La excepción se volvió regla 

Por Liliana Piccinini (*)



La realización del derecho penal impone -como regla- que la pena legalmente impuesta a través de una sentencia condenatoria sea cumplida. Nuestro sistema penal prevé una excepción. Trátase de aquellos casos de condenados por delitos cuyas penas no exceden los tres años de prisión, siendo sus autores primarios en la comisión delictiva. Ante ellos el Código Penal "faculta" a los jueces a dejar en suspenso el cumplimiento de la sanción. Esta facultad sólo puede ser ejercida previa fundamentación del magistrado, quien deberá basar su decisión en una serie de consideraciones de orden subjetivo y objetivo que la legislación de fondo le indica; a saber: la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, la naturaleza del hecho, los motivos que lo impulsaron a delinquir, y demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad (Art. 26 del CP).

La norma es la excepción a la regla que establece que las penas han sido creadas para ser cumplidas, y lo hace con esmerada prudencia pues no impone sino que faculta al magistrado para tal tarea, conminándolo con sanción de nulidad del fallo para el caso de otorgar la condicionalidad sin fundamentación válida. Sin embargo, fuerza es admitirlo, en la casi totalidad de las condenas a quienes no poseen antecedentes penales y han sido hallados autores de delitos cuya pena máxima no excede de tres años, sin otro fundamento, se les otorga la condicionalidad de la ejecución de la pena. Podría decirse, sin exagerar, que la aplicación de la excepción es automática, pues no contempla más que esos indicadores, soslayando las restantes circunstancias. De allí que la facultad que troca la pena en severa advertencia, aun con todas las condicionantes que se imponen (Arts. 27 y 27 bis del C. Penal), deba ser aplicada con la prudencia que es menester para que la excepción no se convierta en regla y la sociedad no se sienta defraudada en su demanda de justicia, reaccionando con el pedimento equívoco de mayor severidad de las penas. Las penas son de por sí severas en nuestro sistema. La solución radica en hacerlas cumplir cuando y como corresponde. Así y sólo así, el justiciable entenderá que la amenaza estatal no es meramente teórica y la sociedad comenzará a percibir que sus intereses están siendo protegidos. Cuando se expresa la sensación de inseguridad de la comunidad, detrás del reclamo de justicia, existe un reproche mayor de gente del común que se plasma en simples términos: "Esto que le ocurrió a mi vecino, puede ocurrirme a mí, porque nadie hace nada". En rigor de verdad, se hace. El replanteo debe afincarse en "cómo se hace". Sin desechar la criminología, sin desperdiciar ninguno de los nuevos institutos que tienden a la aplicación de modos alternativos de la pena, sin alejarse de las posturas de reparación entre víctima y victimario. Dándole la franca bienvenida a todas las variantes del sistema represivo, ha de hallarse el justo término.

Un buen comienzo estaría dado en colocar las cosas en su lugar. Así, cuando un tribunal decida aplicar efectivamente una condena a pena de prisión por un homicidio culposo, esto no se convierta en titular de los medios, sencillamente porque ésa es la regla. Así corresponde que lo perciba diariamente la sociedad. Otro paso insoslayable debe darlo la magistratura y el ministerio público fiscal, ambos deben tener siempre presente que una sentencia, dentro de la pirámide jurídica, es una ley individual. Como tal posee efectos jurídicos inmediatos sobre el justiciable, pero también es la traducción en acto de aquello que la ley manda. Si -volviendo al caso del homicidio culposo- la norma penal anuncia al ciudadano que si provoca la muerte de un tercero por imprudencia, negligencia o incumplimiento, habrá de merecer pena de prisión e inhabilitación especial, mas luego percibe que rara y excepcionalmente la amenaza se cumple, entonces, el fin del sistema, que no es otro que el de evitar el comportamiento contrario a la ley, no se satisface. Pues el conductor desaprensivo que raudamente recorre nuestros caminos o el que bebe antes de conducir, el que manipula inconvenientemente una máquina o un arma, aumentando el riesgo social permitido, jamás se detendrá a pensar lo que puede ocurrirle, pues a diario la excepción es para él la regla.

(*) Jueza correccional Primera Circunscripción Judicial de Río Negro. 


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