La independencia de la Corte Suprema, a prueba

Tres causas que están actualmente al análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son consideradas clave para establecer qué grado de independencia respecto del gobierno nacional mostrará la nueva integración del Tribunal.

Una de ellas es el amparo que «Río Negro» presentó hace ya dos años contra la quita de publicidad oficial con la cual la administración neuquina que encabeza Jorge Sobisch (Movimiento Popular Neuquino) castigó al medio luego de que éste se hiciera eco de una denuncia por presunto intento de cohecho formulada por un legislador neuquino de la oposición.

Las otras dos causas que podrán dar indicios respecto del grado de independencia de la Corte Suprema son la referida a la actualización de las jubilaciones mayores a 1000 pesos y la iniciada por un ex funcionario de Santa Cruz a quien el presidente Néstor Kirchner desplazó –cuando era gobernador de esa provincia– eliminando el cargo que ocupaba.

El tema fue puesto sobre el tapete ayer por el matutino porteño «La Nación», en una nota firmada por Adrián Ventura, su periodista especializado en temas jurídicos

Ventura opinó que, en el contexto de una Corte recortada en su número y con temas tan importantes para resolver, «la demora del Poder Ejecutivo para completar el tribunal adquiere entonces una dimensión especial».

Recordó que en 1990, a instancias del entonces presidente Carlos Menem, el Congreso amplió de cinco a nueve los miembros de la Corte. Y que entre 2003 y 2004, la gestión de Néstor Kirchner logró sacar a cuatro de sus integrantes que habían sido designados por Carlos Menem, nombrando en su reemplazo a Raúl Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, quienes se sumaron a Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Augusto Belluscio y Antonio Boggiano.

Dos vacantes

La renuncia de Belluscio y la remoción de Boggiano abrieron dos vacantes, que el gobierno no se ha apurado en cubrir.

Ventura consignó que «en los primeros días de enero, el Gobierno dejó trascender que no efectuará esas designaciones, pero tampoco impulsará ningún proyecto de ley para reducir la composición. La mayoría necesaria para dictar sentencias continúa siendo de cinco ministros».

Añadió que «los expedientes sobre pesificación ya sufren ese impacto. En la Corte hay 40.000 ahorristas que reclaman sus plazos fijos y hay otros 1.700 particulares que discuten con las escribanías acerca de cuál es la moneda en que deben cancelar los préstamos. Petracchi se excusó de intervenir y Fayt mantiene su postura redolarizadora. Los cinco jueces restantes, si bien coinciden en términos generales en mantener el principio ya establecido de la pesificación, no se ponen de acuerdo en una única solución. Entonces, ¿por qué la Corte no nombra conjueces? Porque los jueces de cámara, conjueces naturales de la Corte, mayoritariamente son partidarios de redolarizar».

Es el presidente de la Corte, Petracchi, quien determina la oportunidad en que se debe dictar la sentencia de tal o cual expediente.

Y los tres expedientes clave siguen en la espera.

Tres causas de interés para el gobierno

Los tres casos testigos que pueden develar la incógnita de cuán independiente será esta Corte respecto de Kirchner son, según «La Nación»:

– «El caso Sosa: ya circula un recurso que presentó el ex fiscal general de Santa Cruz, Eduardo Sosa, para que se lo reponga en el cargo. Tres fallos de la Corte nacional ordenaron hacerlo, pero la Corte provincial se negó a cumplir esas sentencias y, como compensación, depositó una indemnización de 1,2 millones de pesos, que Sosa no quiere cobrar.

– «Jubilaciones mayores a 1000 pesos: si bien la Constitución garantiza la movilidad de las jubilaciones, los haberes siguen planchados y la Cámara Federal de Seguridad Social ya reconoció la actualización de los más elevados en casi 20.000 expedientes que están llegando a la Corte. El año último, el máximo tribunal, en el fallo Sánchez, decidió que la ley de convertibilidad no había derogado la movilidad, por lo cual dispuso actualizar los haberes por los períodos devengados entre 1991 y 1995. Todavía no se pronunció sobre los períodos posteriores a 1995 y sobre la actualización de las jubilaciones mayores que 1000 pesos, que el Gobierno no acepta elevar.

– «Publicidad oficial: en la Corte hay un expediente planteado por el diario 'Río Negro' contra el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, por ese asunto. El Presidente no siente especial simpatía hacia el mandatario provincial, pero él también fue reiteradamente denunciado por distribuir la publicidad en forma discrecional, sin sujeción a criterios objetivos».