La Fiscalía también pidió perpetua

En el segundo día de alegatos, volvieron a solicitar la pena máxima para el represor Luciano Benjamín Menéndez y cuatro ex militares. El fiscal consideró penas entre 18 y 22 de años de cárcel para otros tres imputados.

La Fiscalía reclamó hoy la prisión perpetua para el represor Luciano Benjamín Menéndez y otros cuatro ex acusados por el crimen de un grupo de secuestrados durante la última dictadura, mientras que solicitó penas de entre 18 y 22 años de cárcel para otros tres ex militares que no habrían estado en el campo clandestino «La Perla» en el momento de los fusilamientos, en diciembre de 1977.

«¿Hay algo para demostrar que lo que los sobrevivientes dijeron es producto de la imaginación?», desafió la Fiscalía al pedir la prisión perpetua para el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército y para los ex militares Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Oreste Padován y el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone.

En tanto, los fiscales solicitaron 22 años de prisión para Hermes Rodríguez, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141, y para Jorge Acosta, ex jefe operativo del campo de concentración de la Perla. También reclamaron 18 años de prisión para el ex militar Carlos Vega, quien se encontraba de licencia en el momento de los hechos.

Sobre ese punto, el Ministerio Público se diferenció de las querellas que habían pedido para ellos 25 años de carcel. Esta mañana, frente al Tribunal Oral en lo Federal 1, el fiscal Maximiliano Hairabedian fue el encargado de formular los pedidos de pena luego de una extensa jornada en la que el Ministerio Público realizó una detallada descripción del contexto de terrorismo de Estado en el que se cometieron estos hechos atroces.

«No se puede criticar a las Fuerzas Armadas por haber intervenido (en la violencia política de los '70), porque la Constitución se lo permitía», dijo Hairabedian, pero advirtió que «el problema son los delitos que se cometieron masivamente en ese marco», es decir, «el secuestro, tortura y asesinato de cuatro personas en 1977».

El fiscal sostuvo que «hay pruebas objetivas y externas que confirman» que «este campo ha existido, ahí se llevaba a personas que eran perseguidos políticos» y vaticinó que «las defensas obviamente van a criticar (a los sobrevivientes), les van a cuestionar sus procedencia política y hasta puede ser su condición de víctima».

«Este desvió es una trampa argumental muy frecuente, de atacar a la persona lo que es y no por lo que dice. Los sobrevivientes no fueron 'colaboradores', porque fueron víctimas, incluso más que los que fueron asesinados», se añadió.

A la fiscal Graciela López de Filoñuk le tocó analizar la responsabilidad de los ejecutores, y su colega Fabián Asís justificó el encuadramiento de estos hechos bajo la figura de lesa humanidad.

Aquí se juzga las responsabilidad de estos acusados en los crímenes de Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Cardozo, todos ellos militantes de Partido Revolucionario de los Trabajadores que fueron secuestrados entre el 6 y el 8 de noviembre de 1977 y finalmente asesinados el 15 de diciembre de 1977.  

 

Fuente: DyN.


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