan resuelto problemas más urgentes, sobre todo los que continuarán acumulándose al internarse cada vez más el país en una etapa terriblemente difícil de la que le costará mucho salir.

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