La elección de Bariloche, en un laberinto judicial

VIEDMA (AV).- La campaña marcha para que Bariloche vote el 27 de mayo, pero muchos interrogantes subsisten a un mes de la elección municipal.

La legalidad del comicio no quedará resuelta antes de las primeras semanas de mayo, pues ese llamado acumula acciones judiciales en contra ante el Tribunal Electoral y el Superior Tribunal de Justicia.

La demora en la disponibilidad y la exhibición de los padrones se constituyó en un elemento cuestionado, como también, la propia convocatoria realizada por el intendente, Alberto Icare.

El socialismo solicitó la suspensión por el atraso en la exposición mientras que el dirigente justicialista Rodolfo Rodrigo reclamó la nulidad del llamado comicial. Ambas apelaciones -que fueron rechazadas por la Junta Electoral de Bariloche- están en análisis en el Tribunal provincial.

El cuerpo judicial resolverá después del descargo que realice el municipio. Se espera la decisión para la semana próxima y, después, seguramente, habrá recursos que llegarán al STJ. Esta instancia proyecta definiciones recién para la segunda semana de mayo, dejando concluida la opinión judicial en el comicio barilochense.

El recurso socialista actualizó el cuestionamiento por la exhibición de los padrones, que debían exponerse a partir del 15 de marzo. Aunque fueron pedidos el 15 de febrero, la Justicia Federal entregó el listado de electores el 4 de abril y fue repartido en los últimos días en la ciudad.

En tanto, un recurso de Rodrigo llegó directamente al STJ para inhabilitar la elección. Todavía, no hay resolución, pero un fallo reciente anticipa su rechazo, ya que ratifica los pasos judiciales en los planteos electorales, reivindicando plenamente la inicial participación del Tribunal Electoral provincial.

El STJ resolvió -en el caso Caro- un recurso de apelación en un amparo donde se cuestionaba una Convocatoria a Elecciones internas de municipales en Villa Regina, reiteró «sus criterios jurisprudenciales sobre el procedimiento especial que rige en la Justicia Electoral».

El máximo cuerpo ratificó «el marco normativo que regula los procesos eleccionarios de la provincia y sus municipios», destacando el «orden en que han de sustanciarse las acciones y recursos previstos en el Código Electoral y de los Partidos Políticos». Asimismo, la resolución reitera que «los procesos electorales expresamente reglamentado» se inician en «las Juntas Electorales Municipales, cuyas resoluciones son apelables ante el Tribunal Electoral Provincial. Allí comienza el proceso judicial electoral y la sentencia del T.E.P. será recurrible ante el mismo Tribunal que lo dictó (T.E.P) y éste deberá elevarla de inmediato al STJ».