La habían suspendido, pero la prosecretaria renunció

La Cámara Federal apartó de su cargo a la empleada de la Secretaría Penal y envió las actuaciones a la Corte, porque tiene fueros gremiales. Horas después se concretó la dimisión.

La prosecretaria del Juzgado Federal de Roca involucrada en la causa por la presunta filtración de datos relacionados con una investigación por narcotráfico renunció ayer a su cargo.

La información fue confirmada por fuentes judiciales, quienes precisaron que la dimisión se concretó ante el propio juzgado donde se desempeñaba desde hacía tres décadas.

El expediente sería elevado hoy a la Cámara Federal, que funciona en el mismo edificio de España y San Martín y ejerce la superintendencia del organismo de primera instancia.

Allí deberán tomarse nuevas decisiones sobre la agente de la Secretaría Penal, porque el martes a última hora se había optado por suspenderla preventivamente de su cargo durante 30 días, mientras avanza el proceso penal iniciado por el Juzgado Federal 2 de Neuquén.

De todas maneras, ese apartamiento de la función no hubiese podido hacerse efectivo de inmediato porque la prosecretaria es representante del sindicato de empleados judiciales. Por lo tanto, desde la Cámara se decidió enviar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de que se analice el cese de sus fueros gremiales.

“Sabemos que presentó la renuncia, pero hasta el momento acá no hay nada oficializado y por eso el trámite sigue adelante. Si el Juzgado eleva el expediente seguramente deberán revisarse las decisiones tomadas en el caso”, explicaron desde la Cámara ante una consulta realizada por “Río Negro” pasadas las 13 de ayer.

Este medio también intentó mantener un diálogo con Susana Ricci, pero ésta dio por concluida la charla sin confirmar si había presentado o no la renuncia. “No voy a hacer declaraciones”, aseveró.

La oficina que ocupaba la prosecretaria administrativa de la Secretaría Penal, en la planta baja de los tribunales, continuaba ayer clausurada, decisión que tomó el juez Santiago Inchausti el fin de semana, luego de concretarse el operativo ordenado por su colega de Neuquén, Carolina Pandolfi.

La magistrada pidió obtener información de la computadora que usaba la empleada y requirió copias de los registros de ingreso y egreso de personal al juzgado. Al mismo tiempo dispuso el allanamiento del estudio jurídico donde se desempeña el abogado Juan Luis Vincenty, en inmediaciones de 9 de Julio y España.

Según se informó oficialmente el lunes, los procedimientos se realizaron en el marco de una causa caratulada “NN s/delito contra la Administración Pública”, que tuvo como elemento clave la interceptación de comunicaciones telefónicas.

Eso permitió conocer que la prosecretaria “proporcionaba información” al abogado de los sospechosos de integrar la organización de narcotraficantes que cayó entre el 23 y el 27 de septiembre en la región. En esos días se realizaron 17 allanamientos que culminaron con 14 detenidos y el secuestro de 173 kilos de marihuana y 21 kilos de cocaína, además de una suma de dinero en efectivo cercana al millón de pesos.

En ese megaoperativo no fue posible hallar a Héctor Isaac Montencino, señalado como el jefe de la banda, y lo que se investiga ahora es si su fuga fue facilitada por datos recibidos en los momentos previos a los allanamientos realizados en Cipolletti.

Desde el Juzgado Federal 2 de Neuquén se detalló que el Juzgado Federal de Roca “había sido anoticiado por oficio judicial cursado el 20 de julio de la existencia de la investigación, por haberse dispuesto que la autoridad de prevención realizara tareas de vigilancia en el domicilio del sospechoso, radicado en Cipolletti –ámbito jurisdiccional del Juzgado Federal de General Roca–”.

“Así, el 22 de septiembre de 2011 se dispuso la intervención de la línea telefónica del letrado, lográndose interceptar comunicaciones entre éste y la prosecretaria administrativa aludida, en las que a requerimiento del abogado ésta proporcionaba información sobre las comunicaciones recibidas en el marco del artículo 32 de la ley 23737 en relación a los allanamientos y órdenes de detención libradas”, se agregó.

(Redacción Central)

La jueza Pandolfi definiría en las próximas horas la citación a declarar de los involucrados en la causa.


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