La historia de la concesión fallida del puerto

En 1991 fue inaugurado y la empresa Emprendimientos Bariloche se conformó para ese fin. Tuvo un contrato por 25 años pero en 1996 se redefinió y extendió a 40 años.




EN MANOS DEL MUNICIPIO

Emprendimientos Bariloche es una empresa conformada en los años 80 por distintos empresarios locales para participar de la licitación del puerto, que fue inaugurado en 1991. Durante varios años el presidente fue el empresario de la carne Daniel Arroyo, aunque en la actualidad ocupa ese cargo Pedro Sisa, con trayectoria en laboratorios fotográficos y representante de firmas de ese rubro.

En un primer momento el contrato de concesión que le otorgó el municipio fue por 25 años, con un exigente plan de obras y la garantía de que Parques Nacionales concentraría en San Carlos el movimiento de excursiones lacustres.

Pero salvo algunos años en los que hubo salidas diarias de un catamarán a isla Huemul, ese compromiso no se cumplió. Históricamente Emprendimientos invocó esa parálisis para retacear el pago del canon y suspender la continuidad de las obras, que nunca pasaron del edificio principal, las dársenas y una escollera insegura y mal señalizada.

En 1996, cuando el intendente era César Miguel, las partes acordaron una redefinición del contrato que extendió la concesión a cuarenta años, eximió algunas inversiones y eliminó la obligación de asegurar el funcionamiento del San Carlos como “puerto de cabecera”.

Es decir que desde entonces la explotación privada del puerto se transformó en un negocio “a riesgo”, según se encargaron de señalar los abogados municipales ante cada planteo de la empresa.

Los intendentes que precedieron aMaría Eugenia Martini también habían denunciado los incumplimientos de Emprendimientos Bariloche, pero ninguno avanzó con la rescisión.

En abril de 2010 el director de Obras por Contrato, Oscar de Paz, había señalado que además de la deuda por canon la empresa acumulaba una gran cantidad de multas por distintas infracciones. Calculó en aquel momento que si se sumaban todos los incumplimientos “con el contrato en la mano”, la acreencia del municipio con la concesionaria “no bajarían de los 40 millones de pesos”. Desde entonces pasaron cinco años.

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