“¿La historia se repite?”

A 16 meses de los asesinatos de junio del 2010 las preguntas son imposibles de evitar: ¿pasará como con los asesinatos de 1982, conocidos como el caso de la Tres de Mayo? ¿Nuevamente la represión policial quedará impune? ¿Basta con las denuncias efectuadas en ese momento en el Consejo de la Magistratura, la renuncia de un juez o una sanción menor al fiscal interviniente? Para quienes exigimos históricamente juicio y castigo en el marco del Estado de derecho no basta. Tampoco hay que olvidar la muerte de Tarifeño en Viedma, la de Garrido en la comisaría de El Bolsón ni las ocurridas en diversas comisarías de la provincia, así como tampoco las decenas de denuncias de apremios ilegales, en especial de jóvenes de sectores marginados, que van quedando en el camino por el lento caminar de la Justicia. Quienes actuamos en estos procesos sabemos que luchamos contra dos frentes: uno, el de la Justicia, y otro, el de un sector de la sociedad que prefiere guardar este tipo de investigaciones bajo la alfombra del olvido y de la impunidad con un cerrado y autoritario concepto de la seguridad que se reduce al falso dilema de delincuentes sí o delincuentes no. Por otra parte, existe otro sector social que apoya la investigación, en especial los familiares de las víctimas, a quienes es difícil explicar el lento camino hacia la verdad y la justicia. El sector político, tanto a nivel nacional como provincial, ha tenido manifestaciones aisladas de condena a los hechos sin acompañar seriamente los reclamos para profundizar la investigación. No han dudado esos sectores en reaccionar corporativamente en los daños y pintadas efectuados por las manifestaciones sociales ante la falta de justicia, impulsando de esa manera incluso el procesamiento o imputaciones penales a familiares de las víctimas de junio. ¿Quién en la reciente campaña electoral se ha expresado al respecto? ¿Quién ha expresado ideas claras sobre un tema tan complejo como la seguridad y su relación directa con la exclusión social? Muy pocos, por no decir ninguno. Las expectativas, por lo tanto, se reducen. Es preciso reiterar en este sentido nuestra postura de contar necesariamente con una Justicia independiente desde lo económico y lo político y de contar seriamente y en forma efectiva con una policía judicial independiente del poder de turno, así como con un sistema de elección de jueces en el que tenga importancia la participación popular, como ocurre con los otros poderes del Estado, y la puesta en marcha del constitucional juicio por jurados al menos en este tipo de delitos graves y de corrupción que siempre quedan en el olvido, porque no basta la condena en algunos casos ante los cuales es imposible hacer la vista gorda como el de Colombil, asesino de gatillo fácil del menor Bonefoi. No es casual que el asesinato del menor Bonefoi fuera hecho por personal policial estando aquel desarmado y de espaldas y recibiera un tiro en la nuca. Tampoco parece casual que la manifestación o protesta social de sus vecinos que motivó ese asesinato causara la muerte de otras dos personas, Carrasco y Cárdenas, con disparos también por la espalda estando ambos desarmados, a manos de la Policía. Es evidente la falta de respuesta política y legal ante la partida, ese 17 de junio, hacia El Bolsón de quienes al mediodía se encontraban en Bariloche, como el ministro de Gobierno Dr. Larreguy, el secretario de Seguridad y Justicia, el cuestionado Cufré; el jefe de la Policía provincial y el titular de la Regional Tercera ante una situación que realmente era compleja por la muerte del menor Bonefoi. Esa ausencia permitió la persecución casa por casa por parte de más de 100 policías que no dudaron en utilizar cartuchos con postas de plomo y solicitar los mismos incluso a una empresa de seguridad particular de Bariloche sin documentación alguna. ¿Qué respuesta se esperaba desde lo político? La renuncia del ministro de Gobierno, del secretario de Justicia y Seguridad y de la cúpula policial. ¿Cuál fue la respuesta? Todos siguen en sus cargos o han sido trasladados a otros destinos. Por otra parte, desde la Justicia ha sido imposible a la fecha lograr que los responsables políticos de los asesinatos –homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público por lo menos– prestaran declaración indagatoria. La Justicia –salvo en un primer momento con la intervención del Dr. Lozada, juez de Instrucción, apartado luego de la causa– sigue actuando lentamente, limitando incluso la participación de las víctimas en los actos procesales. No dejaremos de impulsar la causa política y judicialmente pero somos conscientes de que sólo la movilización popular y una Justicia comprometida con la defensa de los derechos humanos, en especial cuando éstos son violados por quienes tienen el monopolio de la fuerza –policía provincial–, permitirán llegar a una solución definitiva, todo ello complementado con una clara política de inclusión social y con la formación de una policía preparada para la prevención y no como guarda pretoriana de un sistema de marginación social. Nuestro agradecimiento al apoyo incondicional recibido por la Multisectorial contra la represión de Bariloche, así como por los organismos de derechos humanos, y en especial a los familiares de las víctimas, a quienes le debemos, toda la sociedad, una pronta y justa respuesta. Rubén Marigo Abogado APDH Bariloche Querellante en la causa Carrasco Cárdenas y en la causa Tres de Mayo