La indiferencia de los vecinos

El escándalo de RCTV en Venezuela comprende varias aristas. Desde la sorprendente movilización de estudiantes de universidades públicas y privadas en contra del cierre hasta la inesperada tibieza de la comunidad internacional, incluyendo la creciente estridencia de Hugo Chávez, hay mucha tela de donde cortar. Pero tres facetas dominan las demás: primero, lo que sucedió en los hechos con el canal de televisión; segundo, la reacción de varios sectores de la izquierda internacional y, en tercer lugar, la ausencia de reacción de los gobiernos de la región.

Lo que sucedió en Caracas es muy claro, y el exceso de explicaciones brindadas por el gobierno de Chávez disipa cualquier duda que pudiera subsistir. Efectivamente, un gobierno tiene el derecho de no renovar una concesión cuando ésta se vence, pero Chávez anunció desde diciembre que no iba a renovar la de RCTV por dos razones explícitas y una tácita: primero, la complicidad de la televisora con el golpe de Estado de abril del 2002; segundo, el carácter lamentable, antipatriótico y de vil basura según él de los contenidos de la empresa y, tercero y subliminalmente, su postura crítica ante el gobierno. Las dos primeras razones caen por su propio peso; queda en realidad la tercera.

Suponiendo que hubiera sido delito la complicidad con el golpe del 2002 y que el Código Penal venezolano castigara ese comportamiento, el gobierno debió haber denunciado el delito en el momento y no cinco años después, y no sólo contra uno de los cómplices sino contra todos, incluyendo empresas como Venevisión, que en ese momento fue tan adversaria de Chávez como RCTV. Sin embargo, la licencia de Venevisión fue renovada en fast track hace un mes. La segunda razón tampoco se sostiene: las demás televisoras venezolanas no son precisamente la BBC o ARTE, pero sólo RCTV fue sacada del aire. Chávez hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer: eliminar uno de los principales focos masivos de oposición a su socialismo del siglo XXI.

Para cualquiera que hubiera esperado que el paso del tiempo, el advenimiento de la democracia y la renovación generacional transformaran ipso facto a la izquierda latinoamericana, no puede ser más que decepcionante su postura frente al caso RCTV. Gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, todos aplaudieron la decisión de Chávez sin hablar, por supuesto, del régimen de La Habana. En México, el PRD, dentro de sus infinitas divisiones, o bien apoyó abiertamente el cierre de la televisora o bien aceptó las explicaciones chavistas. Fueron muy pocos los integrantes de la izquierda latinoamericana, en su acepción más amplia, que le han puesto el cascabel al gato: se trata de un caso de libertad de expresión y de censura autoritaria. El contenido de la expresión y el recurso a argucias legales arbitrarias no debieran convencer a militantes o intelectuales de izquierda que padecieron y combatieron esos mismos fenómenos en su propio país

durante tantos años. Lo único que falta es que retroactivamente la izquierda latinoamericana apruebe la censura y represión de la derecha de antaño… por haberse llevado a cabo de acuerdo con la letra de la ley. Lo más preocupante, sin embargo, es lo que esta postura significa para países donde esa izquierda gobierna o aspira a hacerlo. ¿Qué le espera a una oposición mediática masiva, en ocasiones irresponsable y a veces incluso incendiaria, sobre todo a la luz de la tibia y timorata reacción latinoamericana?

De un tiempo a esta parte, los países de la región habían fortalecido las instituciones regionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y creado nuevos instrumentos de resguardo de la democracia, de manera muy destacada la Carta Democrática Interamericana (CDI), firmada en Lima el 11 de setiembre de 2001. Cada vez más, los gobiernos de la región y la comunidad internacional en su conjunto han reconocido que las violaciones a los derechos humanos fundamentales son objeto de una normatividad internacional que rebasa el ámbito de la soberanía. El cierre de RCTV no es un asunto interno de Venezuela, o por lo menos eso parecían pensar los regímenes de la región hasta hace poco. Ya no.

En efecto, muchas voces se han alzado en los últimos días para lamentar la pasividad y el silencio latinoamericano al respecto. Publicaciones como «The Economist» y «The Financial Times», en Europa; el ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, en un artículo publicado en «The New York Times»; el periodista argentino-americano Andrés Oppenheimer y muchos más han criticado la indiferencia de la comunidad internacional y regional ante la acción de Chávez. Se ha citado justamente el primer párrafo del artículo cuatro de la CDI, firmada por Venezuela, contra la censura o el acotamiento de la libertad de expresión y señalado que la indiferencia de los vecinos regionales de Chávez sólo podrá alentar al propio Chávez y a sus correligionarios en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y algunos otros países a perseverar por este sendero.

Desgraciadamente, la principal censura a la censura provino de Estados Unidos, tanto en la Asamblea General de la OEA celebrada en Panamá como en los medios y otras instituciones. Ciertos grupos legislativos el Senado brasileño, la Cámara de Diputados en México manifestaron su desacuerdo con la decisión chavista pero, en su gran mayoría, los gobiernos de la región que debieron haberse expresado de manera clara y contundente no lo han hecho.

Dos casos se destacan por su importancia. El primero, por las dimensiones del país y por la trayectoria anti-autoritaria de sus gobernantes, es Brasil. La declaración de Lula recientemente en Alemania no puede más que desconcertar a cualquiera que lo haya admirado por su combate a la dictadura militar de su país desde los años ochenta: «El mismo Estado que da una concesión es un Estado que puede no dar una concesión». Partiendo de los enormes intereses económicos de Brasil en Venezuela y de la supuesta afinidad ideológica de la izquierda brasileña con el bolivarianismo chavista tal vez se explica, aunque no se justifica, esta insólita postura.

Pero la situación de México es quizá más incomprensible y lamentable, ya que en teoría un gobierno compuesto esencialmente por integrantes de un partido que fue víctima de este tipo de atropellos durante más de medio siglo debería ser el primero en denunciarlos en otras latitudes. Por desgracia, el gobierno de Felipe Calderón ha conservado un ensordecedor silencio frente a los acontecimientos en Caracas, buscando a toda costa evitar un nuevo enfrentamiento verbal con su homólogo venezolano. Es evidente que la actual restauración priísta en materia de política exterior puede más que la tradición democrática panista y que para Calderón el afán de deslindarse de su predecesor en la presidencia tiene prioridad sobre las convicciones democráticas. Es una lástima, porque si Brasil y México no dicen «esta boca es mía» nadie más lo hará y, si nadie lo hace, se abre el camino para que otros sigan el ejemplo de Chávez.

 

JORGE CASTAÑEDA (*)

El País Internacional

(*) Ex secretario de Relaciones Exteriores de México desde el 2000 al 2003 y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York.


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