La indiferencia como única respuesta política

La gran paradoja es que todos los ciudadanos contribuimos a pagar la importante comisión que cobra el banco agente financiero de la provincia por administrar el dinero de los rionegrinos. Todos, incluidos los habitantes de nuestra Región Sur y de los pueblos de nuestros valles Alto y Medio. Pero para miles de ellos, el servicio bancario es sólo una noticia lejana de las grandes ciudades de la provincia. Algunos desde hace años, otros desde siempre, esperan que esta situación de profunda iniquidad social alguna vez termine.

De acuerdo con la información brindada por el ingeniero Carlos Oliva en el marco de la acción de amparo colectivo iniciado por decenas de rionegrinos, la localidad de Fernández Oro cuenta con 166 empleados públicos, Cervantes 294, Contralmirante Cordero 121, Ingeniero Huergo 592, Chimpay 335, Maquinchao 281, Ramos Mexía 65, Sierra Colorada 94 y Comallo 106.

Esa información fue pedida ante la denuncia de los amparistas sobre la vulneración de los derechos constitucionales de los empleados públicos provinciales, quienes cautivos del sistema de «bancarización» impuesto en la provincia en vez de cobrar sus sueldos en su lugar de trabajo, como dice la legislación laboral vigente, están obligados a trasladarse a localidades donde existen sucursales bancarias. Esto implica generalmente cientos de kilómetros por camino de ripio (Ruta 23), muchas veces intransitable por su deficiente conser- vación o por inclemencias climáticas propias de la zona.

El perjuicio es cuantificable, no sólo por el gasto que deben afrontar con sus magros salarios sino por el daño provocado en sus vehículos cuando tienen la suerte de contar con ellos.

Es de destacar la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, que en ocasiones deben abordar colectivos, taxis o camiones para llegar a la sucursal más cercana, más la desprotección ante posibles robos que sufren maestros, policías, personal de salud pública y otros durante el recorrido hasta el lugar de cobro, sobre todo por el carácter de público y notorio del cronograma de pago provincial.

Esta situación se agrava cuando se trata del cobro de haberes de jubilados y pensionados.

Es habitual en zonas como el Valle Medio que los ciudadanos deban pagar taxis para recorrer decenas de kilómetros para realizar un trámite bancario o cobrar un sueldo y, cuando llegan a destino, los fondos no han sido depositados por lo que el esfuerzo resultó infructuoso. Por supuesto que, en estas situaciones, nadie se hace cargo de los costos del traslado.

En el artículo 3º del nuevo contrato firmado con el Banco Patagonia SA se ratifica la modalidad de «bancarización» de los fondos de la administración pública y de los trabajadores del Estado.

De esto se desprende que, en vastas regiones de la provincia, existe «bancarización de los salarios pero faltan «bancos» para poder cobrarlos.

La nómina de empleados públicos detallados por el titular de la Función Pública, sólo en las localidades mencionadas, es significativa sobre el número de familias de trabajadores públicos que han sido afectadas desde hace diez años, cuando Río Negro privatizó su banco provincial y, como consecuencia de ello, cerraron sus puertas alrededor de 13 sucursales y unos 500 trabajadores quedaron sin su fuente de trabajo.

Es de destacar que el recurso de amparo fue presentado el 1 de noviembre del 2006 y el Contrato de Servicios Financieros y Bancarios entre la provincia de Río Negro y Banco Patagonia SA se firmó el 14 de noviembre del mismo año, cuando sus firmantes ya habían sido notificados del reclamo de los ciudadanos amparistas. Sin embargo salvo excepciones decidieron desconocerlo.

Lamentablemente, de ningún punto del contrato suscripto se desprende que se le haya solicitado al banco que analice la posibilidad de abrir las sucursales y cajeros solicitadas antes de la firma del mismo, demostrándose así la falta de voluntad política para defender los intereses de los miles de rionegrinos perjudicados.

Por el contrario, queda evidenciada la voluntad por acción u omisión de defender claramente los intereses económicos de una entidad financiera que, en los últimos años, ha evidenciado un espectacular crecimiento económico en todo el país, como puede verificarse en su página web.

La semana próxima pasada recorrí nuestra Región Sur, con la finalidad de solicitar el apoyo de los intendentes al reclamo de los ciudadanos que firmaron el amparo para lograr justicia donde no la hay desde hace años.

Así tuve el honor de visitar el Concejo Municipal de Valcheta, al intendente de Ramos Mexía, el Concejo Municipal de Sierra Colorada, a la señora intendenta de Los Menucos, al intendente de Maquinchao y a muchos ciudadanos de la región.

