La hija del imputado planteó que hubo «una guerra»

NEUQUÉN (AN/ACE).- «Los grupos terroristas no constituían una población civil, étnica, racial o religiosa; no se puede hablar de genocidio, sólo la necedad puede negar la existencia de una guerra», replicó la abogada María Laura Olea en defensa de su padre, jefe del Batallón en 1976.

Al término de su extenso alegato de ayer, que insumió más de tres horas, y consultada por «Río Negro», la codefensora aseguró que dejaba la sala del Tribunal Oral Federal donde se realiza el debate oral con la sensación de que «he hecho todo lo posible para que se haga Justicia con mi padre, ahora depende de los jueces y de Dios».

La abogada introdujo ayer un elemento que durante los cuatro meses de audiencias no se había escuchado: aseguró que los militares no «atacaron a la población civil» como lo planteó el juez Guillermo Labate en el procesamiento y elevación a juicio (argumento reforzado por la fiscalía y las querellas en sus alegatos) de esta causa sino que hubo una guerra «iniciada por los grupos armados guerrilleros que querían instaurar la patria socialista».

El argumento busca derribar el marco de crímenes de «lesa humanidad» que tiene la causa, y por lo tanto la calificación de delitos «imprescriptibles».

Reafirmó que «el general Olea no tuvo participación en los hechos que se investigan» en el juicio, sin embargo, entendió que la instrucción tomó «parcialmente» los argumentos de la causa 13 (el juicio a los comandantes del Proceso) porque dijo que de ese fallo surgió que «hubo guerrilla».

«Memoria completa y no parcializada como la sostenida por los acusadores», reclamó.

Se quejó de la animosidad del público en contra de los imputados durante los 4 meses de audiencia y esbozó la hipótesis de que los organismos de Derechos Humanos y los que propiciaron el juicio buscan «condenar a cualquier precio», inclusive negando el de derecho a defensa y la presunción de inocencia que rige para todo proceso.

Planteó que Olea no debió llegar a este juicio porque ya fue absuelto en 1987, cuando la Corte Suprema de entonces convalidó la ley de Punto Final y Obediencia Debida.

Insistió en que los jueces estaban frente a una situación de «cosa juzgada», y que la acción penal estaba prescripta.