La herencia económica para el próximo gobierno 26-4-03

El gobierno confía en un desarrollo normal de los comicios

Buenos Aires (ABA).- El actual gobierno deja abierta para la próxima gestión una serie de temas cruciales que deberán definirse en forma urgente y que van a generar un enorme desgaste político, ya que quedan sin definir la reforma del Banco Central, la deuda pública y el default, las compensaciones a los bancos, el problema de los amparos judiciales contra el corralón y el aumento de tarifas de servicios públicos. Por lo pronto, con relación al Banco Central, el subsecretario de Financiamiento Leonardo Madcur adelantó a «Río Negro» que la próxima semana el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto de ley de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que busca otorgar una mayor autarquía al manejo de la autoridad monetaria. Un funcionario del equipo económico admitió que este proyecto es uno de los compromisos que asumió la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo suscripto a principios de año. «Sin dudas que no va a ser fácil poder sancionar este proyecto antes del recambio de gobierno, pero el objetivo central era presentarlo justamente en esta fecha», puntualizó uno de los funcionarios que acompañan al ministro Roberto Lavagna en su gestión. El punto central de este proyecto es la mayor independencia que pretende otorgarle a la entidad monetaria y para eso se incluyó la decisión de otorgar un mayor resguardo que tendrán sus autoridades frente a eventuales situaciones jurídicas derivadas de casos críticos como la suspensión o el cierre de bancos. Asimismo, el Central tendrá, a través de esa norma, mayor autarquía para establecer los parámetros de la política monetaria y cambiaria. Al margen de este proyecto, el próximo gobierno se encontrará con temas económicos que requieren una definición urgente. Compensación bancaria: Aún no tiene debate parlamentario el proyecto de ley que ya envió Economía al Congreso sobre la compensación a los ban-cos por la indexación asimétrica y los amparos judiciales que han salido y continúan saliendo contra el corralito. «Este es un frente abierto que nosotros queríamos definirlo cuanto antes, pero indudablemente que en período de elecciones es difícil ir más allá de lo que realmente se puede», admitió otro de los funcionarios del Ministerio de Economía. Desde el sector financiero hay cada vez más preocupación con este tema y se considera que se redoblará la presión sobre Economía en el transcurso de los próximos días. Devolución de depósitos: Los canje I y II no fueron una solución. Tampoco lo es ahora la apertura gradual del corralón. La nueva administración deberá encontrar algún esquema viable para que los ahorristas puedan recuperar sus dólares y que además sean compensados aquellos que ya se adhirieron a las iniciativas que elaboró el actual gobierno y que implicó una caída en los ahorros por lo menos del 40%. Tarifas de servicios: Este es uno de los aspectos más complicados. El aumento quedó trabado desde hace cinco meses en la justicia y a medida que pasa el tiem-po podría tener un efecto retroactivo mucho más grave. Diversos analistas coinciden en que el aumento que quiso establecer el actual gobierno, del orden del 10%, ya quedó superado y que la próxima gestión debería establecer un incremento de servicios públicos bastante superior, lo cual implica un notable costo político y además un fuerte impacto inflacionario. Deuda pública: No hay por el momento negociaciones con los acreedores externos para bus-car un esquema que pueda regularizar a la Argentina frente a la cesación de pagos decretada en diciembre del 2001 sobre una deuda de 60.000 millones de dólares. El próximo gobierno se puede encontrar con una avalancha de juicios. Hace cuatro meses atrás a un grupo de acreedores alemanes se les terminó la paciencia e iniciaron acciones legales. Ahora se habla de una andanada de demandas contra la Argentina en Estados Unidos. El tema es sumamente grave, porque si el país no puede encontrar una solución se va a hacer muy comprometida la relación de la Argentina con los organismos internacionales y el comercio exterior. Deuda con proveedores: El actual gobierno postergó pagos por más de 5.500 millones de pesos. La próxima gestión deberá iniciar también el proceso de normalización de los pagos con los distintos proveedores del Estado. Recuperación salarial: En el término de los últimos 15 meses el salario real de los argentinos cayó en más de un 40%. La fórmula que logre ganar deberá to- mar medidas que fomenten una recuperación paulatina del suel- do de bolsillo. Retenciones a exportadores: La aplicación de retenciones no se podrá mantener mucho tiempo más, sobre todo porque cualquie-ra sea el candidato que gane se habla que el dólar se mantendrá fluctuando en la franja de los 2,80 y 3,00 pesos. Esto significa una fuerte baja en el tipo de cam-bio en el transcurso de este año, que sumado a las retenciones del 20%, promueven una fuerte caída de competitividad en las exportaciones.

