La familia del ex represor Febres se desvinculó de su muerte

BUENOS AIRES (DyN/ Télam ) – La esposa y los dos hijos del fallecido represor de la ESMA Héctor Febres fueron indagados ayer por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien investiga la muerte por envenenamiento del ex subprefecto, que enfrentaba un juicio por crímenes de lesa humanidad.

Antes del comienzo de la indagatoria, en la que los familiares buscaron desvincularse de haber tenido participación en la muerte del represor, uno de los abogados que los asiste, Martín Orozco, adelantó a DyN que pediría la «excarcelación» de sus clientes.

«Es inverosímil» que los familiares de Febres «hayan participado» en un posible «suicidio» o «crimen» del ex represor, afirmó el letrado Claudio Casio, también abogado defensor de la familia del represor.

El letrado dijo que lo «único» que conoce es «el hecho de la detención» de sus clientes, puesto que el carácter de secreto de sumario de la investigación le impidió conocer cualquier detalle.

En este marco destacó que lo primero que tendrán que hacer es notificarse en el juzgado respecto a «si les están achacando algo o si los detuvieron por seguridad».

Guevara y sus hijos, el prefecto Héctor Ariel y Sonia Marcela, serían los últimos que vieron con vida a Febres el domingo pasado, cuando compartieron una cena en su celda de la delegación Delta de Prefectura, donde se encontraba detenido desde el '98 por robo de bebés.

El trámite procesal estaba previsto en los tribunales federales de San Isidro para las 15, pero se demoró y recién pudo empezar a cumplirse pasadas las 20.

La esposa de Febres, Stella Maris Guevara, y sus hijos, Héctor Ariel y Sonia Marcela, fueron detenidos el viernes en sus domicilios, y trasladados incomunicados a la Unidad 28 del Palacio de Tribunales de esta capital, luego de determinarse que habían cenado con él en la dependencia de Prefectura en la que estaba alojado, horas antes de que falleciera, aparentemente por ingerir cianuro.

En ese contexto, el Gobierno rompió el silencio ante la muerte del ex subprefecto, y pidió que se investigue por qué «fallaron los controles» donde el ex represor estaba

detenido desde 1998 y fue encontrado envenenado, cuatro días antes de conocer la sentencia del juicio que se le seguía por robo de bebés durante la última dictadura militar. (ver aparte)

Al margen de la situación de los familiares de Febres, hay otros dos detenidos, ambos de la Prefectura Naval: el jefe de la zona Delta, prefecto mayor Rubén Iglesias, en cuya jurisdicción estaba detenido Febres, y un agente que lo custodiaba, y habría otro sospechoso prófugo.

Ambos funcionarios también prestaban declaración anoche, luego de que cumplieran el trámite los familiares del marino fallecido.

Por su parte, el abogado Rodolfo Yanzón, querellante en la causa Febres y en la investigación por su muerte, advirtió que «hay una responsabilidad institucional, porque es imposible que se le haya dado muerte sin la venia de la Prefectura Naval y también de la Armada». Además, ratificó que la semana entrante pedirá una cita con la presidenta Cristina Fernández para pedir la colaboración del Gobierno en el esclarecimiento del caso, y solicitará al juez federal porteño Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, que ordene el «traslado a cárceles comunes de los imputados».

El lunes último, Febres apareció muerto por ingesta de cianuro en su celda, cuatro días antes de conocerse el primer fallo en su contra por torturas y privación ilegal de la libertad entre otros cargos. Con su muerte quedó sin efecto el proceso que dejaba sentada la primera sentencia por los delitos cometidos en la ESMA, el centro clandestino de detención más emblemático de la dictadura.