La industria cinematográfica argentina recaudó $ 1.269,2 millones en el 2012

Entre los aproximadamente 300 largometrajes estrenados en el país en el 2012 hubo 130 argentinos, según el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). De los nacionales, apenas cinco o seis consiguieron concurrencias aceptables, siendo los más vistos “Dos más dos” y “Elefante blanco”. Entre los largometrajes locales que se conocieron en el último trienio, 20 fueron de animación (el más reciente “Metegol”, una coproducción de Argentina y España dirigida por Juan José Campanella, quien se inspiró en un cuento de Roberto Fontanarrosa).

La proporción nacional respecto de la “torta” total siguió disminuyendo. En el 2009, por influencia de “El secreto de sus ojos”, llegó al 15%; en el 2010 se redujo al 12%, en el 2011 al 9% y el año pasado, menos, aunque la recaudación –hasta el 12 de diciembre– ascendió a 1.260,2 millones de pesos –con una entrada promedio de 28 pesos–, la mejor marca de los últimos 25 años de acuerdo con la consultora Ultracine.

Casi todas las semanas se estrenan, en una o dos salas de la ciudad de Buenos Aires y/o del interior, filmes sin las condiciones mínimas exigibles y en muchas ocasiones ni siquiera son conocidos por los críticos.

Por tratarse de una actividad subvencionada por el Estado (como en casi todos los países del mundo, excepto Estados Unidos), surgieron recomendaciones de ciertos especialistas para que los créditos y subsidios oficiales se repartan entre menos destinatarios, o sea para que se filme menos pero con mayores valores de producción. Las películas en soporte digital todavía no obtuvieron respaldo oficial, pese a que en el futuro podrían sustituir al celuloide.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al dejar formalmente reinaugurado el porteño cine Gaumont-Espacio Incaa km 0, anunció el 16 de julio pasado la reglamentación de la ley 23316 de doblaje promulgada en 1986, que estableció el doblaje de las películas extranjeras en la Argentina, postergada por años y reclamada por las entidades que agrupan tanto a actores como a locutores.

Dicha ley, sancionada el 7 de mayo de 1986, estableció que el doblaje para la televisión de películas y/o tapes de corto o largo metraje, la presentación fraccionada de las mismas con fines de propaganda, la publicidad, la prensa y las series que se presenten en pantalla por dicho medio y en los porcentajes fijados deberá ser realizado en idioma castellano neutro, comprensible para todo el público de América hispanoparlante. La prescripción abarca las emisiones de los canales de televisión públicos y privados y sus repetidoras, así como las efectuadas por satélites o cables coaxiales o cualquier otro medio creado o por crearse.

Antes, la presidenta decidió, el 29 de agosto de 2012, la creación del Polo Cinematográfico y de Contenidos Audiovisuales en la isla Demarchi, frente a la que hace años iba a ser la Ciudad deportiva de Boca Juniors. El proyecto fue urdido por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría de Comunicación Pública. Mediante los decretos 1527 y 1528 del Poder Ejecutivo Nacional, conocidos entonces, la industria cinematográfica y los emprendimientos audiovisuales fueron declarados “actividades asimilables a la industrial”. Simultáneamente, se elevaron los subsidios asignados por el Incaa a las películas de 3,5 a 5,5 millones de pesos, como máximo. Para recibirlos es preciso inscribirse en un registro de productoras de contenidos audiovisuales y cinematográficos, que estará en la SCP.

Las productoras que reciban créditos deberán destinar, como contrapartida, entre el 5 y el 20% a “la producción de una nueva película o el reequipamiento industrial”. Se buscará integrar, por otra parte, a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del rubro.

Cristina Kirchner afirmó que “la Argentina es el cuarto exportador mundial de contenidos y formatos televisivos”, posición que en realidad alcanzó en el 2009 y el año pasado ya no ocupaba.

Para la construcción del polo se utilizará una superficie de 120.000 metros cuadrados perteneciente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ex-Onabe), que pasaría a formar parte del patrimonio de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). Constituirá una sociedad anónima en la cual retendrá el 99% de las acciones; en tanto, el 1% restante será de la Secretaría de Comunicación Pública. La nueva sociedad impulsará un concurso de ideas para las grandes empresas (“desarrolladores urbanos”, los llamó la presidenta, quien se animó a decir que “en 30 días” sería convocado). Los proyectos serán evaluados por la Anses, la Secretaría de Comunicación Pública, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y –si aceptara la invitación presidencial– el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta última aprobó, el 1 de septiembre de 2011, la ley 3876 del Régimen de promoción audiovisual de la ciudad, con facilidades impositivas para las ya cerca de 80 productoras del sector, canales de televisión y radios ubicados en los barrios porteños de Chacarita, Paternal, Colegiales, Palermo y Villa Ortúzar. Incluso se habló de que el gobierno de Mauricio Macri debería autorizar la cesión del predio en la isla Demarchi, donde estaba previsto un amplio espacio verde.

