La Iglesia salió a rechazar la difusión del juego

En Buenos Aires y Córdoba quieren ampliar las concesiones. Obispos de ambas provincias temen por el impacto social. El negocio del azar tiene fuertes lazos con el gobierno nacional.

En medio de las denuncias cruzadas por el juego, el obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto, advirtió a legisladores bonaerenses respecto de la ley que busca aprobar el oficialismo en la provincia de Buenos Aires que procura crear nuevas salas de bingo y ampliar las máquinas tragamonedas.

En una carta enviada a los jefes de todos los bloques de la Cámara de Diputados bonaerense, Casaretto expresó la "preocupación de todos los obispos de la provincia sobre la difusión del juego". "Ha llegado a nosotros la información de que se estaría tratando en los próximos días una nueva ley (o modificación de la existente) sobre esta temática. Tratándose de determinaciones que tendrán enorme influencia en el ámbito ético de la población, le pido que no se avance en la sanción de leyes, sino después de amplias consultas sobre el contenido de las mismas", reclamó.

Además, agregó que -previo a la aprobación de la ley- desean ser consultados "sobre estas cuestiones de tanto peso en la dimensión moral de nuestra sociedad".

Para finalizar, reforzó el pedido a los jefes de bloque: "Estoy seguro que usted liderando un sector político de importancia, coincidirá en que una buena comunicación entre el pueblo y los representantes es lo que garantiza una democracia más plena".

El oficialismo bonaerense busca convertir en ley un proyecto que crea en ese distrito entre 8 y 10 nuevas salas de bingo e incrementa las máquinas tragamonedas en un 50%.

También desde Córdoba llegaron advertencias. La Pastoral Social de la Iglesia de esa provincia cuestionó ayer el proyecto oficial para subir en 80% los tragamonedas en esa provincia, decisión que fue defendida por el gobernador Juan Schiaretti.

La Pastoral advirtió que "cuando el juego de azar supera el límite de un entretenimiento familiar y amical, se convierte en un mal para la sociedad, y más aún cuando es organizado, promovido y explotado económicamente por particulares".

En ese sentido, agregó que "tampoco se lo puede justificar diciendo que el dinero que se recauda se invertirá en obras de bien: un axioma secular nos advierte que ´el fin no justifica los medios´", remarcó en el documento.

En tanto, en Río Cuarto, Schiaretti dijo que la instalación de 2.400 nuevas máquinas tragamonedas, que se suman a las 3.000 actuales, surge del reclamo de intendentes. "Hay un pedido de 15 intendentes, sobre todo en las ciudades turísticas, que ven las posibilidades de aumentar ese número en la temporada", sostuvo esta mañana a la emisora LV16.

La polémica por las máquinas tragamonedas se produce al mismo tiempo que el ex intendente de Córdoba, Luis Juez, ratificó que el empresario Cristóbal López al parecer le ofreció financiar sus campañas electorales a cambio de permitir la instalación de juegos de azar en la capital provincial. La denuncia tomó estado público el martes, luego de que Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica, ratificara una presentación judicial en ese sentido.

Ante la denuncia de la Coalición Cívica, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, cuestionó ayer a Carrió, quien lo señaló como intermediario en el negocio del juego, y acusó a la dirigente de "delinquir y mentir".

Juez pidió que un fiscal "por Dios me llame" para "contar con lujo de detalles" los encuentros que mantuvo con López en 2005, supuestamente coordinados por el entonces secretario Legal y Técnico presidencial.


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