La fruta de la discordia

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La actividad frutícola es compleja.

En parte, porque de ella participan actores de muy diversa formación, capital y poder de negociación. Y porque el mercado internacional determina los precios finales del producto, y la dinámica interna de la cadena de producción define luego la distribución de las ganancias. Y, cuando no las hay, el amargo reparto de las pérdidas.

Los productores frutícolas le suman a esto que, como en cualquier producción agrícola, tienen que vérselas con los problemas climáticos, de suelo y control de plagas, y con el cambio de preferencia de los consumidores respecto de variedades que tardan años en dar frutos. Son un sector heterogéneo y, por ello, el que mayores dificultades presenta a la hora de acordar conductas o políticas. Entre ellos hay grandes productores, otros más pequeños pero que atendieron los consejos de integrarse y otros que, en cambio, se mantienen independientes y constituyen uno de los eslabones más vulnerables de la cadena productiva.

A la luz de lo sucedido en las últimas cuatro décadas en el Alto Valle, podría concluirse que la existencia, aún hoy, de fruticultores de pequeña escala muestra -en cierto modo- el fracaso de caros y pretenciosos programas estatales de reconversión y asistencia tecnológica, así como la incapacidad de las cámaras sectoriales para actuar como agentes de transformación para optimizar la rentabilidad de sus asociados.

Resulta penosa la reiteración de protestas a comienzos de cada temporada de cosecha. Sobre todo, porque su sola existencia refleja que la actividad no encuentra el modo de alisar sus propias arrugas y conciliar intereses en un foro transparente y genuino.

Desde el punto de vista político, tampoco los organismos específicos del Estado provincial supieron actuar a tiempo para evitar que el conflicto llegara a mayores. Confió en que bastaba responsabilizar a la Nación, sin advertir que el problema estallaría igual en la región. Tampoco en nada ayudó el simplismo de suponer que una ley «construye» la realidad o, en este caso, estructura una actividad privada.

Ya con la crisis desatada, el gobernador Miguel Saiz debió intervenir en forma personal, porque los interlocutores de menor jerarquía quedaron superados y como reacción al protagonismo que amenazaba adquirir Miguel Pichetto.

La reunión de Choele Choel, cuando los tiempos se agotaban para la cosecha de la pera, tuvo el carácter de una puesta en escena en la cual los distintos sectores consintieron en salir de la parálisis sin firmar nada demasiado concreto. Lo único que en rigor establece el acuerdo -que de una manera algo insólita el gobernador calificó como un hecho inédito- es un precio base, aunque ninguno de los allí presentes haya supuesto que escribir tal cosa en un papel fuera suficiente para lograr que ese precio tome virtualidad en el mundo real en el que se desarrollan los acontecimientos vinculados con el comercio de frutas.

Lo que el acta no dice es qué pasará si alguien no paga ese precio, qué hará el Estado para compensar lo que niegue el mercado, y detalles por el estilo.

En definitiva, el efecto positivo del acta acuerdo fue que los productores volvieron a la chacra, los empacadores a su galpón y la cosecha comenzó, al fin, al tiempo que marcó la madurez de los frutos.

Tal vez porque cada uno de los sectores marchó rápidamente a su tarea es que el gobernador pronunció autoalabanzas a su gobierno, al que le adjudicó haber resuelto un problema que nadie en la fruticultura considera superado.

Es probable que, si no la solución -al menos- un alivio, venga de la mano de la relativa comprensión que manifestaron el viernes los funcionarios nacionales que recibieron a representantes de los sectores, acompañados por los ministros Acattino y Verani, por el secretario de Fruticultura rionegrino, Jorge Chiófalo, y por el senador Pichetto.

Si bien todavía la Nación no parece dispuesta a corregir su política de retenciones a la actividad -algo que debería hacer- al menos el secretario de Agricultura, Miguel Campos, admitió la posibilidad de integrar un fondo con recursos para compensar los desequilibrios comerciales de la fruticultura y contemplar la posibilidad de incrementar los reintegros impositivos.

Como principio general, las retenciones a la exportación se basan en que el Estado tome parte de los beneficios de un sector que -por razones vinculadas con el tipo de cambio- se hayan vuelto particularmente jugosos en relación con los costos internos de producción. No es éste el caso de la fruticultura en estos años, ya que la rentabilidad global de la actividad ha sido nula cuando no negativa o pobrísima. Por lo tanto, si la Nación resiste subsidiar a una actividad regional en problemas, al menos ayudaría que dejara de reducirle recursos.

En lo que respecta a aspectos concretos de la región, y aunque en la Argentina el paro, el corte de rutas y medidas similares están a la orden del día, sería bueno que los protagonistas de la actividad frutícola encontraran el modo de conciliar los intereses divergentes de los sectores, en procura de defender el interés común de fortalecer su fuente de trabajo y riqueza. De lo contrario, si no consiguen integrarse en un esquema intersectorial razonable y transparente, deberán seguir confiando en el mayor o menor conocimiento que los políticos provinciales o nacionales de turno tengan sobre la fruticultura, y en la mayor o menor imaginación que muestren a la hora de sacar las papas del fuego y los tractores de la ruta.

Porque hoy, pasado el apuro, el gobernador Saiz ya tiene otras cosas de qué ocuparse: la relación con los estatales, el presentismo docente, la licitación del agente financiero provincial ante el vencimiento del contrato con el Banco Patagonia… En fin, un rosario de cuestiones que lo alejarán de los efectos que tenga o no tenga el acta firmada días atrás en Choele Choel.