La historia versus el relato oficial

Si algo ha caracterizado a este gobierno es la facilidad con la que cambia el curso de los acontecimientos. Con el acuerdo de la “argentinización” de YPF ya en marcha, el entonces presidente Néstor Kirchner volvía a reescribir la historia. Desde el Salón Sur de la Casa Rosada, en un intento de doblegar el calor de ese enero del 2007, aseguraba en un pequeño acto ante los allí presentes: “Sabemos el genocidio que pasó nuestra industria petrolera, la increíble privatización. (…) Si YPF hubiera quedado en manos nuestras estaríamos recaudando entre 20 y 25 y hasta 30.000 millones de dólares por año”. A su lado, eufórico con el relato, Oscar Parrilli, secretario de la Presidencia, aplaudía convalidando los dichos de su patrón. Ninguno de los dos recordaba, al parecer, su participación en eso que el entonces presidente llamaba “genocidio”. El ex senador Rodolfo Terragno, en un editorial del diario “La Nación”, lo recuerda con precisión. A inicios de la década del 90 el presidente Carlos Menem quería sancionar la ley de privatización de YPF pero no tenía los votos necesarios en el Congreso. Néstor Kirchner fue el primer gobernador que se acercó a ofrecerle una solución. Él había asumido, el 21 de agosto de 1991, la presidencia de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que agrupaba a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz. Si la privatización era reclamada de modo unánime por la Ofephi –argumentó Kirchner– se vencerían muchas resistencias. Pero la solución tenía un precio: la Nación debía pagar –acuerdos extrajudiciales mediante– sumas multimillonarias que las provincias de la Ofephi reclamaban por regalías supuestamente “mal liquidadas”. Ya el 30 de agosto de 1991 Menem –junto con sus ministros Domingo Cavallo y José Luis Manzano– suscribió una curiosa “conciliación” con Santa Cruz. En ella la Nación “reconocía” una deuda de 480 millones de dólares con la provincia. Pero el “reconocimiento” quedaba impúdicamente sujeto a la sanción de la ley de privatización de YPF. Si no se aprobaba esa ley el reconocimiento –decía con todas las letras una cláusula del acuerdo– “quedará sin valor y efecto alguno y no podrá ser invocado como antecedente de ninguna especie”. Acto seguido, Kirchner ofreció una conferencia de prensa en la Casa Rosada. Desde allí pidió apoyo para la privatización de YPF e instó a que los disidentes dieran quórum. Al día siguiente, el diario “Clarín” publicó, con foto de Kirchner, la noticia: “Provincias petroleras hacen lobby por la aprobación”. El lobby no se limitó a la exhortación pública. Los diputados debieron sortear presiones y tentaciones. La tarea fue efectiva. Esa noche Diputados aprobó el proyecto de ley. Parrilli (entonces diputado nacional por Neuquén) fue el miembro informante. Durante el debate sostuvo: “No pedimos perdón por lo que estamos haciendo. (…) Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente (Menem)”. Un año después, en un libro titulado “Cuatro años en el Congreso de la Nación, 1989-1993”, Parrilli se jactó de haber impulsado la privatización: “Hoy YPF es la gran empresa petrolera privada nacional, que domina más de la mitad del mercado de los combustibles”. Ésta es la historia, no el relato.