“La estafa de una ley que no se cumple”
Al señor gobernador de la provincia de Río Negro, Sr. Alberto Edgardo Weretilneck; a los señores legisladores de la misma y al secretario de DDHH de la Provincia de Río Negro, Sr. Daniel Badié: En 1976 fui declarada prescindible de mis tareas en el Instituto de Investigación y Desarrollo del Valle Inferior del río Negro (Idevi) por quienes detentaban de facto el poder político a partir del 24 de marzo de ese mismo año. Los proyectos que nos sostenían en lo laboral, en lo profesional y en la vida familiar se derrumbaron para dar lugar al día a día, a los caminos oscuros y desordenados de quienes ya no podíamos valernos de lo construido hasta ese momento. Debíamos acomodarnos, sobrevivir, configurar nuestros sueños y esperanzas. Desde un nuevo formato, una sociedad virtual y acuartelada asumía poco a poco que el orden y la obediencia eran, en la superficie, el leit motiv de este nuevo país. En lo profundo todo era incierto, violento, se vivía con el temor y la inseguridad que sólo el desvalor interno y las conciencias aletargadas pueden provocar. Han pasado muchos años y hoy, “cantando al sol como la cigarra”, nos vuelven a lacerar, y apelando a la memoria y a la justicia, con la primera nos lastiman y con la segunda nos niegan. Sancionaron y promulgaron la ley Nº 5042, que reconoce un resarcimiento económico para todos aquellos que a partir del 24 de marzo de 1976 fuimos prescindidos o cesanteados en nuestros trabajos en la administración pública provincial. Desde entonces volvimos a recordar con mayor nitidez aquellos días de zozobra y desconcierto ante la injusticia de quitarnos también nuestros trabajos, nuestro lugar de residencia, nuestro futuro. Y ahora le sumamos la estafa de una ley que no se cumple, la burla de una actitud hipócrita y la complicidad de una sociedad que ingenuamente asume una reparación ficticia. Esta ley parece ser de imposible cumplimiento. El presupuesto que debe ser aprobado para dar cumplimiento a lo que ella establece no se aprueba, y el engaño, uno más de tantos que nos suelen “regalar” desde diferentes organismos estatales, se configura una vez más. A nosotros nos arrebataron nuestros trabajos. Ellos mantienen sus ingresos del erario público. Ellos se culpan unos a otros por la imposibilidad de cumplir con sus deberes de funcionarios públicos, mientras siguen cobrando sus sueldos por un trabajo que evidentemente no terminan de realizar. ¿Quién será el responsable? ¿Será el Ministerio de economía, el de Educación, la Secretaría de DDHH o el gobierno de la provincia de Río Negro? Sin dudas son todos ellos. Tenemos en la provincia una ley que no se cumple y víctimas del terrorismo de Estado que vuelven a ser víctimas de quienes en nombre de la reparación y la justicia dictan leyes que sólo, y en el mejor de los casos, sirven para apaciguar gritos de conciencia, cuando no para abonar fines electoralistas. Olivia Salom DNI 5.802.580 Viedma
Olivia Salom DNI 5.802.580 Viedma
Al señor gobernador de la provincia de Río Negro, Sr. Alberto Edgardo Weretilneck; a los señores legisladores de la misma y al secretario de DDHH de la Provincia de Río Negro, Sr. Daniel Badié: En 1976 fui declarada prescindible de mis tareas en el Instituto de Investigación y Desarrollo del Valle Inferior del río Negro (Idevi) por quienes detentaban de facto el poder político a partir del 24 de marzo de ese mismo año. Los proyectos que nos sostenían en lo laboral, en lo profesional y en la vida familiar se derrumbaron para dar lugar al día a día, a los caminos oscuros y desordenados de quienes ya no podíamos valernos de lo construido hasta ese momento. Debíamos acomodarnos, sobrevivir, configurar nuestros sueños y esperanzas. Desde un nuevo formato, una sociedad virtual y acuartelada asumía poco a poco que el orden y la obediencia eran, en la superficie, el leit motiv de este nuevo país. En lo profundo todo era incierto, violento, se vivía con el temor y la inseguridad que sólo el desvalor interno y las conciencias aletargadas pueden provocar. Han pasado muchos años y hoy, “cantando al sol como la cigarra”, nos vuelven a lacerar, y apelando a la memoria y a la justicia, con la primera nos lastiman y con la segunda nos niegan. Sancionaron y promulgaron la ley Nº 5042, que reconoce un resarcimiento económico para todos aquellos que a partir del 24 de marzo de 1976 fuimos prescindidos o cesanteados en nuestros trabajos en la administración pública provincial. Desde entonces volvimos a recordar con mayor nitidez aquellos días de zozobra y desconcierto ante la injusticia de quitarnos también nuestros trabajos, nuestro lugar de residencia, nuestro futuro. Y ahora le sumamos la estafa de una ley que no se cumple, la burla de una actitud hipócrita y la complicidad de una sociedad que ingenuamente asume una reparación ficticia. Esta ley parece ser de imposible cumplimiento. El presupuesto que debe ser aprobado para dar cumplimiento a lo que ella establece no se aprueba, y el engaño, uno más de tantos que nos suelen “regalar” desde diferentes organismos estatales, se configura una vez más. A nosotros nos arrebataron nuestros trabajos. Ellos mantienen sus ingresos del erario público. Ellos se culpan unos a otros por la imposibilidad de cumplir con sus deberes de funcionarios públicos, mientras siguen cobrando sus sueldos por un trabajo que evidentemente no terminan de realizar. ¿Quién será el responsable? ¿Será el Ministerio de economía, el de Educación, la Secretaría de DDHH o el gobierno de la provincia de Río Negro? Sin dudas son todos ellos. Tenemos en la provincia una ley que no se cumple y víctimas del terrorismo de Estado que vuelven a ser víctimas de quienes en nombre de la reparación y la justicia dictan leyes que sólo, y en el mejor de los casos, sirven para apaciguar gritos de conciencia, cuando no para abonar fines electoralistas. Olivia Salom DNI 5.802.580 Viedma
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