La ideología en el debate sobre el papel del Estado



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Un tema sustancial constante del debate ideológico es el del Estado como actor en el proceso social. En Latinoamérica y en particular en la Argentina, este tema es todavía objeto de un debate anacrónico entre derechas e izquierdas. En el mundo avanzado éstas no muestran desacuerdos ideológicos profundos sobre esta cuestión, prevaleciendo una visión pragmática. Como reflexión previa, el mayor riesgo del Estado es que se constituya en un poder sin mediaciones o sin instancias de apelación, sólo menguadas por supuestos falsos tales como que el Estado es el depositario de la virtud o como que éste subsume en su esencia los intereses de ese engendro roussoniano, el de la voluntad general, también de reminiscencias hegelianas a las que nuestra presidenta es afecta, como ella misma lo ha confesado públicamente. Esto sería la regresión hacia la etapa anterior a la revolución de la libertad que nace, precisamente, con la propuesta de la distribución del poder del Estado. Cuando el poder se concentra en algún sector de la sociedad civil, el riesgo de la pérdida de libertad se cubre con los roles de un Estado que se constituye en árbitro y reaseguro de la libertad o de los eventuales daños a la sociedad. Pero cuando el poder se concentra en el Estado, el daño a la libertad se hace irreparable, sin reaseguros. Ésta es la razón que sustenta el principio de subsidiariedad del Estado. Los abusos o impericias de las empresas privadas que prestan servicios a la sociedad pueden ser previstos por el control del Estado y, si el Estado no es apto para esto, mucho menos lo será para hacerse cargo del servicio. Pero los abusos o errores del Estado en perjuicio de la sociedad sólo pueden corregirse con soluciones mucho más gravosas, o porque ellas afectan la estabilidad del régimen político o porque esos errores se perpetúan indefinidamente. Las experiencias socialistas de la Unión Soviética, China y Cuba eximen de toda teorización. Éstas han mostrado palmariamente que la gente huye de esas experiencias, que fracasan. Las sociedades siempre terminan eligiendo la libertad. Sin ir a esos extremos, nuestra propia experiencia argentina nos mostró el colapso de servicios indispensables como el de los teléfonos, el de la provisión de energía o el de las jubilaciones cuando estuvieron en manos del Estado. El Estado no puede ser el lugar donde se repliega el poder sino el instrumento para evitar que éste, el poder, se haga fuerte en desmedro de los derechos y libertades particulares. Hoy no se discute la necesidad de un Estado con poderes limitados mediante el equilibrio entre los tres poderes republicanos, cada uno con sus roles bien definidos, donde la Corte sea el abogado defensor de los derechos individuales contra los eventuales abusos de poder por parte del Ejecutivo. Y el Legislativo, a su vez el instrumento de la representatividad, la voz indirecta del pueblo, sobre todo la de las minorías. Pero es sobre todo la alternancia en turnos temporalmente limitados la que garantiza el control que los gobernados ejercen sobre sus gobernantes, cuya propensión creciente al abuso es humana, casi inevitable. La intención de eludir este instituto a través de reelecciones repetidas o perpetuas es la mejor señal de alarma para prevenir el despotismo. En nuestro orden constitucional son inadmisibles argumentos tales como que el pueblo tiene el derecho a elegir a alguien todas las veces que quiera o que, a través del nepotismo, se pueda burlar esta regla. La reelección de los Kirchner para un tercer período luce contraria al espíritu de nuestra Constitución. Los Estados no son entelequias celestiales donde se concentra necesariamente la virtud. Son grupos de hombres y como tales son falibles, con fuerte propensión a la corrupción, o por lo menos donde esa tentación está presente. Cada país tiene su propia experiencia con su Estado y las hay mejores y peores. Pero lo que constituye una regla de oro es que, cuanto más republicanos y liberales sean una sociedad y su gobierno, menos corrupto y más útil a la sociedad será su Estado y que, cuando menos lo sean, más peligroso resultará éste. La distribución del poder que resulta de los regímenes republicanos liberales es la mejor garantía para obtener y mantener climas de seguridad jurídica sustentables en el tiempo. Estos climas son, a su vez, el mejor incentivo para la inversión, la creación de empleo y el crecimiento, presupuestos básicos de una sociedad igualitaria en sus oportunidades y progresista en su visión. Una mejor y más equitativa distribución del ingreso no se obtendrá con decretos, ni con voluntarismo gubernamental, sino a través de la consolidación institucional de esos enunciados. (*) Ingeniero. Ex ministro de Economía del Chubut

PABLO M. LECLERCQ (*)


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