La Fiscalía de Estado denunció sobreprecios

Kits escolares

La compra millonaria de 85.800 kits escolares por parte de Educación, que se entregó en forma parcial, tuvo el cuestionamiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por los precios aceptados, considerando que se acordaron valores de un 30% superiores a su estimación de mercado.

Esa operación -que ya fue noticia porque la empresa no entregó las mochilas- tuvo ese sobrecosto, lo cual, totalizó una diferencia superior a los 7 millones con una evaluación planteada por ese órgano de control.

Recientemente, otra auditoría de esta Fiscalía, a cargo de Marcelo Ponzone, cuestionó también los valores admitidos por Desarrollo Social en una preadjudicación para la adquisición de módulos alimentarios, considerando la existencia de sobreprecios. Ese análisis concluyó en pedido de multas a funcionarios y la presentación de una denuncia penal.

En este caso, la Fiscalía se concentró en la operación después de notas periodísticas en referencia a irregularidades en la licitación de los kits escolares, especialmente porque la empresa no cumplió con la entrega de las mochilas.

A fines del 2015, la Secretaría de Auditorías, que conduce Viviana Furfuro, concluyó con su informe y advierte varias irregularidades, puntualmente el costo fijado para la operación, y que no está “acreditado el destino de bienes y constancia de distribución”.

Con “presupuestos de fechas de diciembre del 2014”, la licitación fue fijada con un valor oficial de 21.072.708 de pesos aunque la adjudicación de junio se aprobó por 24.453.850 en favor de Luprod SRL. Pero, la auditoría concluye una estimación para esa venta de 17.102.847, “con valores de octubre del 2015”, y considerando listas de precios de La Brujula SRL y de los Precios Cuidados”. Esos costos arrojan una diferencia en menos de 7.351.003 comparados con los montos adjudicados por Educación. En concreto, los precios aceptados en junio pasado -según el informe- expresan un sobrevalor de un 30,06% frente a los octubre de la Fiscalía.

Los 85.800 kits estaban destinados a los Niveles Inicial y Primaria, compuestos por distintos útiles, salvo que todos tenían una mochila de lona. La empresa entregó parcialmente ese elemento, lo cual, derivó en una rescisión parcial de la operación. Esta situación derivó en pagos iniciales a la firma de parte del ministerio mientras se tramitan descuestos de multas y garantías por incumplimientos.

La auditoría de la Fiscalía expresa que “no figuran los parámetros utilizados a fin de determinar las cantidades a adquirir de cada modulo, ni constancia que indique la cantidad de alumnos matriculados en la provincia en los niveles inicial y primario”. Tampoco está “acreditado el destino dado a los bienes, ni existe constancia o cronograma de entrega y/o distribución”.

El informe de la auditora concluye que los” funcionarios y agentes intervinientes”: la ministra de Educación, Mónica Silva, las subsecretarías de Administración, Liliana Arriaga y de Consejos Escolares, Mabel Rigoni; el director de Administración, Fernando Martínez y el encargado de Distribución, Justo Rodríguez.

DeViedma