La falta de presupuesto complica los objetivos del IAPL

La falta de presupuesto complica al Instituto de Presos y Liberados

La ley que puso en funcionamiento el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) fijó pautas ambiciosas. Estableció que el organismo “tiene por finalidad la disminución de la criminalidad y la reincidencia por la rehabilitación moral, asistencia material y readaptación de los presos y liberados”. Es más, incluyó “la asistencia moral y material de sus familiares, y la creación de fuentes autogestivas y alternativas de trabajo”.

La norma fue sancionada a finales de 1989. Pasaron más de 27 años y hoy la tarea del IAPL es mucho más compleja. Y en Bariloche hay voces que advierten que los objetivos no se están cumpliendo porque falta voluntad política y, sobre todo, porque los presos que recuperan la libertad se encuentran sin posibilidades de acceder a un trabajo, sin ingresos para sostener a sus familias ni para pagar los servicios básicos de sus hogares. Fuentes de tribunales resumieron la situación: “Los presos no son una prioridad para los gobiernos”.

El presupuesto

“En Bariloche, el IAPL funciona con dificultades por falta de presupuesto”, sostuvo una fuente judicial que conoce del tema.

Alrededor del 80% del presupuesto anual asignado al IAPL, que depende del Ministerio de Seguridad y Justicia, se destina al pago de salarios del personal. El presupuesto de este año asciende a $ 15.032.000 de los cuales 12,7 millones serán para pagar remuneraciones. En 2016, el presupuesto alcanzó los $ 13,2 millones y en sueldos se asignaron 10,35 millones, informaron oficialmente desde el IAPL.

Desde la otra vereda, advierten que sectores de la sociedad exigen al IAPL que logre en seis meses la readaptación de una persona que transgredió la ley, cuando fallaron durante años todos las barreras de contención estatal y social.

El director del IAPL, Fabián de la Guarda, aseguró a “DeBariloche” que desde el organismo se hace “el acompañamiento y el control social” de las personas que transgredieron la ley, en función de las pautas de conducta que les impuso un juez o un tribunal. Aunque admitió que se requiere de mayor profundidad en la intervención técnica.

Esas pautas de conducta incluyen desde ponerse a disposición del IAPL, presentarse a firmar periódicamente, someterse a tratamientos psicológicos, multas, resarcimientos, donaciones o tareas comunitarias de las personas. De la Guarda asumió el 1 de febrero pasado al frente del Instituto. Afirmó que en estos cinco meses de trabajo “hemos dado un cambio, se incorporó gente que era necesaria porque aumentó muchísimo la población bajo abordaje”.

Personas bajo la IAPL

Estimó que el 95% de las demandas de los personas que controla el IAPL se canalizan por intermedio de Desarrollo Social de la provincia a partir de los informes socioambientales que hacen los asistentes sociales. De esa forma se gestionan los subsidios económicos o los proyectos para acceder a programas de microemprendedores.

Aseguró que hubo personas que en la etapa final de la pena presentaron proyectos y accedieron a programas para comprar herramientas. Indicó que Desarrollo Social analiza los proyectos y los aprueba. Aunque el plazo mínimo es de 30 días. Los aportes para desarrollar microemprendimientos oscilan entre $ 18.000 y 20.000.

De la Guarda indicó que el organismo tiene a su cargo el control de las personas que accedieron, por ejemplo, al beneficio de la suspensión de juicio a prueba y que cumplan las pautas de conducta que les impusieron.

También se ocupa de fiscalizar el cumplimiento por parte de los presos que accedieron al beneficio de la libertad condicional, salidas transitorias, al régimen de semilibertad o de prisión domiciliaria.

Tratamientos

Uno de los problemas que detectaron tiene que ver con los tratamientos psicológicos que los jueces les imponen a algunas personas que accedieron a beneficios previstos en la ley cuando cumplieron una parte importante de la condena o accedieron a una probation.

“El tratamiento psicológico forma parte central del tratamiento de una persona”, sostuvo De la Guarda. “Lo que ocurre es que muchas veces el tratamiento, que es voluntario, se termina en la primera o segunda entrevista”, indicó. Dijo que es un tema que vienen hablando con representantes del Poder Judicial para introducir cambios. “Nos preocupa el cumplimiento de esa pauta, porque desde el Poder Judicial en el último tiempo vemos cómo se ha puesto el acento en este tema”, sostuvo.

De la Guarda reconoció que es una pauta que el preso debe cumplir, “pero si el profesional matriculado indica que la persona no adhiere al tratamiento, no sigue”. Comentó que en el penal de Viedma comenzó a funcionar un equipo de abordaje por esa situación.

Tareas comunitarias

Consideró que para que funcione la tarea del IAPL prevista en la ley “debería haber más recursos humanos y tiene que haber una mayor conciencia de un trabajo interinstitucional”.

Señaló el caso de las tareas comunitarias que deben cumplir las personas bajo la guarda del IAPL, “pero la gente de algunas instituciones se espanta con el nombre de Instituto de Asistencia de Presos y Liberados”. “Y te dicen: ¿pero me vas a traer a presos para hacer tareas comunitarias?”, puntualizó, “porque en la sociedad está puesto el acento en lo punitivo-represivo”.

A esa situación se suman los prejuicios. Y así son pocas las instituciones que abren sus puertas para que los personas hagan las tareas comunitarias que deben cumplir según dispone una resolución judicial.

“Hoy, sinceramente, sólo las iglesias católicas y evangélicas son las únicas que tienen vocación social de ayudar”, afirmó.

Sobre la relación con el Poder Judicial, De la Guarda afirmó: “Siento que ahora hay una gran apertura, colaboración. Antes era un ámbito muy lejano, y ahora los equipos técnicos pueden participar de reuniones y la relación es muy buena”.

La visión desde la Pastoral Carcelaria

Cristina Martín integra la Pastoral Carcelaria en Bariloche y desde hace unos 12 años concurre con frecuencia al Penal 3. Opinó a partir de su experiencia que el IAPL “no cumple los objetivos que prevé la ley”. “Hoy funciona como una oficina de firmas”, dijo.

Sostuvo que “tres años atrás había más respuestas acá en Bariloche. Ahora son muy cortas y limitadas”. “No hay un acercamiento, sólo mandan a confirmar al asistente social si el preso está trabajando o si estudia”, sostuvo Martín.

“Hoy no sé cuáles son los objetivos”, expresó. “Antes se manejaban con más recursos. Ahora no tienen ni posibilidad de conseguir pasajes a veces para los familiares de los internos que deben viajar para visitarlos”, sostuvo. Una fuente judicial aseguró que no sólo cuesta conseguir pasajes, tampoco se generan desde el IAPL propuestas laborales para las personas que salen de la cárcel.

Una fuente oficial aseguró que el tema de los pasajes “está aceitado y sólo tienen que pedirlos con anticipación”.

Martín dijo que antes asistían a los presos con materiales para estudiar. Afirmó que tuvieron que llevar un pizarrón a la casa de pre egreso para que los docentes pudieran dictar clases.

“No es prioritario todo lo que sea del penal y está muy solo, muy limitado el IAPL”, enfatizó.

En Bariloche hay unas 230 personas bajo la tutela del IAPL, en Viedma 700, en Roca unas 450 y en Cipolletti alrededor de 420, dicen desde el Instituto.

“Debería ser una regla de los municipios, que dispongan una articulación con las horas comunitarias”.

“Hemos tenido casos de un abogado, un veterinario, un albañil que no tienen donde cumplir tareas comunitarias”.

Fabián de la Guarda reclama mayor colaboración municipal.