En Comallo, una de las más afectadas por esta situación de iniquidad, es de destacar que su Concejo Municipal había ya emitido una declaración parlamentaria pidiendo urgentes soluciones a la falta del servicio bancario del agente financiero provincial. Su intendente también apoyó este pedido, pero quiero hacer un claro reconocimiento al joven maestro que tomó a su cargo la tarea de recorrer todos los rincones de su pueblo para que los vecinos tomen conciencia de la necesidad de ser escuchados. Me refiero a Walter Fernández, quien lamentablemente falleció antes de conocer el resultado de su lucha.

Debieron los funcionarios integrantes de la Comisión Evaluadora demostrar su solidaridad e intentar remediar la soledad a la que se ha condenado a los intendentes de la Región Sur, quienes generalmente deben retirar de la sucursal de Ingeniero Jacobacci o San Antonio Oeste importantes sumas de dinero para pagar sueldos u otros compromisos (a veces $ 50.000 ó $ 60.000) y trasladarlos sin ninguna seguridad por caminos solitarios, afectándose así la garantía de la autonomía económica que estipula para los municipios la Constitución de Río Negro.

Debieron pensar también en el perjuicio sufrido por los ciudadanos que transitamos por la Ruta Nacional 23 por razones de trabajo, sin poder realizar extracciones por cientos de kilómetros.

Por último, debieron recordar al turismo provincial, que también sufre un daño de consideración ante la falta de servicios bancarios adecuados en el llamado “corredor bioceánico”.

Debieron, como mínimo, establecer que la cantidad de cajeros comprometidos por el Banco Patagonia se distribuyan equitativamente. Y no como se da hoy, que en Río Negro hay cajeros hasta en los casinos y no existe siquiera uno en varias localidades de la Región Sur. Volviendo al Contrato de Servicios Financieros y Bancarios, en su artículo 2º se dispone: “El banco deberá prestar los servicios descriptos en el artículo 1º en todas las localidades donde conforme el pliego tenga sucursales, pudiendo acordar las partes, las formas y condiciones para proveer a la prestación de dichos servicios en las localidades donde no tenga sucursales…”.

La Dra. Robino, apoderada del Banco Patagonia SA, indicó en nota remitida al Superior Tribunal de Justicia que “si por ejemplo, tal comisión (la de Fiscalización de Servicios Bancarios) evaluase la necesidad de instalar un cajero en una localidad determinada y el Estado provincial decidiese solicitar a mi parte su instalación, de existir condiciones técnicas idóneas para ello mi parte no podría ofrecer reparos en incorporar el nuevo servicio de conformidad con los términos del contrato suscripto…”.

Se desprende de sus palabras que, si la Comisión de Fiscalización lo pidiera con los fundamentos ya expuestos, el Banco Patagonia incorporaría a las localidades mencionadas al servicio de cajeros automáticos sin ningún reparo.

En otras palabras, existe un reconocimiento de la pretensión de los amparistas por parte del mismo agente financiero, que deja abierta la posibilidad de cubrir el territorio provincial con sus servicios, si la provincia de Río Negro así se lo exigiese.

Pero a pesar de dicho reconocimiento, la respuesta de la Comisión de Fiscalización se limitó a la triste frase: “…en la oferta técnica realizada por el Banco Patagonia SA no se encuentra prevista la instalación de cajeros automáticos en Comallo, Fernández Oro, Contralmirante Cordero, Ramos Mexía y Sierra Colorada”.

Resulta llamativa la acotada respuesta del presidente de la Comisión –que también integran otros legisladores de distinto signo político–, sobre todo porque son ellos mismos quienes tienen la potestad de hacer cumplir el artículo 2º del contrato. En un lenguaje sencillo, quienes debieron defender los derechos de los ciudadanos rionegrinos se limitaron al clásico “no se puede, el contrato ya está firmado..”, lo mismo que decir: “Arréglense como puedan”.

Más grave es que no se olvidaron de indicar que los costos de instalación de posibles futuros cajeros deberán ser soportados por el erario provincial, desligando a la entidad financiera de todo posible gasto futuro que demande el cumplimiento de la eventual sentencia a favor de los derechos de los ciudadanos afectados.

Decía Evita: “Donde hay una necesidad hay un derecho”. Qué triste es saber que, de este claro mandato político, son muchos los que se han olvidado.

Surge a las claras que al momento de aprobar la oferta del actual agente financiero se hizo primar la defensa del “bolsillo” de la entidad financiera por sobre los intereses y necesidades de nuestros habitantes de la Región Sur, Valle Medio y Alto Valle.

Cuando la indiferencia al padecimiento se convierte en la única respuesta institucional de los representantes del pueblo, resulta lógico y comprensible que el abismo sea cada vez más profundo entre gran parte de la clase política y el resto de la sociedad. Y en esto, además de a nuestro pueblo, es a la democracia y a las instituciones republicanas a las que, en definitiva, seguimos lastimando.

MAGDALENA ODARDA (*)

(*) Legisladora provincial – ARI.

Especial para «Río Negro»