La gran apuesta de Macri

apuntes para la semana

El título es pomposo, pero confuso. La nueva ley que aprueba el “Régimen Nacional de Reparación Histórica de Jubilados y Pensionados”, promulgada y publicada el viernes en el Boletín Oficial, consta de 14 títulos que podrían ser considerados como proyectos individuales. Pero al incluir el blanqueo de capitales, que será reglamentado esta semana para regir a partir de agosto, redondea la principal apuesta del gobierno de Mauricio Macri para reactivar la economía y mejorar sus chances en las elecciones legislativas de 2017.

Vale la pena repasar sucintamente el contenido de esta ley de 97 artículos para advertir que persigue varios propósitos, más allá de su declarado objetivo de hacer justicia social con 2,4 millones de jubilados que ganaron, tramitan o podrían iniciar juicios contra el Estado Nacional por la liquidación de sus haberes sin ajuste por inflación.

El blanqueo de dólares, activos y propiedades no declarados, en el país y el exterior, es la pieza clave, aunque recién aparece en la segunda parte del texto y destina a la Anses la recaudación que se obtenga. También incluye el pago de deudas y/o mejora de haberes a los jubilados y pensionados con o sin juicios pendientes; la prestación universal a adultos mayores no cubiertos por el sistema previsional; un “premio” a los contribuyentes cumplidores que no blanqueen (exención hasta 2018 del pago de Bienes Personales, cuyos mínimos además serán actualizados); una moratoria impositiva para el pago de deudas en hasta 90 cuotas, sin multas ni intereses punitorios; la derogación en 2019 del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; el estatus legal a los acuerdos con todas las provincias para restituirles en cinco años el 15% de coparticipación y la posibilidad de que la Anses recupere una parte con la venta de acciones de empresas privadas que integran su fondo de garantía (FGS), bloqueada por una ley cerrojo de la era K, ahora derogada. Además, excluye del blanqueo a funcionarios del Poder Ejecutivo (nacional, provincial y municipal); legisladores de las mismas jurisdicciones; personal de Fuerzas Armadas y Seguridad; del Poder Judicial, Legislativo y de Inteligencia (AFI), sus familiares directos y a condenados por delitos o procesados por estafa. Finalmente, crea una comisión bicameral para proponer una reforma impositiva a partir de 2018 y un consejo de sustentabilidad para monitorear y elaborar un nuevo régimen previsional a largo plazo.

Evidentemente, a la Casa Rosada le dio resultado agrupar todos estos componentes: la ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso en apenas un mes y con más votos de la oposición peronista de lo que podía presuponerse.

Sin embargo un análisis más refinado sugiere que, al vincular la “reparación histórica” con el blanqueo, Macri apunta a dos objetivos de corto plazo.

Por un lado, conseguir el voto de los jubilados que mejoren sus ingresos para las elecciones legislativas de octubre de 2017, cuando se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. En efecto, es muy probable que esos pagos se vuelquen progresivamente al consumo, en especial a lo largo del año próximo. Por otro, necesita el voto de confianza -o conveniencia- de quienes evadieron dólares, para inyectar una parte en el circuito económico formal a fin de reactivar la demanda en distintos sectores (construcción, inmobiliario, automotor, inversión en equipos), financiar al Tesoro a costo cero y fortalecer el mercado local de capitales. No en vano el Presidente afirmó días atrás que el blanqueo será la última oportunidad y que “se acabó la joda” con la evasión impositiva.

En el plano instrumental, el reconocimiento de la deuda previsional se concretará a través de un esquema de acuerdos judiciales y voluntarios (vía internet u operativos de adhesión) con la Anses. En los próximos cuatro meses se prevé el pago a los 400.000 jubilados que hace años les ganaron juicios al Estado y no cobraron. Luego, quienes ya tienen sentencias a favor podrán cobrar 50% en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales ajustables; quienes iniciaron juicios sin obtener sentencia, percibirán el retroactivo con un tope de 4 años (y un ajuste de haberes de 40% promedio si acuerdan con la Anses) y quienes no los hayan entablado tendrán un reajuste de 35% del haber mensual si no hacen juicio.

En cuanto al blanqueo, la nueva ley prevé varios incentivos para fomentar la adhesión. Por caso, exime del impuesto especial a quienes suscriban (hasta el 30 de septiembre) un bono en dólares a 3 años y cupón de 0%, intransferible y no negociable. Pero un “gancho” adicional será suscribir (hasta el 31 de diciembre) otro a 7 años, intransferible por 4 y con cupón de 1%, que permite blanquear tres veces el monto (probablemente con cupos). En ambos casos, el Tesoro podrá financiarse casi sin costo. Otra opción sin costo es suscribir cuota-partes de Fondos Comunes de Inversión, abiertos o cerrados, destinados proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, pymes, economías regionales o préstamos hipotecarios ajustables por unidades de vivienda (UVI). Por otro lado, el régimen libera a quienes adhieran de toda acción civil o penal por delitos tributarios, cambiarios o aduaneros, así como del pago de deudas impositivas de los últimos cinco años. Y si bien no obliga a repatriar los dólares que se declaren, quienes lo hagan deberán depositarlos en bancos por un plazo no menor a seis meses, salvo que adquieran inmuebles o bienes registrables.

El problema es que, desde el punto de vista fiscal, la nueva ley es una apuesta costosa. El gasto previsional, que es el rubro de mayor peso en el Presupuesto Nacional y ya era récord en 2015 con el 10% del PBI, se elevaría al 12% en 2017. Según estimaciones extraoficiales, los pagos a los jubilados y pensionados incluidos en la “reparación histórica” (la parte más alta de la pirámide previsional) equivaldrían a casi 10.000 millones de dólares. Como contrapartida, por cada 10.000 millones que sean blanqueados (ingresen o no al país), la recaudación fiscal por única vez sería de 800 millones, considerando un pago promedio de 8% del impuesto especial (que va de 5 a 10% en 2016 y se eleva a 15% en el primer trimestre de 2017). O sea que para cubrir el mayor gasto sólo con el blanqueo, sería necesaria una exteriorización de capitales doce veces más alta (U$S 120.000 millones), si bien el gasto o inversión de esos dólares incrementará la recaudación en los próximos años, al igual que la moratoria impositiva. Habrá que esperar algo más de un año para conocer el resultado final.

*Agencia AFP

Se prevé el pago a los 400 mil jubilados que ganaron juicios y no cobraron. Quienes ya tienen sentencias podrán cobrar 50% en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales.

Es una apuesta costosa: el gasto previsional, que es el rubro de mayor peso en el Presupuesto Nacional y ya era récord en 2015 con el 10% del PBI, se elevaría al 12% en 2017.