La Fiscal opinó que no hubo delito

La Cámara resolverá esta semana si confirma o revoca los procesamientos de ocho ex directores, y autoridades de Horizonte y el IAPS, entre ellos, funcionarios provinciales.

Causa Seguro de Soria

La investigación por el pago de los seguros del asesinado gobernador Carlos Soria sufrió un revés porque la fiscal subrogante Itziar Soly entendió que no existió delito. Así se lo planteó a la Cámara en lo Criminal que evalúa si confirma o revoca los ocho procesamientos que resolvió el juez Favio Igoldi contra a autoridades y ex directivos de las aseguradoras Horizonte y el IAPS, entre ellos, actuales funcionarios provinciales.

Esta semana, la Cámara -que preside Jorge Bustamante, e integran Marcelo Chironi y Eduardo Roumec- resolverán en referencia a los procesamientos dictados por Igoldi que entendió que lo abonado se realizó de “manera ilegal” porque los trámites se iniciaron fuera de término y, además, consideró que las autoridades “hicieron de verdaderos representantes de los beneficiarios y no de la empresa que representaban”.

Las imputaciones se encuadraron en “administración fraudulenta agravada” porque no avaló el pago estatal a los cuatro hijos del exmandatario por casi 1,4 millón de pesos, mayormente perteneciente a Horizonte, cancelado en 10 cuotas. IAPS.

Después, el fiscal de grado, Hernan Trejo cuestionó y apeló el fallo de Igoldi en referencia a los procesamientos por el desembolso del IAPS, con lo cual, liberara de responsabilidades a sus directores, entre ellos, a los funcionarios de Economía, como el secretario de Hacienda, Emmanuel Tobares y el subscretario Ezequiel Cortés, y el asesor legal, Luis Prieto Taberner. Todos ellos, procesados mientras que además el juez llamó a indagatoria al ministro Alejandro Palmieri y, posteriormente, le pidió su desafuero a la Legislatura.

En la audiencia de agravios, la fiscal subrogante de la Cámara, Itziar Soly -que el próximo lunes participará de la elección del Consejo para lograr esa titularidad- no ratificó la opinión de Trejo. Pero, luego, en su dictamen fue más allá y desautorizó totalmente el fallo del juez por concluyó que no existió ningun delito en la tramitación de los seguros y las autoridades de Horizonte y el IAPS abonaron bien.

Ese dictamen totalmente liberador para los imputados constituye una innegable presión para la inminente resolución de Cámara. Además de Tobares, Cortés y Prieto, los procesamientos de Igoldi también llegaron a ex directivos de Horizonte, como Sandro Chaina, Nelson Cides (actual subsecretario de la Secretaria General) y Ernesto Acebal; y las gerentes Leonor Zamborain y María Mercedes Iaquinandi.

Como Palmieri, otro imputado y llamado a indagatoria fue el fiscal de Estado, Pablo Bergonzi, que se amparó en sus fueros pero el juez Igoldi también requirió su desafuero a la Legislatura.

La Cámara resolvería esta semana

La Cámara resolvería esta semana en relación a las apelaciones de los procesamientos. En su fallo de fines de mayo, Igoldi había sido concluyente, incluso había informado a la Fiscalía de Estado para el análisis de las acciones para requirir la restitución de lo abonado a los hijos de Carlos Soria.

La investigación se originó en marzo después que el gobernador Alberto Weretilneck denunciara al intendente de Roca, Martín Soria porque le había planteado “negociados y prácticas corruptas”. Sus dichos determinaron la intervención de oficio de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, tras lo cual, Igoldi pidió precisiones y, entre los puntos, el mandatario informó de gestiones de Soria por los seguros. El juez concurrió a Horizonte y retiró esos expedientes, abriendo la causa.

Finalmente en su resolución, el magistrado determinó “prima facie, que ambos beneficios (IAPS y Horizonte) fueron abonados de manera ilegal, convirtiéndose el mismo en un pago sin causa”. Afirmó no tener “dudas que las autoridades hicieron de verdaderos representantes de los beneficiarios -y no de la empresa que administraban-, no se puede concluir otra cosa si tenemos en cuenta que se ingresó la solicitud del beneficiario al quinto día de su fallecimiento, se abonó estando caduco el derecho indemnizatorio y, aún peor se quiere expresar que se inició de oficio la tramitación (hecho no previsto en la póliza) “. Resaltó que “los imputados se desinteresaron de sus deberes de fidelidad para con la empresa” para “beneficiar a los hijos del exgobernador”.

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