La gran retirada

Si a los autores intelectuales de la “campaña de miedo” kirchnerista les pareció verosímil que Mauricio Macri y sus simpatizantes aprovecharían un eventual triunfo en el balotaje para apropiarse de todo cuanto esté a su alcance en un esfuerzo frenético por hacer sufrir a la gente, será porque suponen que son tan patrimonialistas como cualquier militante del campo popular y nacional. Según se informa, al batirse en retirada luego de verse imprevistamente derrotados en las elecciones por las huestes de Cambiemos lideradas por María Eugenia Vidal, ciertos “barones” del conurbano bonaerense están llevando consigo no sólo lo que aún queda de dinero en las arcas municipales sino también mesas, sillas, computadoras, televisores y, por improbable que parezca, los juegos para niños y aparatos de entrenamiento físico para los mayores que en los años últimos se han instalado en las plazas provinciales; además, claro está, de nombrar vaya a saber cuántos miles de empleados nuevos y anunciar aumentos salariales sustanciales. Se trata de su propia versión del “plan bomba” atribuido a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para torpedear preventivamente la gestión de su sucesor y también una forma de rendir homenaje a la auténtica ideología oficial, el patrimonialismo, que se basa en el principio de que los recursos públicos pertenecen a los gobernantes. Puesto que ni Néstor Kirchner ni Cristina se dieron el trabajo de discriminar entre lo público y lo propio, es sin duda natural que quienes los han acompañado se hayan aferrado a la doctrina así supuesta que, de todos modos, coincide con sus propias ideas. Al fin y al cabo, se dicen, si todos los beneficios disfrutados por el pueblo en el transcurso de la década ganada más dos años del kirchnerismo se debieron a la generosidad de gobernantes magnánimos, éstos tendrán el pleno derecho a privarlo de ellos como castigo por haber votado en su contra, ya que los ingratos no merecen nada. Huelga decir que la conducta inescrupulosa de los “barones” del conurbano bonaerense y sus cómplices plantea al próximo gobierno, sea de Macri o de Daniel Scioli, un problema muy grave. Apoderarse de bienes públicos es un delito. A menos que esté dispuesto a convalidar el saqueo como un nuevo derecho popular, el heredero de Cristina tendrá que ordenar a la policía averiguar el destino de todos los artefactos robados con el propósito de no sólo recuperarlos sino también de asegurar que los responsables sean multados o, en los casos más indignantes, pasen años entre rejas. Sería de prever que en tal caso los ladrones se declararan víctimas de una campaña gorilesca de persecución política, pero no sería cuestión de poner en marcha una caza de brujas de inspiración ideológica sino de atrapar a los miembros de lo que en verdad son bandas de hampones. Aunque el gobierno actual nos ha acostumbrado a la idea de que los motivos reivindicados por delincuentes politizados importan mucho más que lo que efectivamente hacen, un gobierno realmente comprometido con el Estado de derecho previsto por la Constitución no tendría más alternativa que la de intentar obligar a todos, incluyendo a políticos rencorosos y sus dependientes, a acatar la ley. El espectáculo que están brindando personajes que, después de ir por todo como recomendaba la presidenta en una oportunidad, se han propuesto salir con todo, entraña una advertencia. La crisis nacional no es meramente económica, también es ética. El desprecio evidente por las normas de tantos integrantes de la clase política que, por codicia o por querer desquitarse por una derrota electoral, se han entregado a una campaña destructiva que hace recordar las de los ejércitos nazis y soviéticos, cuando no de las hordas medievales, es un sistema de decadencia que no podemos pasar por alto. Para impedir que el país se hunda en la anarquía, quienes asuman el poder el 10 de diciembre se verán constreñidos a actuar con más severidad contra los amigos de lo ajeno de lo que quisieran. No les sería demasiado difícil cerrar las divisiones ideológicas que tanto han dado que hablar en los años últimos, pero sí lo será poner fin a la propensión de políticos determinados a creerse por encima de las normas que son propias de una sociedad desarrollada y de actuar en consecuencia.