Los gobiernos nacional y porteño acordaron, en marzo pasado, adjudicar un mes más tarde la construcción a una de las tres firmas que todavía competían por la iniciativa.

En tanto, el Ministerio del Interior trataba con la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que sus afiliados abandonaran el lugar para iniciar las obras sin contratiempos. En ese ámbito funcionaban el astillero de reparaciones de Construcciones Portuarias y Vías Navegables, la Fundación Azul del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, en cuyo muelle atracaba el buque escuela multipropósito “Manuel Belgrano”; dragas y remolcadores y talleres de la Prefectura Naval Argentina y de la Armada. A su vez, en el Sindicato de Dragados y Balizamiento estaban por solicitar a la Justicia que frenara el proyecto, con el argumento de que en la isla se desempeñaban 700 trabajadores directos e indirectos.

La globalización acentuó la concentración de las exhibiciones en unas 800 salas –“tenemos más películas que pantallas”, declaró Liliana Mazure, presidenta del Incaa, quien anunció iniciativas vinculadas con el circuito de exhibición y la apertura de cines, sobre todo en multisalas pertenecientes a pocos dueños–. En ellas predominan las producciones de Estados Unidos (los “tanques” de Hollywood que suelen desembarcar en el segundo semestre de cada año), que relegan a las nacionales a circuitos alternativos (como las salas del Malba, Lugones, Cosmos, el recientemente reabierto complejo Arte Multiplex y los espacios Incaa) aunque merecieran reconocimientos en festivales internacionales.

No faltó quien citó al realizador francés Jean-Luc Godard (“Al final de la escapada”, “Vivir su vida” y “Pierrot, el loco”, entre tantas obras), convencido de que “los franceses inventaron el cine pero los americanos los cines (por las salas). Ése es el problema”…

El 2 noviembre de 2011 se conoció una propuesta elevada al Incaa por la Asociación Argentina de Directores Cinematográficos, Directores Argentinos Cinematográficos, Directores Independientes de Cine y Proyecto Cine Independiente. “En los últimos años hemos visto cómo el cine argentino quedó casi por completo fuera del circuito de exhibición –subrayaron los realizadores–. Nos encontramos ante una situación desconcertante en la que nuestras películas son dejadas de lado sin importar los premios en los festivales ni el reconocimiento internacional. Debemos vivir en la incertidumbre manteniéndonos dispuestos a cambiar la fecha de estreno y el número de copias que exhibiremos entre el lunes y el jueves de la crucial primera semana de exhibición o simplemente resignarnos a salidas ‘alternativas’, que nos alejan cada vez más del público. (…) Competimos cada vez en forma más desigual ante la tremenda desproporción de copias extranjeras, campañas de marketing, prensa y publicidad. Todo esto nos ha llevado a que nuestros productores hablen de fracaso mucho antes de que el público elija o no ver nuestro cine”. Por eso sugirieron al Incaa medidas que serían eficaces para comenzar a resolver los problemas.

Mazure explicó reiteradamente el Programa de concientización y servicio al exhibidor, que propicia el cumplimiento de la “cuota de pantalla”, o sea la cantidad mínima de películas argentinas que deben exhibirse en un período determinado en cada una de las salas inscriptas en el registro del Incaa. Por la resolución 2114/2011, el instituto estableció un canon a la copia extranjera, pero fue una medida considerada insuficiente.

Entonces se recordó, por ejemplo, que Brasil exige por ley que el 50% de las utilidades de las distribuidoras y exhibidoras extranjeras se reinvierta en sus producciones. Por otra parte, el Incaa y la Agencia Nacional de Cinematografía de Brasil integraron un fondo para coproducir que ya permitió ocho realizaciones o para proyectos admitidos en los regímenes de coproducción.

Pese a los anuncios oficiales que demoran en concretarse

Miguel Ángel Fuks – miguelangelfuks@yahoo.com.ar