La forma es lo de menos

ANÁlisis

Tres respuestas inefables del principal funcionario del gobierno de Saiz el miércoles pasado: – “No había reglamento (para definir cómo se repartía los sobresueldos). Eran acordados de palabra dentro del gabinete”. – ¿Había reparto en efectivo?: “Se daba personalmente al titular de cada área”. – ¿Hay ex funcionarios en la lista?: “Quisiera creer que no”. La informalidad es admitida sin rubor por el secretario general de la Gobernación, Francisco González, cuando explica el sistema de reparto de sobresueldos. Las únicas evidencias a la vista confirman que González se autoasignó más de 200.000 pesos mensuales y les fijó a los ministros montos que van de 30.000 a 80.000. González ha replicado –sin pruebas- que los dineros se distribuían a unos 400 funcionarios del Ejecutivo. Incluye en ese lote a las sociedades del Estado, pero olvida que cada empresa pública fija autónomamente sus salarios. Promete listas y recibos pero no se los ha dado ni siquiera a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ni al Tribunal de Cuentas. Debería reunir 4.800 recibos al año. Son siete años. A la Justicia parece no interesarle esos 400 beneficiarios. Se concentra en el reparto entre los miembros del gabinete. Considera que el delito, de probarse, se agota en la llegada del dinero a los ministros, más allá de lo que hicieron con él. Veamos el aspecto “legal” de la maniobra. Los funcionarios creen estar protegidos por dos normas: el Decreto 02/04 y la Resolución 61/04. El primero sólo incluye como “gastos de función jurisdiccional” al “suplemento por dedicación exclusiva funcional”. Dicho en otras palabras: el gobernador no establece ni justifica en ese decreto el plus. Sólo crea la partida 394 donde meterán por seis años el sobresueldo, para luego cambiarla el último día hábil de 2009 por otra más ambigua que les permita aumentar significativamente sus montos. La Resolución 61/04 del Ministerio de Coordinación, nunca ha sido mostrada a los rionegrinos por el gobierno. La firma César Barbeito cuando era jefe de ministros. Ésta sí argumenta por qué deberían darse un “suplemento” los funcionarios. La Legislatura no ha visto, debatido ni aprobado semejante decisión que altera los salarios de los ministros. El secretario González, expone en la presentación que hizo al Tribunal de Cuentas, el detalle del “procedimiento administrativo y los controles a los que estos trámites están sometidos”. Ahora bien, ¿cómo podría auditar este organismo contralor movimientos millonarios de fondos con la debilidad con la que están confeccionadas las normas legales que le dan sustento? En la suposición de que aparezcan las famosas listas, el Tribunal de Cuentas se encontraría con una nómina periódicamente modificable (con funcionarios renunciados, otros ascendidos y otros que han cambiado de dependencia o de función), con el agravante de que los montos recibidos provienen de acuerdos verbales y con la autonomía de cada organismo para fijarlos o modificarlos. Nada previsible ni constante hay en las resoluciones que fijan cuánto sobresueldo debe recibir cada ministro. Mes a mes, hay diferencias notables en las asignaciones y un aumento constante que hasta llega a duplicarse en 2008. No hablemos de la novedad de hoy: lo que ocurrió en enero y la millonada prevista para 2011. Por otra parte, ¿con qué herramientas los organismos de control podrían verificar que los supuestos cientos de beneficiarios incluidos están correctamente incorporados en la lista, y cómo controlarían las altas, bajas y modificaciones registradas al cabo de siete años de vigencia de estos sobresueldos? Para hacerlo más complicado, sólo el 10% de los pagos se realizaba por transferencia a través de instrucción al Banco Patagonia para los funcionarios subalternos “bancarizados”. El resto se hacía directamente ensobrando billetes en cada uno de los ministerios, por lo tanto quien recibía estos pagos sólo firmaba un simple recibo de requisitos ordinarios. ¿Cuál podría ser la razón por la cual no todos reciben su pago bancarizado tratándose de funcionarios y agentes incorporados a la nómina del Estado? Es fácil deducir que quien quiera controlar esto abandonaría rápidamente la tarea, simplemente porque lo que le toca auditar es prácticamente imposible. Solo resta sacar las cuentas a partir de los dichos del propio González, de que anualmente se deberían rendir y controlar miles de recibos sin ningún requisito superior al modelo de talonarios tipo “húsares” que se venden en un kiosco. La pregunta es entonces: ¿por qué razón no se hizo el pago de estos suplementos salariales, por recibo, en blanco y dentro de la habitual liquidación de los haberes? Nadie hace algo deliberadamente mal si lo puede hacer bien y de una manera sencilla.