La impericia del Estado

ANÁLISIS

El aumento de tarifas energéticas anunciado por el gobierno es el espejo del fracaso de un modelo. El agujero fiscal es tan grande que todavía las autoridades no alcanzan a trazar una dimensión del mismo. El ajuste comenzó en silencio al no actualizarse los mínimos que gravan Ganancias sobre los asalariados y Bienes Personales. Luego siguió con los incrementos en combustibles, tarifas aéreas y en los peajes de los accesos a la Capital Federal, bajo la excusa de realizar obras que hasta ahora brillan por su ausencia. Ahora le toca a la energía. La administración Kirchner sostuvo que el Estado se iba a hacer cargo de las obras que nunca realizó y el resultado no fue otro que un deterioro de la infraestructura vial, de transporte y energética, las tres áreas que estaban concesionadas al sector privado. Con el congelamiento de tarifas, las empresas concesionarias se convirtieron en meras administradoras cuyos recursos sólo alcanzaban a poner parches a una estructura que se deterioraba a pasos acelerados. Los accidentes en rutas son el resultado de la falta de inversiones en el sector vial, la tragedia de Once, un funesto resultado de la política oficial, al igual que los apagones y los cortes de gas reiterados en distintas épocas del año, para el sector energético. Los ajustes hoy anunciados encubren esa realidad. La falta de definición de las obras y la realización por parte del Estado implica la virtual intervención de las concesionarias, convirtiéndolas en meros agentes de recaudación. ¿A dónde apunta el ajuste tarifario? En primera instancia, a cancelar la deuda que tiene Cammesa con generadoras y transportistas y la que tienen las distribuidoras con la mayorista y las transportistas y esta última con las generadores. En segundo lugar, a acercar recursos al Tesoro porque sobre los aumentos se aplicarán las distintas alícuotas impositivas que gravan los suministros de luz y gas, tanto a nivel nacional, como provincial y las tasas municipales. En el caso de la electricidad, la presión fiscal global alcanza a casi el 45 por ciento y en el caso del gas, a casi el 25 por ciento. En definitiva, en un contrasentido con cualquier modelo de desarrollo económico, este esquema premia al que consume menos y el único sector que se beneficia con este ajuste es el Estado. (DyN)