El Congreso estaría dispuesto a acompañarlo BUENOS AIRES- Cuando el futuro presidente de la Nación asuma el 25 de mayo, encontrará una conformación del Congreso dispuesta a acompañar legislativamente los primeros meses de su mandato y garantizar la gobernabilidad. Sólo hay un escenario para que no se concrete esta proyección avalada por todos los senadores y diputados consultados por DyN: que las elecciones sean conflictivas, generen impugnaciones, resultados indefinidos o denuncias cruzadas. En este caso, el Congreso quedará en el centro de la disputa, ya que será la Asamblea Legislativa la que deberá resolver qué hacer si llega el 25 de mayo y la elección no está resuelta. El Congreso ya aprobó por ley la renuncia de Duhalde, con lo cual debe haber otro pronunciamiento de las cámaras legislativas o en caso contrario se deberá aplicar la ley de acefalía, que prevé la línea de sucesión presidencial con el titular del Senado en primer lugar y el de Diputados en segundo orden. En forma adicional, es la Asamblea Legislativa la que actúa como máximo órgano decisorio en materia de justicia electoral, con lo cual si hay inconvenientes en el recuento será el Congreso el encargado de determinar qué candidatos pasan al ballottage o quién es el ganador. Desde todas las bancadas coinciden en que la mejor hipóte-sis es aquella en la que las ventajas entre los dos que pasen al muy probable ballottage se distancien del resto, y que en la segunda vuelta el triunfo del vencedor sea incuestionable. Inclusive dentro del justicialismo, que junto con los comicios presidenciales definirá de hecho el liderazgo partidario, las posiciones son muy cautas y promisorias. El jefe de los senadores oficialistas, Miguel Angel Pichetto, está confiado en que «una vez que se dirima la elección, el que llegue a la presidencia va contar con todo el apoyo. El PJ se va a unificar». La misma visión compartió el presidente provisional del Senado, el duhaldista José Luis Gioja: «El peronismo tiene una tendencia hacia la unificación. Por eso respaldó a Duhalde y su gobierno. La Argentina ya sufrió el desastre de la Alianza y no puede darse el lujo de no garantizar la gobernabilidad». La principal espada de Adolfo Rodríguez Saá en la Cámara alta, Liliana Negre de Alonso, aseguró que «el que salga elegido por la voluntad popular tendrá el apoyo de todo el Congreso argentino. Su programa de gobierno, será el programa que nosotros con responsabilidad política acompañaremos». Desde la vereda de enfrente, el jefe de la bancada radical, Carlos Maestro, garantiza desde ahora que si la UCR pierde, «no va a hacer una oposición cerril» y que «va a jugar un rol muy importante porque va a tener el 25% del Congreso». El escenario es similar en Diputados, donde el presidente del cuerpo, Eduardo Camaño, promovió una serie de reunio-nes con legisladores de diversas corrientes del justicialismo para llegar a un compromiso de apoyo a quien resulte presidente electo. (DyN) San Luis: crece la polémica SAN LUIS- Dirigentes opositores de San Luis cuestionaron ayer duramente al gobier-no provincial, al sostener que tendría que suspender las elecciones a gobernador, y denunciaron que la justicia electoral habilitó hasta hoy a las 24 a los partidos políticos a oficializar sus boletas para el comicio que comienza ocho horas después. El intendente capitalino Carlos Ponce y el senador nacional Jorge Agúndez, confirmaron que sus agrupaciones no participarán de la elección de mañana y acusaron al gobierno de «desconocer la decisión de la Corte Suprema», dado que insisten con que en su fallo, el alto tribunal habría suspendido todos los comicios, incluido el de gobernador. Esta postura no es avalada por los funcionarios del gobierno provincial, que sostienen que la Corte sólo suspendió los comicios de intendente en la capital, los de legisladores y no afectó a los de comisionados municipales de otras ciudades, ni los de gobernador y vi-ce. Fuentes gubernamentales recordaron que fue ratificado con el decreto 1231 el llamado a elecciones para gobernador y admitieron que había reuniones de funcionarios para analizar este nuevo escenario. (DyN)

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